Dos de los exediles investigados por el supuesto fraccionamiento de dos contratos de mantenimiento en El Campello acudieron este lunes citados por el juez para prestar declaración. En esta causa están imputados el actual alcalde Juanjo Berenguer (PP) por su primera etapa al frente del Ayuntamiento entre 2011 y 2015, y el primer edil del pasado mandato y actual portavoz de Compromís, Benjamí Soler. Y además recientemente han sido imputados también los ediles que estuvieron al frente de la concejalía de Servicios en aquellos mandatos, entre 2011 y 2019: el popular Alejandro Collado y los exregidores de Compromís David Ramírez y Alfred Botella.
Este lunes estaban citados Collado y Ramírez, mientras que la próxima semana acudirán Botella y una jefa de servicio, también en calidad de investigada, por los contratos de mantenimiento de una depuradora en la zona norte y por la fuente del Parque Central.
Según informaron fuentes cercanas al caso, Collado, que dirigió esta concejalía entre 2011 y 2015, se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a ninguna pregunta. Por su parte Ramírez, que estuvo al frente de la concejalía entre 2015 y 2016, hasta que dimitió por motivos personales, se limitó a señalar que hizo lo que le dijeron, y en concreto, en el tema de los pagos por la depuradora, defendió que eran unos abonos necesarios por un tema de salubridad, y a la espera de que la Generalitat se hiciera cargo del mantenimiento.
Inicialmente los tres exediles y la funcionaria, jefa del servicio de la concejalía de Servicios, habían sido citados como testigos, pero el juez finalmente los ha llamado como investigados tras un recurso de la Fiscalía.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante investiga dos contratos que han supuesto un desembolso de un total de 460.000 euros durante una década, al haberse abonado de forma supuestamente irregular, al no haberse adjudicados los contratos en un concurso público pese a su cuantía. Fue EU quien presentó una denuncia por supuesto troceamiento de contratos y su adjudicación a dedo, que ha desembocado en esta investigación judicial.
El juez ya tomó declaración como testigos a otros tres funcionarios: la interventora municipal, la jefa de Contratación y el secretario del Ayuntamiento de El Campello, que se ratificaron en sus informes, en los que ponían reparos de legalidad a los pagos.
Los dos últimos alcaldes también prestaron declaración durante cuatro horas ante el juez en octubre de 2019, defendiendo sus actuaciones. Ambos han negado haber incurrido en cualquier ilegalidad y que actuaron siguiendo los informes de los técnicos. En concreto, en el tema de la depuradora, los abonos se realizaban a la empresa que designaba la Generalitat, quien ha rechazado en varias ocasiones hacerse cargo de este mantenimiento pese a ser de su competencia.
