Catorce millones a repercutir en el recibo del agua los próximos 25 años. El Campello se ve abocado a una subida del recibo del agua desde el próximo mes más fuerte de lo que planteaba el Gobierno central en el documento que el pleno rechazó hace dos meses, que estipulaba 40 años de amortización. Este lunes Cs y la oposición, que tumbaron la modificación del convenio con la sociedad estatal Acuamed para la llegada del agua desalada se mostraron reacios a cambiar su voto, por lo que el alcalde Juanjo Berenguer (PP) anunció que no se volverá a llevar a pleno, salvo cambio de última hora. Y es que este domingo se cumplen los 10 días de ultimátum dados por el Ministerio para que El Campello reconsiderara su postura, o aplicará el convenio de 2006.
14 MILLONES
Dinero que El Campello debe repercutir en el recibo
El convenio vigente fija 25 años para repercutir los 14 millones de la desaladora, mientras que la adenda rechazada lo ampliaba a 40 años.
El alcalde informó ayer en comisión a los partidos del escrito que el pasado jueves Acuamed remitió, acudiendo además personal de Aguas Municipalizadas de Alicante, que se encarga del suministro de El Campello, para aclarar dudas.
El primer edil había anunciado que si alguna formación cambiaba el sentido de su voto y hacía posible aprobar la modificación a través de una adenda del convenio de 2006, la volvería a llevar al pleno de este jueves. Pero Cs (3 ediles), socio de gobierno de PP (7) y Vox (1), así como PSOE (4), EU (1) y Red (1) no se mostraron receptivos, denunciando además la falta de información y de consenso por parte del PP, algo que los populares negaron de plano. Este tema no requiere de mayoría absoluta, fijada en 11 votos, sino simple, por lo que si sigue la abstención de Compromís (3), con otra abstención Cs o PSOE sería suficiente.
El PP advierte de que las condiciones son peores al tener 15 años menos para amortizar y los naranjas le critican por improvisación
Esta situación lleva a una fuerte subida del recibo del agua a partir de junio, para así amortizar en la factura de los vecinos en los próximos 25 años los 14 millones que El Campello debe asumir por el coste de la desaladora de Mutxamel. Eso sí, el alcalde se mostró dispuesto a convocar un pleno urgente si hay un cambio de postura de ultima hora.
El PSOE pide un informe que aclare cuál sería la variación en el recibo entre el actual convenio y la adenda planteada
Berenguer explicó ayer que «nada ha cambiado, por lo que no tiene sentido volver a llevarlo a pleno. Y me llama la atención que ahora dicen que les falta información, cuando esto empezó en enero de 2020, tienen acceso a toda la información y se les ha dado todo. Es un tema muy técnico. La CHJ y Acuamed nos han instado a recibir el agua desalada ya desde el 1 de octubre de 2020, y esto se alargó hasta marzo, cuando se rechazó» tras lo que considera un «boicot» de Cs, que afirma mantuvo paralizado el informe durante meses. Y destacó no entender tampoco la postura del PSOE, cuyo ministerio socialista es el que exige usar el agua desalada.
Expediente
«Esto nos aboca a que Acuamed aplique el convenio de 2006, que es mucho peor y provocará una subida mayor de la factura que con la adenda, porque se tiene que amortizar el mismo coste en menos tiempo, y no se contemplan unos meses transitorios para una subida progresiva», manifestó. Y agregó que este es un tema «estratégico, porque estamos comprando derechos de agua, que es algo de lo que carece El Campello», a diferencia de otros municipios. Y agregó que se exponen a la apertura por parte de la CHJ de un expediente si no empiezan a recibir agua desalada, ya que exige que dejen de abastecerse de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.
Por su parte desde Cs, cuya formación con su rechazo hace dos meses evidenció la fractura interna en el tripartito, su portavoz y edil de Servicios, Julio Oca, explicó que «es imposible apoyar cuando no se nos tiene en cuenta para nada a nadie. No es comprensible que desde el Ayuntamiento no se tenga previsto nada con respecto al acuerdo que se tomó en marzo. Si se van a acoger al convenio del 2006, se tendrá que estudiar si ambas partes cumplen con lo que se aprobó en su día y que repercusiones va a tener para nuestros vecinos. Es un asunto muy complejo que requería un estudio a fondo y reuniones de trabajo, y no como se está planteando a golpe de improvisación conforme llegan las notificaciones y los requerimientos», recordando que el convenio del 2006 fue aprobado por el PP y PSOE, y es «a todas luces inasumible por parte de los ciudadanos». Y Vox lamentó que Cs va a provocar un recibo más caro.
Responsabilidad
El PSOE pidió ayer por registró un informe que aclaré cómo repercutiría la adenda en el recibo y lamentó la actitud del PP y la falta de información. Desde Compromís recordaron que Cs «aún forma parte de un equipo de gobierno, y la responsabilidad no consiste en hacer unas horas de trabajo y cobrar un buen sueldo, la responsabilidad es proponer y tomar decisiones, te gusten más o te gusten menos. Y si no es así, que dejen de engañarnos, que el alcalde actúe y que asuma las riendas de la gobernabilidad». EU afirmó que «el gobierno local es quién debe gobernar. Y si existe un problema de confianza entre ellos que lo solucionen, pero que no responsabilicen de ello a la oposición, a la que han tenido apartada de todo. Ahora vienen con información de última hora y chantajes para que les votemos a favor de una subida de agua para los próximos 40 años. El alcalde debería exigir una reunión con el Ministerio para reconducir esta situación que ha provocado».
Desde Red no entienden que se repercuta el coste de la desaladora en el recibo, algo que no pasa por ejemplo en Cataluña, y Podemos pide estudiar la opción de denunciar el convenio por incumplimiento y que el Gobierno asuma los costes.
