Cinco años después de que la Generalitat vendiera el 51% de las acciones de la planta de residuos de Xixona para hacer caja por 5,2 millones de euros, el Consorcio de Basuras prevé su enajenación... y estima el coste total en casi 18 millones. Una operación obligatoria para sacar adelante el Proyecto de Gestión, herramienta fundamental para detallar el funcionamiento del complejo, y poder adjudicar su explotación en concurso público a una empresa... pero que demuestra que la venta realizada por el Consell cuando estaba en manos del PP no pudo ser más nefasta.

La expropiación de las instalaciones, que dan servicio a 37 municipios de l'Alacantí, l'Alcoià, El Comtat, y la Foia de Castalla, viene reflejada en el Proyecto de Gestión que el Consorcio Terra del Plan Zonal 7-A2 tiene en exposición pública, y ante el que Ecologistas en Acción va a presentar mañana alegaciones. Tanto por pagar 18 millones por una instalación que se levantó con ayudas europeas como por las deficiencias que alerta presenta un documento clave para la gestión de la planta, y del que ha carecido desde su apertura en 2003.

El Proyecto de Expropiación de Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA, propiedad de Cespa-Ferrovial, no se encuentra expuesto al público, aunque es citado en repetidas ocasiones en el Estudio Económico del Proyecto de Gestión, y se desgranan algunas de sus cifras.

Por una parte se valora en 8.554.790,82 euros los terrenos, la obra civil y equipamientos fijos y móviles de la planta, y en 1.405.650,67 euros por los mismos conceptos en el vertedero. Total 9,9 millones, aunque Ecologistas advierte de errores en estas cifras, ya que en otra parte de la documentación reflejan otras: 8.004.970,33 euros por la planta y 1.960.198,52 euros por el vertedero, sin que apenas varíe el total. Pero en otra parte se recoge otra cifra, sensiblemente inferior: de 7.989.610,29 euros, 2 millones menos. Y una de las cosas que llama la atención a los ecologistas es que se prevé el abono de un lucro cesante, es decir una indemnización por las ganancias legítimas que dejará de percibir el contratante, por 7.826.059,39 euros

Respecto a la expropiación en sí, los conservacionistas consideran excesiva la valoración, ya que toman como referencia la venta que realizó la Generalitat mediante subasta (a la que solo se presentó Cespa-Ferrovial) en 2015 del 51% de las acciones, en poder de la empresa pública Vaersa, por 5.223.754,36 euros. «Eso significa que la valoración del 100% de los activos de la empresa fue en 2015 de 10.242.655,61 euros. Habría que calcular la depreciación de sus activos (instalaciones y equipamientos) desde 2015 hasta 2020. En nuestra opinión una de las valoraciones de esos activos del Proyecto de Gestión (9.965168,85 euros) es demasiado alta, pues es muy próxima al valor de mercado en 2015 y ya han pasado 5 años desde entonces. Suponiendo una depreciación anual del 6% para equipamientos y del 3,4% para la obra civil, el valor real en 2020 sería alrededor de 7.750.000 euros, más cercana a la segunda valoración del Proyecto de Gestión que a la primera». A pesar de esto, habría que tener en cuenta que la empresa ha realizado inversiones por varios millones de euros en los últimos años para tratar de frenar el enterramiento masivo de residuos y los malos olores que sigue generando.

Y además Ecologistas en Acción apunta que para la construcción de las instalaciones la Unión Europea aportó en ayudas más de 8 de los 10.7 millones, lo que también se tendría que tener en cuenta.

Derecho inexistente

Respecto al lucro cesante, advierte que sería completamente inexistente si Cespa es finalmente la nueva adjudicataria de la concesión que se realizará para la explotación de las instalaciones por 20 años, por carecer de objeto. «E incluso se podría rebatir la existencia de ese supuesto lucro cesante en el caso de que Cespa no fuese la futura concesionaria, pues el actual contrato (...) no es indefinido sino que debería finalizar en una fecha dada, según se establece en sus cláusulas».

Además de estas cuestiones, alerta de otras irregularidades como el incumplimiento de normativas de la Comunidad y de la UE, deficiencias en los objetivos, errores, así como que no se haya expuesto al público el Proyecto de Expropiación y sus informes jurídicos.

Por unanimidad

Por su parte la alcaldesa de Xixona y presidenta del Consorcio, Isabel López, señaló que se reunió hace unos días con Ecologistas en Acción para aclararles dudas y recordó que el Proyecto de Gestión ha sido aprobado por unanimidad por ayuntamientos e instituciones de diferente color político, y con todos los informes técnicos favorables. Y destacó que «queremos arreglar el problema de los residuos y para ello tenemos tener el control total de lo que se hace en la planta. Por eso hemos tomado la decisión drástica de expropiar. Y para ello se tiene en cuenta la realidad actual. Yo también lo critico, pero hay que ser realista y consecuente. Lo que es evidente que fue un tremendo error la privatización de 2015. Ahora es una instalación privada y la única forma de tener el control es expropiarla, para poder hacer frente al reto de unos vertederos colmatados y para reciclar más». Y agregó que el plazo de alegaciones, que acababa el martes, se amplía un mes y que toda propuesta de mejora se estudiará.