Punto y final para la vía judicial por el derribo de la Casa Geralda de Xixona. La Audiencia Provincial ha archivado la denuncia presentada por una asociación cultural contra la demolición de esta antigua mansión señorial del siglo XVIII-XIX, por lo que el Ayuntamiento tiene vía libre para proceder a su derribo para instalar unas pistas de pádel; una actuación que lleva varios años a falta únicamente de la firma para el contrato de licitación de las obras, que por el proceso judicial se ha mantenido paralizada.
La resolución, fechada el pasado 8 de julio, fue comunicada hace varios meses a la Corporación y supone el archivo definitivo de las diligencias previas, después de que un juzgado de San Vicente desestimara ya la denuncia de la Asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, con sede en València. Esta entidad recurrió la resolución judicial hace dos años, sin que haya sido atendida, en este caso por un defecto de forma. Y es que la Audiencia señala que el representante de la asociación carece de legitimación procesal para interponer la apelación, ya que se presentó como una denuncia y no como querella, al tratarse de una acción popular al no ser ni ofendido por el delito ni perjudicado directo. Y además es necesario la presentación de una fianza para su admisibilidad, sin que se hayan cumplido nada de ello.
El colectivo recurrió el archivo decretado por el juzgado, ante el que había denunciado en 2018 la posible comisión de un delito sobre el patrimonio y otro de prevaricación administrativa por parte de la alcaldesa y el arquitecto municipal, por el proyecto para derribar esta mansión señorial, que por otra parte presenta un avanzado estado de deterioro y se encuentra en ruinas, según un estudio municipal.
La alcaldesa, Isabel López (PSOE), explicó a este medio que esta decisión judicial allana por fin el camino al proyecto aprobado por el Ayuntamiento para derribar la casa e instalar unas pistas de pádel junto al polideportivo. Anunció al mismo tiempo que están estudiando acciones legales contra esta asociación por «denuncia falsa», y por los daños de imagen y económicos que ha podido sufrir el municipio, ya que se trataba de una obra ya licitada y con el dinero consignado, que no se ha podido ejecutar hasta que se ha puesto fin a la vía judicial, por decisión del propio consistorio por consejo de los letrados. López destacó que «ni siquiera ha sido admitida a trámite y hemos recibido ataques infundados de la asociación, por un tema que además en Xixona no ha tenido impacto».
Ahora, falta por ver si la empresa adjudicataria aún está interesada en la obra, se pasa a la segunda firma o incluso hay que abrir un nuevo proceso de licitación. Y hay otra vez que consignar el dinero.
Desde el Ayuntamiento se ha mantenido que la casa se encuentra en ruinas y no tiene valor arquitectónico, además de suponer un peligro si alguien accede al interior del inmueble, situado junto al colegio Sagrada Familia. Y para ello se apoyaba en informes de la Conselleria de Cultura y del Síndic de Greuges.
En el archivo de las diligencias del juzgado de San Vicente, fechado el 13 de diciembre de 2018, la Fiscalía Provincial estimaba que «los hechos carecen de trascendencia penal», por lo que proponía el sobreseimiento y archivo, atendiendo a las resoluciones de la Conselleria y el Síndic, y los informes periciales de arquitectos contratados por el Consistorio para responder al Síndic.
Inmueble sin protección
El fiscal recordaba que «el inmueble no ha sido objeto de ningún tipo de catalogación que le otorgue una protección singular, que la misma es competencia municipal, que desde la Generalitat no se han contemplado motivos para suplir la falta de iniciativa municipal, que objetivamente los valores arquitectónicos del inmueble son limitados y no justificarían la catalogación, y que su descontextualización y estado de conservación no hacen viable su preservación, unido a la publicidad en la tramitación del expediente seguido para la contratación del proyecto de obra», no estima que los hechos tengan una trascendencia penal e insta a su archivo.
En cambio desde la asociación se apoyaban en un estudio de la Universitat de València que destacaba que «el edificio reúne una serie de valores que lo hacen merecedor de un grado de protección en todo su conjunto que evite su demolición prevista», señalando su valor histórico y social como un exponente de las segundas residencias burguesas.
