Los concejales «díscolos» del grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig reculan y apoyan con su voto la modificación del Plan General con la que hace un mes abrieron la espita de la guerra en el grupo. Finalmente sale adelante con 19 votos a favor y la abstención de los 5 ediles del PP, la modificación 38 del Plan General que no se aprobó en la sesión de marzo porque 7 de los 9 ediles socialistas presentes se abstuvieron, desacreditando y dejando en evidencia la debilidad del alcalde, Jesús Villar, que presentaba la propuesta.
Toda la oposición afeó este miércoles lo ocurrido hace un mes y grupos como Cs y Vox pedían «no repetir el bochornoso espectáculo». Cs denunciaba que el punto hace un mes no se aprobó «porque lo usaron como arma dentro de la guerra de su grupo». Aquella abstención les ha valido la apertura de un expediente informativo del PSPV a los 7 ediles «díscolos», que está pendiente de resolverse.
La votación se hizo nominal a petición del PP y, uno tras otro, los ediles socialistas cambiaron la abstención de hace un mes por el «sí». Pocos minutos después, los ediles socialistas Juan Antonio López Perona y José Manuel Ferrándiz abandonaban el pleno telemático por motivos de salud.
A su vez, la sesión plenaria dio cuenta de la renuncia al acta de los concejales socialistas José Luis Lorenzo y Jesús Arenas. Ambos serán sustituidos por Noelia Hernán y por Patricia Ferri, tras renunciar José Luis Mesa a coger el acta.
El pleno fue tenso. La oposición no dejó pasar la oportunidad de advertir en prácticamente todos los puntos cómo está afectando al municipio la crisis de los chats del grupo socialista enfrentado al alcalde y después de más de un mes y medio de guerra abierta. A pesar de los intentos de saber si el grupo socialista va a condenar con un comunicado los insultos y descalificaciones a funcionarios, no lo consiguió. La portavoz, Pilar Alcolea, se remitió a las manifestaciones del ya exportavoz: «El día de la concentración dio las declaraciones y quedó contestada la postura del PSOE». Podem también pidió a la edil de Igualdad, Isabel Candela, una condena de estas manifestaciones, que la edil aseguró haber hecho particularmente. Cs ha exigido al alcalde que encargue un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que lleve los chats y audios a la Agencia Valenciana Antifraude o a la Fiscalía para que inicien una investigación en caso de apreciar algún indicio de ilegalidad. «El alcalde debe tomar la iniciativa porque el posible perjudicado de esas filtraciones es el Ayuntamiento», indican. Y Villar admite que tomará medidas dependiendo de los informes de los servicios técnicos municipales que se van a encargar.
