Varapalo para el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo plenario de mayo de 2016 por el que se encomendaba la gestión del servicio de limpieza de edificios municipales a la empresa pública municipal Personas y Ciudad (Pycsa). Un aspecto que arrastra polémica y controversia desde antes de lograr su aprobación. Y que ahora vuelve a ser fuente de conflicto, puesto que aunque la sentencia se dictó a finales de julio, es ahora cuando la oposición ha conocido de su existencia.
La Subdelegación del Gobierno apeló en 2018 ante el TSJCV tras la primera sentencia favorable al Ayuntamiento y en este caso el alto tribunal le ha dado la razón. Ahora, además de anular el acuerdo del pleno del 30 de mayo de 2016, condena al Ayuntamiento a asumir las costas procesales. La sentencia se dictó en julio y contra ella cabía la presentación de un recurso de casación hasta 30 días después de su notificación.
La Subdelegación argumenta que la subrogación de los trabajadores vulnera el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual, el acceso al empleo público debe hacerse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad de la convocatoria y bases de selección, transparencia, imparcialidad de los miembros de los órganos de selección e independencia. Y se hacía eco de los dos informes contrarios del interventor y el secretario municipal que consideraban que la subrogación de los trabajadores no respetaba la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Mientras que entre sus argumentos, el Ayuntamiento advertía que la prestación directa del servicio ahorra a las arcas públicas 100.000 euros.
La primera sentencia fue favorable al Ayuntamiento y la dictó el juzgado de Primera Instancia de Alicante, que argumentó que Pycsa asumía un servicio que antes el Ayuntamiento prestaba de forma indirecta a través de una sociedad de titularidad privada, y que para ello es preceptivo disponer del personal necesario para prestarlo.
El alcalde, Jaime Albero (PSOE), justifica que se decidió no recurrirla. «Se ha estudiado la presentación de recurso de casación. Sería en este caso por interés casacional. El Ayuntamiento ganó en primera instancia y perdió en apelación. Los motivos y causas de ese recurso extraordinario están totalmente tasados y por motivos puramente formales se ha decidido no recurrir. Supondría un gasto superfluo», advierte.
El primer edil añade que a todos los efectos, «la encomienda está vigente; se trata de un servicio esencial máxime en los tiempos que estamos viviendo. Y se está estudiando una modificación de la misma adecuada a lo prescrito por la sentencia o incluso una funcionarización del personal adscrito al servicio». Y explica que «el asunto se dictaminará por el servicio jurídico y se llevará a cabo por el servicio competente: régimen interior y contratación».
Tenía informes en contra
Desde Ciudadanos, el portavoz y socio de gobierno del PSOE, Santiago Román, denuncia «la ocultación de esta sentencia por parte del alcalde y de la empresa municipal, que vuelve a ser protagonista de un escándalo». Recuerda que en 2016 «ya advertimos de los informes en contra de Secretaría y de Intervención. Ahora, tanto el Ayuntamiento como la empresa municipal se ven condenadas en costas, el TSJCV anula el acuerdo y todo ello oculto durante tres meses, la sentencia llegó al Ayuntamiento el 26 de julio.
Mientras el alcalde apunta que la sentencia en firme se comunicó el lunes y se va a dar cuenta en la Junta de Gobierno. Y añade que se va a ejecutar en el plazo dado para ello de dos meses.
Cs exige una comisión y aclarar la situación jurídica de los empleados
Ciudadanos le pide al PSOE «que depure responsabilidad y convoque inmediatamente una comisión informativa para clarificar esta situación ante los concejales, técnicos a los que se ocultó también este sentencia, y al gerente de Pycsa», pide el portavoz Santiago Román. Y advierte de que se debe clarificar en qué situación jurídica quedan los trabajadores. Cree que es grave que el pasado septiembre funcionarios y concejales informaron y votaron a favor de la modificación del contrato para la limpieza extraordinaria en 156.000 euros sin tener conocimiento de la sentencia del TSJCV ya que cree que no habrían votado de igual manera de conocerla.
