El serial en el que se ha convertido la fractura en el seno del grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig va sumando capítulos, cada cual más deplorable. Ahí están, sin ir más lejos, los mensajes en los que la ya exjefa de Prensa, Ana López, expresaba su deseo de «cortarle el cuello» al alcalde del municipio, o las descalificaciones del cabecilla de los «rebeldes», José Luis Lorenzo, contra funcionarios municipales y la posterior reacción en cadena pidiendo su dimisión, lo que le costó tener que renunciar a su acta el jueves. Sin embargo, en alguno de los chats de los ediles críticos que, en la práctica, operaban como un grupo paralelo al margen del municipal, se fue más allá de los insultos. Según los mensajes a los que ha tenido acceso este periódico, no sólo se llegaron a pasar actas a través de algún grupo de WhatsApp, también se dio información sensible sobre procesos de contratación.
Por ejemplo, en mayo del año pasado, el portavoz del grupo municipal socialista, Jesús Arenas, que fue quien hace unas semanas impugnó el cese de la exjefa de Prensa a través de un recurso de reposición, resumía a través de un mensaje lo acontecido en una mesa de contratación celebrada por la mañana. Además, justificando que lo hacía para que «no os llegue por terceros». Entre los asuntos que se abordaron ese día, siempre según los mensajes a los que ha tenido acceso este periódico, se abordaba el contrato de obras del pabellón polideportivo.
No fue el único caso, lo que deja claro que no fue algo puntual. De hecho, en el mes de junio, se volvía a hacer lo propio con otra mesa de contratación. En este caso, relativa a un contrato de servicios para la implantación y el mantenimiento de una aplicación para la gestión de la Policía Local, en la que incluso se detallaba qué empresa había quedado excluida, así como la plica admitida, a expensas de su valoración y propuesta de adjudicación. Una convocatoria a la que también fue el contrato de servicios de mantenimiento de los equipos de elevación de los edificios municipales. Es más, hay varios mensajes en los que se informa de alguna de las firmas que se acaba quedando fuera de alguno de los procesos, ante lo que alguno de los participantes en el chat llega a preguntar si tienen mesa de contratación o si ha acabado ya.
Desde el PSPV no entran a valorar de momento estos mensajes, aunque sí admiten que en los últimos días ha llegado más información al partido y que eso se va a ir incorporando al expediente que se abrió hace dos semanas a los siete concejales díscolos, después de que humillaran a Villar tumbándole en el pleno la propuesta que llevaba el presidente de la Corporación sobre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pese a que contaba con los informes técnicos favorables. Un expediente que, reiteran desde la cúpula socialista, no se va a frenar, pese a la dimisión como concejal de José Luis Lorenzo.
Precisamente, del resultado de ese expediente que se va a instruir con carácter inminente, depende qué ocurrirá ya no sólo con los cargos orgánicos que ocupa Lorenzo -no sólo está en la ejecutiva socialista local, también en la provincial-, sino que esa investigación determinará si continúa en el partido o si, por el contrario, se le aparta de militancia.
Los funcionarios piden «depurar responsabilidades»
Los concejales «díscolos» socialistas, presentes en la concentración de más de 200 trabajadores
Más de 200 trabajadores municipales, todos los grupos con representación municipal, exconcejales de otras corporaciones y también los ediles socialistas afines al concejal José Luis Lorenzo, que ha renunciado a su acta, asistieron ayer a la concentración en repulsa por los insultos y comentarios inapropiados vertidos en un grupo de WhatsApp contra funcionarios. La presidenta de la Junta de Personal, Asun Ortega, leyó un comunicado en el que advertía de que «ha habido una dimisión, pero quedan responsabilidades por depurar». Había antes un comentario a esos ediles que participaban en el chat. «Consideramos que las personas que vierten estas descalificaciones así como las que con su silencio las consienten y alientan no pueden, ni un día más, ostentar un cargo público en cualquier administración en un Estado democrático». Mientras, el portavoz socialista, Jesús Arenas, subrayaba que «defendemos a los funcionarios y estamos con ellos».
La protesta contó con el apoyo del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante, quien el jueves se reunió de forma extraordinaria para condenar los hechos y pedir al Ayuntamiento que adopte las medidas «para preservar la integridad y dignidad personal y profesional de la secretaria municipal».
EU, Cs, PP, Vox, Podemos y Compromís se han puesto de lado de los trabajadores y han emitido comunicados de rechazo a lo sucedido. Y lo hacían también militantes socialistas ante la ausencia de un comunicado de su grupo. Por otro lado, el consistorio desestimaba el recurso de la exjefa de Prensa, Ana López Tárraga, que pedía volver a su puesto.
