Los últimos alcaldes de El Campello pasaron ayer por los juzgados para declarar sobre una supuesta prevaricación administrativa por el fraccionamiento de contratos para el mantenimiento de una pequeña depuradora de la zona norte y de la fuente del Centenari. La denuncia presentada por EU hace un año ha llevado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante a abrir una investigación, y ayer el popular Juanjo Berenguer, actual primer edil y alcalde entre 2011 y 2015, y Benjamí Soler (Compromís), que ocupó el cargo entre 2015 y 2019, declararon ante el magistrado, que durante cerca de cuatro horas les estuvo interrogando por separado.
Berenguer y Soler justificaron ante el magistrado los pagos realizados, según fuentes cercanas al caso, aunque ayer ambos políticos rechazaron realizar cualquier tipo de declaración a este medio sobre su intervención en sede judicial. Los dos estaban citados a las 11.30 horas y llegaron al mismo tiempo, media hora antes, al Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante. Sobre las 11.45 entró a declarar Berenguer, que estuvo algo más de dos horas, y después Soler, que terminó hora y media después, a las 15.45 horas.
El magistrado, tras estudiar la denuncia de EU, abrió diligencias previas y solicitó al Ayuntamiento a principios de año información sobre la depuradora. Investiga el pago irregular de 340.000 euros para mantenerla durante diez años. Se trata de la estación del edificio Cala Mercé, en la zona norte de El Campello, y las pesquisas abarcan desde 2009, aunque solo han sido citados los alcaldes entre 2011 y 2019, ya que el anterior, Juan Ramón Varó (PP), falleció en 2018.
El juzgado pidió en febrero «los expedientes administrativos que obren en su poder de contratación de servicio de mantenimiento, explotación y depuración del edificio Cala Mercé de los años 2009 a 2018», dentro de las diligencias abiertas por una presunta prevaricación administrativa. Además, la denuncia también incluía el mantenimiento de la fuente del Centenari, en el Parque Central, que también es objeto de investigación y por la que preguntó ayer el magistrado, según las mismas fuentes. En su denuncia EU alertaba de que «se han estado abonando más de 120.000 euros anuales con reparos por su dudosa legalidad» y podía haber un presunto fraccionamiento de contratos.
Niegan ilegalidades
Cuando este medio publicó en febrero la investigación del juzgado, Berenguer y Soler negaron a INFORMACIÓN cualquier ilegalidad, aunque ahora, al estar dentro de un proceso legal, han declinado cualquier tipo de declaración. Los dos en su día recordaron que se trata de una depuradora cuyo mantenimiento es competencia de la Generalitat, y que se ha tratado sin éxito de que fuera la administración autonómica la que asumiera los costes. Pero esta lo ha rechazado en varias ocasiones, la última alegando el próximo inicio de las obras para conectar la zona norte con la depuradora de Sant Joan, lo que permitirá dejar fuera de servicio esa depuradora, que pasará a convertirse en una estación de bombeo. Y también defendieron que los pagos se han apoyado en informes positivos y se abonaban a la empresa que designaba la Generalitat.
La denuncia de EU advertía sobre la depuradora de que «los tres últimos alcaldes han mantenido a dedo pagos a una misma empresa durante 11 años, a pesar de ser informados reiteradamente por parte de Intervención, Secretaría y Contratación de una posible ilegalidad, motivando la existencia de fraccionamiento de contrato, vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato y ausencia de procedimiento legal de contratación. Han advertido de los posibles efectos que podría conllevar la ilegalidad, por un supuesto de responsabilidad administrativa de autoridades, responsabilidad penal de autoridades y responsabilidad contable de autoridades».
Ahora el magistrado debe decidir si sigue con las pesquisas o bien archiva el caso.
