La primera compra de una vivienda para incorporar al parque de casas sociales gracias al convenio de tanteo y retracto firmado con la Generalitat ha llegado con polémica. Algunos grupos lamentan que San Vicente haya adquirido una casa que iba a comprar una pareja de mileuristas sanvicenteros, Roberto Escribano y su pareja Nuria. Y advierten de que el consistorio sabía además que no era un fondo buitre el que estaba detrás de la compra. Y a pesar de ello la compró.
Tras esta primera experiencia, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha exigido al equipo de Gobierno (PSOE-EU) que no ejerza el derecho de tanteo sobre viviendas que vayan a ser compradas por vecinos de San Vicente del Raspeig y que las quieren para vivir en ellas y no para especular. El concejal de Cs Jordi Roig ha denunciado que «el Ayuntamiento decidió ejercer este derecho pese a que conocía previamente que el piso adquirido iba a ser comprado por una pareja del municipio y no por un fondo de inversión».
Roig ha explicado que «este derecho está pensado para evitar la especulación inmobiliaria en determinados supuestos, como transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas con destino residencial, en operaciones de venta de diez o más viviendas o que hubieran sido adquiridas mediante dación en pago o situaciones similares, pero no para ejercerlo contra unos particulares que quieren acceder a su primera vivienda».
El equipo de Gobierno acordó ejercer por primera vez el derecho de tanteo sobre una vivienda el pasado 28 de diciembre. Y la formación sostiene de que el consistorio conocía desde hacía más de un mes quién era la persona interesada en adquirirla, en este caso una pareja de San Vicente. A pesar de ello y conociendo que el perjudicado no era un fondo de inversión ni una mercantil, sino unos particulares, decidieron comprar la vivienda.
Jordi Roig ha explicado que «el equipo de Gobierno no puede argumentar que ejerció el derecho de tanteo contra unos particulares porque desconocía quiénes iban a ser los perjudicados, ya que en la notificación que le remitió la Generalitat Valenciana ya se especificaba claramente quiénes eran los compradores y solo había que comprobar que no era ningún fondo de inversión que buscara especular con la misma».
El concejal de Ciudadanos ha afirmado que «el derecho de tanteo y retracto puede ser un instrumento útil para ampliar el parque de viviendas sociales y destinarlas a personas en situación de vulnerabilidad, pero no puede llevarse a cabo a toda costa y sin tener en cuenta los perjuicios que provoca en los vecinos de San Vicente ese derecho preferente que tiene la administración sobre los particulares».
En este sentido, la formación ha recordado que el equipo de Gobierno de San Vicente «todavía no ha sido capaz de adjudicar ninguna de las seis viviendas para uso social que compró en el año 2018, que permanecen a día de hoy cerradas y sin que puedan ser habitadas por personas en situación de vulnerabilidad social, a pesar de que son muchas las familias que lo necesitan».
El derecho de tanteo ha sido ejercido por primera vez por el Ayuntamiento sobre una vivienda situada en las inmediaciones del Parque Lo Torrent por un importe de 115.000 euros, igualando la cantidad por la que iba a ser adquirida por una pareja de sanvicenteros que había conseguido una hipoteca para poder comprarla como primera vivienda para irse a vivir a ella. Se trata de un piso de 84 metros cuadrados con tres dormitorios, dos cuartos de baño, balcón, balconada, terraza descubierta, plaza de aparcamiento y trastero.
Es la primera vez que el Ayuntamiento de San Vicente ejerce este derecho tras la firma del convenio para la cesión del derecho de tanteo y retracto que firmó el alcalde, Jesús Villar, con el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, en noviembre de 2020. «Fue entonces cuando aseguraron que solamente se ejercería para evitar que las viviendas acabaran en manos de ‘fondos buitre’ y nunca para en un caso como el de esta pareja».
Mientras, el perjuicio de la pareja continúa puesto que aún no han recibido lo que pagaron como señal para comprar la casa y que, dado el perjuicio causado, requiere de una compensación.
