El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig anima a realizar aportaciones y alegaciones al reglamento que regulará el uso de las viviendas sociales compradas por el consistorio. Un documento regulatorios que se iba a aprobar en el pleno del pasado 24 de marzo y que finalmente no se celebró a causa de la crisis por el coronavirus.

Y hoy miércoles, que tiene lugar un pleno extraordinario y urgente, no ha podido llevarse a aprobación porque los asuntos tienen que tener relación con el coronavirus, según explican desde el consistorio.

El consistorio señala que a pesar de que no se puede realizar la aprobación inicial el proceso continúa. "El Ayuntamiento de San Vicente ha decidido seguir trabajando e intentar adelantar los plazos para que, cuando todo vuelva a la normalidad, sea lo más breve posible su aprobación".

Explican que el texto definitivo, incluidas las aportaciones, se llevaría a aprobación al pleno. El procedimiento también incluye su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y al no tener ya alegaciones a los 30 días hábiles entraría en vigor "acortando considerablemente los plazos", advierten.

El área de servicios sociales abrió el pasado 23 de marzo el plazo de presentación de alegaciones y explican que hasta la fecha no se ha recibido ninguna alegación. Dicho plazo finaliza el próximo viernes día 17 de abril.

“Con esta actuación buscamos el mayor consenso entre todos los actores para que el texto de la ordenanza se ajuste lo máximo posible a la realidad de nuestra sociedad. Al no celebrarse el pleno ordinario de marzo, encontramos esta vía para que la ordenanza, que es una prioridad de este equipo de gobierno, sea aprobada en el pleno ordinario de este mes de abril con el mayor consenso posible”, ha explicado la concejal de Viviendas Sociales, Isabel Candela.

La concejala añade que recientemente se ha llevado a cabo un proceso de adecuación y reforma de las viviendas sociales, con reparaciones "de los pequeños desperfectos que existían en algunas y también se las ha provisto de todo el mobiliario necesario que ha de tener un hogar".

Candela advierte que “en la situación actual, si hubiera un caso de extrema urgencia de alguna familia, aunque la ordenanza no esté aprobada, podrían cederse alguna de estas viviendas mediante decreto”.

Y la edil respondía a la crítica presentada ayer por el grupo municipal Ciudadanos, que reprochaba que no estén todavía en funcionamiento estas viviendas en un momento de alarma, así como que la junta de gobierno del 3 de marzo haya aprobado dos años después de la compra de las casas, un contrato de algo más de 3.000 euros para hacer reparaciones.

“Agradecemos la buena disposición que ha tenido Ciudadanos desde el principio con este tema, pero hemos de aclarar que las Viviendas Sociales no está catalogadas como una de las excepciones del estado de alarma ya que el Estado y la Generalitat Valenciana han dado potestad a este Ayuntamiento para adoptar otras medidas en casos de emergencia habitacional, tal y como se está haciendo. Además cabe recordar que durante el estado de alarma no pueden haber desahucios ni hipotecarios ni por alquiler”, concluye.