Paso de 'gigante' para la demolición de la antigua residencia de tiempo libre de Sant Joan d'Alacant. La conselleria de Hacienda ha adjudicado la demolición del inmueble Eduardo Alted, cuyas instalaciones comenzaban a suponer un problema de seguridad y salubridad por el estado ruinoso que presentaba todo el recinto. La adjudicación ha sido otorgada a la empresa BECSA por un importe de 382.059 euros. Los trabajos darán comienzo con la redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud, para posteriormente poder proceder a la demolición de los edificios y elementos construidos del inmueble.
El proyecto en su conjunto contempla, además de las actuaciones de derribo, también labores de limpieza y desbroce, vaciado, y vallado. Tal y como ha confirmado la Generalitat, se derribarán todos los edificios, estructuras de cubrimiento, casetas de instalaciones, entre otros. Además, se incluirá la eliminación de elementos que contengan amianto como tuberías, depósitos o elementos de cubrición. La intención del gobierno autonómico es limpiar por completo el solar mediante la retirada de todo el mobiliario y enseres que existan en las edificaciones y se procederá al vallado completo de la parcela. En cuanto a los plazos previstos en el contrato, se ha establecido un máximo de tres meses para la entrega del proyecto básico y de ejecución, incluido el estudio de seguridad y salud, y un plazo máximo de 6 meses para la ejecución de la obra.
De esta forma, un año y medio después de que el Ayuntamiento de Sant Joan confirmara que se daba inicio al procedimiento para derribar el inmueble, el esqueleto de la residencia tiene los meses contados. La parcela ocupa una superficie total de 11.200 metros cuadrados, y está ubicada en la misma calle del polideportivo municipal. En el interior de la parcela existen tres edificios destinados principalmente a habitaciones, otra construcción que albergaba los servicios comunes como cocina, cafetería y recepción, así como otras construcciones menores vinculadas a instalaciones; también cuenta con estructuras metálicas de cubrición de aparcamiento; piscina y pista de tenis.
Precisamente, los restos del edificio principal servían de palcos improvisados para aquellas personas que querían ver partidos de fútbol, con el riesgo que conlleva su entrada a las ruinas sin apenas medidas de seguridad. Lo que fuera una residencia equipada para todo tipo de necesidades se había convertido en un foco de okupas, drogadicción e inseguridad por las personas que habitaban de manera ilegal toda la parcela. Este periódico se ha hecho eco de varias denuncias de vecinos y particulares por dicha problemática durante el último año.
El alcalde, Jaime Albero (PSOE), ya reconoció hace escasas semanas que el proceso de adjudicación se encontraba muy avanzado. Toda la oposición, además de su socio de gobierno, Ciudadanos, pedía al primer edil socialista que instara a la Generalitat a cumplir su promesa de derribar el edificio ante el peligroso escenario que se había generado debido a su estado ruinoso. Albero aseguraba, también, que había una propuesta encima de la mesa para asumir el derribo, algo que ya se ha hecho realidad. Ahora el Ayuntamiento está pendiente de tramitar todos los permisos para que la empresa empiece dentro de los plazos previstos. UCAM
El antiguo inmueble fue en su día una residencia de ocio y tiempo libre dependiente de la Generalista Valenciana y fue clausurada por esta en el año 2006, en tiempo de Francisco Camps (PP). Hasta 2013, la presencia de un vigilante jurado impidió el vandalismo en las mismas. Pero ese año, el gobierno municipal de Manuel Aracil activó un proyecto fallido para que la Universidad Católica de Murcia instalara en tierras de la localidad su campus.
Una vez se descartó el fallido proyecto de la UCAM por la propia exconsellera de Educación, María José Catalá (PP), en 2015, el cuatripartito comenzó el proceso de devolución del aval de 1.185.000 € que había suscrito el Ayuntamiento con la Generalitat por la compraventa del inmueble y por los que la administración local pagaba 14.000 euros anuales en intereses.
Estos gastos fueron cancelados en marzo de 2019 tras una negociación, cuando se iniciaron los trámites para el derribo.
PROYECTO FALLIDO
De sede de la UCAM a un foco de drogas y okupas
La residencia se cerró en 2006 una vez se descartó el fallido proyecto de la sede de la UCAM. Ahora se ha convertido en un foco de drogadicción, okupas e inseguiridad.
