«El Ayuntamiento no va a comprar los terrenos de la cementera porque Cemex quiere el dinero para salir corriendo». Así de tajante fue la concejal de Urbanismo de San Vicente del Raspeig, Mariló Jordá, quien se mostró totalmente en contra de que el Consistorio desembolse los 15 millones de euros que la empresa pide para la adquisición de los terrenos y de las edificaciones de la antigua fábrica. «El equipo de gobierno no tiene la intención de pedir un préstamo bancario para la adquisición de los terrenos», añadió la edil de Guanyar.

Así, parece que el destino de la cementera será el de desaparecer, puesto que Cemex ha solicitado la licencia de demolición al Ayuntamiento de San Vicente para el desmantelamiento de la que durante décadas fue el principal motor industrial del municipio. Si bien, la multinacional deberá respetar un total de seis edificios y construcciones que se encuentran dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un documento que fue elaborado por el Partido Popular en 2013. «Cemex tiene derecho a obtener la licencia siempre que respete las condiciones del Ayuntamiento», manifestó Jordá.

La concejal de Urbanismo también criticó la decisión del grupo popular de descartar en su momento la protección total de la parcela de más de 150.000 metros cuadrados y de las edificaciones, algo que, según ella, hubiera impedido que Cemex solicite ahora su desaparición. Y es que, sólo se encuentran protegidos los silos, el horno giratorio, las oficinas centrales, el laboratorio, el pabellón de trabajadores y la chimenea. «El PP tuvo en su mano catalogar toda la fábrica y cuando tuvieron la oportunidad no utilizaron su mayoría absoluta», argumentó la edil.

Sin embargo, la concejal de Guanyar no descarta emplear alguna fórmula urbanística para que el recinto de la antigua fábrica se utilice, en un futuro, para albergar empresas de tecnología avanzada, tal y como se especifica en el borrador del nuevo Plan General del municipio. «La demolición no afectará al PGOU, puesto que siguen habiendo elementos importantes del patrimonio que se tienen que conservar».

Así, Mariló Jordá explicó que la intención del tripartito de San Vicente es llevar a cabo un plan urbanístico convencional impulsado, o bien por el Ayuntamiento o bien por una empresa privada, manteniendo el uso industrial del suelo para establecer empresas de alta tecnología y para crear zonas verdes. «Los propietarios recibirían plusvalías», explicó la de Guanyar.

Por su parte, Antonio Carbonell, concejal del Partido Popular de San Vicente, pidió a Jordá «consenso y coherencia» para «no permitir que Cemex convierta la cementera en una ruina». «Hay grandes proyectos en la ciudad con los que no podemos hacer una guerra política y este es uno», añadió Carbonell. Así, el edil popular exigió al tripartito que invierta en la compra y en la conservación de todos los edificios industriales de la antigua fábrica y que negocie con Cemex la compra de los terrenos para instalar en el municipio un parque de la innovación.