La exconcejala de Urbanismo del Partido del Campello (PDC), la marca blanca de Podemos, Mari Carmen de Lamo, ha declarado hoy ante el juez en calidad de investigada, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. Esta diligencia se realiza a raíz de la investigación abierta por la denuncia de EU por unos supuestos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas para los funcionarios por parte de la ya exconcejal. El magistrado investiga si maniobró para modificar un informe de alegaciones al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), para evitar que se protegiera como suelo no urbanizable protegido la finca de su suegro, ubicada en el entorno del río Seco.

Además de Lamo, que no ha querido realizar declaraciones al respecto, también han declarado ante el juez, en calidad de testigos, el concejal de EU de El Campello, Pedro Mario Pardo, que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, así como tres técnicos municipales del área de Urbanismo que participaron en el proceso de elaboración de informes y alegaciones.

Pardo ha declarado durante media hora, reafirmándose en su denuncia, y posteriormente ha explicado a este medio que "estas cosas pese a que no son agradables, pero hay que hacerlas cuando se tiene alguna duda sobre si se han cometido posibles delitos y por el interés general del municipio. Cuando ves una irregularidad, hay que denunciarla, y es lo que he hecho. Ahora el tema está en manos de la Justicia". Y ha recordado que la fiscalización del gobierno municipal, desde la oposición, "es una obligación inherente al cargo, para garantizar la defensa de los intereses de la ciudadanía".

De la declaraciones de los técnicos y de la exedil no ha trascendido nada de su contenido.

EU considera que de Lamo supuestamente facilitó que una parcela de su familia no fuera protegida por el plan Pativel que impulsa la Generalitat para blindar el litoral de la Comunidad. Sostiene que la edil presuntamente maniobró para «ocultar» un informe contrario y cambiar las competencias al técnico responsable, que había dictaminado a favor de las afecciones del Pativel, por otro que proponía «salvar» la zona del río Seco, donde se ubica esta parcela. E impulsó las alegaciones del Ayuntamiento para levantar la afección sobre la zona donde estaban los terrenos, manteniéndolos como urbanizables.

En cambio, en su día De Lamo negó las acusaciones, rechazó cualquier tipo de ilegalidad y recordó que todos los acuerdos referentes a ese caso los firmó el entonces alcalde Benjamí Soler (Compromís), y no ella.