Un verdadero foco de drogadicción y okupas. En eso se ha convertido un reconocido edificio abandonado ubicado en una de las entradas al municipio de Sant Joan d'Alacant. La antigua residencia de tiempo libre lleva años sin uso, en estado ruinoso y habitada por personas sin hogar. Se ha instaurado en el municipio la imagen de este lugar como una zona transitada por gente que acude al recinto a consumir droga y que permanece dentro del inmueble, con el riesgo que esto conlleva.

Tanto vecinos como partidos políticos del Ayuntamiento reclaman al alcalde, Jaime Albero (PSOE), que acelere los procedimientos para que la Generalitat se encargue de derribar el edificio, ya que está en suelo de propiedad autonómica. En abril de 2019, Albero afirmó que sería la propia Generalitat la encargada de tirar abajo el edificio al ser propietaria de la parcela. El Ayuntamiento consiguió devolver la tutela de la misma después del proyecto fallido de la Universidad Católica de Murcia y propuso soluciones para el futuro del edificio, pero la administración autonómica decidió finalmente que se derribara. El inmueble pertenece a la Conselleria de Hacienda y Patrimonio, quien comunicó a la administración santjoanera el año pasado que daba luz verde al proceso administrativo para echar abajo el edificio. Según precisaba el alcalde, la intención del Ayuntamiento era disponer del solar situado junto al polideportivo para buscar un aprovechamiento de la parcela y ampliar las instalaciones deportivas, pero a día de hoy, no hay previsto ningún proyecto para la zona después de su derribo.

El Ayuntamiento, respecto al abandono del inmueble, reconoce que existe un problema de seguridad, tanto para las personas que habitan en su interior como en los alrededores. La valla del perímetro está rota por varios accesos y se pueden apreciar restos de escombros en las calles adyacentes. Además, la residencia está ubicada junto al polideportivo municipal, donde centenares de niños y niñas acuden todos los días a practicar deporte acompañados de sus familias. En una ocasión, la Policía Local tuvo que desalojar a un grupo de jóvenes que se colaron en lo alto del edificio para ver un partido de fútbol.

Por esas circustancias, que se suman al problema de los okupas y aquellos que acuden a traficar y consumir droga, residentes y partidos políticos han pedido celeridad a Albero para que la Generalitat cumpla con su promesa y derribe el inmueble. Hay vecinos que han expuesto sus quejas por redes sociales mientras el Partido Popular ha registrado varias preguntas en plenos municipales al respecto. «Es un lugar peligroso», precisan los populares, que también piden explicaciones al PSOE sobre por qué no se ha hecho nada aún. Incluso el socio del PSOE en el equipo de gobierno, Ciudadanos, también ha hecho alguna publicación este año sobre la necesidad «urgente» de derribar la residencia e instando a la Generalitat a cumplir su palabra. Albero afirma que los procesos para derribar la antigua residencia están «casi finalizados». Ya hay sobre la mesa una propuesta de adjudicación tras el proceso de licitación. «Hemos pedido que presenten toda la documentación, por lo que en cuanto el órgano de contratación compruebe que todo está en orden, iniciarán el proceso de derribo», añade el primer edil socialista. El alcalde celebra que el proceso acabe y advierte que se ha ido «lo más rápido posible».