Hace un año de la agresión sufrida por una trabajadora de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en un despacho. Y aunque se anunció que se iba a estudiar la instalación de medidas de seguridad de acceso al consistorio, el grupo municipal Popular advierte de que «el Ayuntamiento sigue sin control ni custodia de seguridad». Y no les ha satisfecho la respuesta que ha dado el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, a su pregunta de si se ha valorado ya esta instalación, en la que el edil responde que «no se ha llegado a ninguna conclusión». El portavoz del PP, Óscar Lillo lamenta que «trasladar el mostrador a la puerta con un auxiliar de servicio, es toda la solución que se ha dado, no siendo la seguridad una competencia de este puesto». Lillo advierte de que actualmente la carga de trabajo de esos puestos es mayor debido a las restricciones de aforo motivadas por la pandemia y la implantación de la sede electrónica desde el mes de junio «por la falta de planificación y previsión a la hora de dotar de personal para atender al público en el Civic. Y afirma que «el edificio consistorial es grande y con muchos departamentos y despachos, con gran movimiento de entradas y salidas, en los que los trabajadores y los visitantes deben sentirse seguros, de ahí la necesidad de personal de Seguridad, bien público o privado».
