El Campello permanece desde el 1 de enero sin contrato de limpieza viaria, de playas y recogida de basuras. El servicio lo sigue prestando la misma empresa, FCC, pero el Ayuntamiento no ha abonado los cuatro primeros meses de 2021 al no existir ya una relación contractual, después de que se hayan consumido todas las prórrogas que figuraban en el contrato firmado en 2007, que expiró el 31 de diciembre de 2017 y contemplaba tres ampliaciones de un año, ya agotadas.
Por ello, el tripartito formado por PP, Cs y Vox lleva este martes a pleno una propuesta de la concejalía de Servicios, cuyo titular es el primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, Julio Oca, para dar cobertura legal a un servicio básico y pagar los atrasos, pese a los reparos de los técnicos municipales, que alertan de que la medida que se lleva a aprobación incumple la normativa.
El Ayuntamiento aún no ha sacado a licitación la nueva contrata, pese a que la anterior adjudicación acabó hace más de tres años y constituye la de mayor cuantía del municipio, con un coste estimado de a 3,2 millones para 2021, y una previsión para la nueva contrata de 4,5 millones anuales. Es por ello además que esta situación se va a alargar durante meses, hasta que se adjudique el nuevo servicio.
El Ayuntamiento aún no ha sacado a licitación la contrata, que es la más cuantiosa, pese a que expiró a finales de 2017
Un informe de Contratación e Intervención, respaldado por el secretario en una nota de conformidad, sobre la propuesta de continuidad de servicio en 2021, afirma que «el contrato se extingue y no se puede prorrogar. La prestación del servicio por el mismo contratista y en las mismas condiciones, más allá de dicho límite, supone una contratación verbal que vulnera la normativa contractual». Y advierte que la propuesta de la Concejalía de Servicios «sobre la continuación del servicio, no está contemplada en los pliegos del contrato vencido, por lo que su prestación más allá del mismo, contraviene las normas de contratación administrativa, al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, constituyendo un supuesto de nulidad de pleno derecho». Por todo ello, ha emitido un informe desfavorable «en base al incumplimiento de la normativa de contratos de las Administraciones Públicas».
Para eludir estos reparos, que pueden ser levantados por el pleno, se ha encargado un informe jurídico externo que da vía libre a la propuesta, basándose en que «el supuesto excepcional derivado de la suspensión de plazos acordada en las medidas de covid-19, es posible la rehabilitación o mantenimiento de los efectos del contrato hasta que finalice la nueva licitación, de modo que no se cause perjuicio para el interés público».
La oposición pide un informe al secretario ante las dudas que presenta la propuesta, y que diga cómo hay que proceder
Y señala que «aun en el caso de entenderse que no le fueran de aplicación dichos preceptos, a idéntica conclusión habría de llegarse mediante la mera aplicación de la normativa ya existente (...). El principio de continuidad en la prestación del servicio público, que cuenta con una tradición jurídica en este tipo contractual, permite que se obligue a los concesionarios a continuar prestando el servicio, situación que debe entenderse como excepcional y transitoria por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente».
«Servicio esencial»
Ante las dudas legales manifestadas por los técnicos, la oposición ha presentado un escrito para reclamar que el secretario elabore un informe sobre la propuesta que quiere llevar a pleno la Corporación y que se pronuncie sobre cómo habría que proceder. PSOE, Compromís, EU y Red explican en el escrito que «teniendo en cuenta que la extinción del contrato de gestión de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, incluyendo las prórrogas, fue el pasado 31 de diciembre de 2020; y siendo el pleno el órgano que, con todos los informes técnicos, debe adoptar una resolución definitiva relativo a la prestación o no de este servicio y en qué fórmula», por lo que solicitan lo siguiente: «que por parte de la Secretaría Municipal se realice un informe sobre la consideración de este servicio como ‘servicio esencial’, y por lo tanto de obligada prestación. Y de ser así, directrices legales que se consideran desde la Secretaría para la prestación de dicho servicio y las consiguiente instrucciones oportunas para proceder respecto a la prestación del nuevo contrato».
Desbloqueo
Por su parte el edil de Servicios, Julio Oca (Cs) se limitó a manifestar que «he sido yo y mi departamento el que ha desbloqueado esta situación», sin querer dar más explicaciones sobre la situación, y anunciando que en el pleno del martes dará cuenta de ello.
El Ayuntamiento licitó el pasado noviembre el contrato para redactar el pliego de condiciones de la nueva contrata, cuya elaboración debería estar a punto de terminar, para poder así abrir en los próximos meses el concurso para adjudicar el servicio por 15 años y unos 4,5 millones por ejercicio.
