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La Generalitat derribará la antigua residencia de tiempo libre de Sant Joan

El Ayuntamiento espera que el edificio desaparezca antes de final de año - El alcalde propondrá al Consell que ceda la parcela para ampliar el polideportivo

La Generalitat derribará la antigua residencia de tiempo libre de Sant Joan

La Generalitat Valenciana derribará el edificio de la antigua residencia de tiempo libre que se encuentra en ruinas en la finca de Sant Joan d´Alacant conocida anteriormente como residencia Eduardo Altet y donde en 2013 la UCAM intentó instalar la fallida sede de la Universidad Católica. Ahora, con el proceso de demolición iniciado, el Ayuntamiento espera la ejecución oficial del aval de 1,2 millones de euros que la concejalía de Hacienda requirió al gobierno valenciano.

El inmueble pertenece a la Consellería de Hacienda y Patrimonio, quien ha comunicado al Ayuntamiento santjoaner que da luz verde al proceso administrativo para derribar el edificio. Según precisaba el alcalde de la localidad, el socialista Jaime Albero, la intención del Ayuntamiento es disponer del solar situado junto al polideportivo "cuanto antes" para buscar un aprovechamiento de la parcela pero "sin la antigua residencia, que ya forma parte del pasado".

La solución definitiva para el edificio llega después de varios intentos fallidos durante años por parte del Ayuntamiento para tratar de dar salida a la ruinosa residencia convirtiéndola en un posible geriátrico o un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género, además de otros ámbitos distintos con la posibilidad de que la asumiera la Sociedad de Proyectos Temáticos. Pero todas fueron denegadas, principalmente, debido a que el coste de su rehabilitación era demasiado elevado para la administración autonómica.

Ahora, la previsión para su desaparición es que sea para finales de año, una vez se hayan superado todos los procedimientos, así como serán los propios técnicos de la Consellería los que establezcan el coste total del derribo y los plazos para licitar la demolición. El propio primer edil afirmaba que una vez trasladada esta situación a la Dirección General de patrimonio, se tomó la decisión del derribo de los inmuebles ante su "evidente ruina y el peligro que suponen para la población en general".

De hecho, se desconoce cual será el uso que se dará desde la Generalista a la parcela sin el antiguo edificio. "A partir de ahora se inicia el procedimiento de contratación de los servicios de derribo y gestión de los residuos resultantes para dejar diáfana la parcela para su futuro uso, que decidirá la Generalista Valenciana como dueña de la parcela", añadía el alcalde. Albero, por su parte, no descarta proponer a la Generalitat una ampliazión del polideportivo con la utilización de la parcela.

Un edificio sin uso desde 2006

El antiguo inmueble fue en su día una residencia de ocio y tiempo libre dependiente de la Generalista Valenciana y fue clausurada por esta en el año 2006, en tiempo de Francisco Campas (PP) como presidente del gobierno valenciano. Desde 2006 hasta 2013 la presencia de un vigilante jurado impidió el vandalismo en las mismas, tal y como cuenta fuentes municipales. Pero fue en 2013 el gobierno municipal de Sant Joan d'Alacant entonces gobernado por el popular Manuel Aracil quien activo un proyecto fallido para que la Universidad católica de Murcia instalara en tierras de la localidad su campus.

Una vez se descartó el fallido proyecto de la UCAM por la propia exconsellera de Educación, María José Catalá (PP), en 2015, el nuevo gobierno municipal comenzó el proceso de devolución del aval de 1.185.000 € que había suscrito el Ayuntamiento con la Generalitat Valenciana por la compraventa del inmueble y cuyos intereses por incumplimiento del acuerdo, que ascienden a 14.000 euros anuales, han sido asumidos por el propio Ayuntamiento hasta el pasado mes de marzo.

El alcalde Jaime Albero afirmaba que "tras largas negociaciones con la Generalitat, no fue hasta mayo de 2018 cuando esta perdonó más de 1.000.000 al Ayuntamiento de Sant Joan, mientras tanto, los santjoaners hemos pagado intereses bancarios sobre los 1000€ al mes". Albero confirmaba, además, que en marzo se cancelaron dichos intereses. Mientras que el edil de Hacienda, Santiago Román, apuntaba que sin el requerimiento notarial que se le a la Conselleria desde Hacienda para que actuara de una vez, este procedimiento habría seguido alargándose con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento.

No obstante, añadía Román, cabe recordar que "es aún la Conselleria quien debe requerir a la entidad financiera correspondiente los 102.000 € como incautación parcial del aval", además de que el paso definitivo será que "el Ayuntamiento solicite la liberación completa del resto del aval".

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