L a denuncia que el PSPV de Xixona presentó en 2006 contra la alcaldesa y tres concejales del Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias acaba de vivir un nuevo capítulo. En enero de 2006, el equipo socialista informó a la Fiscalía Anticorrupción que la primera edil, la popular Rosa María Verdú, había contratado al apoderado de la promotora del PAI de El Espartal -el mayor en extensión de toda la provincia- para que trabajara en el Consistorio y emitiera el informe jurídico del plan urbanístico de Les Monges. Este hecho, según dijo entonces el portavoz del PSPV en el municipio, Ferrán Verdú, era «gravísimo» y conllevaba «incompatibilidades».

Pues bien, más de un año después, la juez que instruye el caso acaba de admitir a trámite la denuncia al entender que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», tal y como se explicita en la documentación a la que ha tenido acceso ese diario. La magistrada ha decidido también «que se incoen diligencias previas» al respecto y ya ha transmitido su decisión al equipo de gobierno del Ayuntamiento xixonenc.

Esa denuncia incluía además a los concejales Francisco Doménech, Victoriano Borreguero y el primer teniente de alcalde, Ramón Aznar. Los tres forman parte del equipo de gobierno -los dos primeros del PP y el tercero del PCIX- y participaron, salvo Aznar, en la Junta de Gobierno en la que se aprobó el convenio con la promotora de El Espartal para la gestión del suelo en esa zona y la tramitación del concierto previo del Plan General - otros dos puntos que también se recogen en la denuncia.

Las acusaciones contra Aznar se deben a que el 24 de enero de 2006 mantuvo una reunión junto al apoderado del PAI, Luis Ferrer, y la primera edil. En ese encuentro, según tuvo conocimiento el PSPV, se examinaron los expedientes personales del interventor, el secretario y el técnico de Administración General del Ayuntamiento. Aznar le argumentó al portavoz socialista que en esa reunión se estaban tratando «temas personales», y éste le respondió que «no es normal que una persona ajena al Consistorio tenga acceso a ese tipo de información personal».

«Votación indebida» Además, en el convenio con la promotora de El Espartal, la mercantil mostró su voluntad de ampliar el PAI de tres a siete millones de metros cuadrados y para ello resultaba necesario tramitar el concierto previo. El PSPV también denunció entonces que el edil Francisco Doménech votó a favor del convenio pese a que «por ley» se tendría que haber abstenido debido a que un sobrino suyo posee terrenos en la zona. La alcaldesa ha querido defender a su compañero de partido, aunque en un informe que remitió a la juez el 15 de diciembre de 2006, tuvo que reconocer que el edil «mantiene lazos familiares de tercer grado colateral con una de las representantes legales» de la mercantil Invemi, propietaria de cuatro parcelas en la zona. La ley ordena a los concejales abstenerse hasta las relaciones de cuarto grado.