El ultimátum lanzado por el Gobierno central a través de sociedad estatal Acuamed a El Campello por el agua desalada expira este domingo sin que haya habido cambio alguno, al menos hasta el sábado. De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica empezará a partir del junio a repercutir el coste de la desaladora de Mutxamel en el recibo del agua en virtud del convenio firmado en 2006, entrando en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de octubre de 2020.
Esta subida se notará de forma sensible en la factura de los campelleros, pese a que no reciban aún el agua desalada. De cualquier forma, el lunes, aunque ya sea fuera de plazo, el alcalde Juanjo Berenguer (PP) volverá a plantear en comisión la situación, por si ha habido cambios en algún partido que haga posible aprobar la modificación del convenio, lo que permitiría modular esa subida.
Y es que el aumento del agua será más pronunciado que de haberse aceptado la adenda que tumbaron en el pleno de marzo Cs, PSOE, EU, Red y Podemos, que por otra parte rechazan la subida que ya planteaba el convenio y denuncian falta de información al respecto e improvisación, pese a que por ejemplo el PSOE respaldo ese acuerdo en 2006 junto con el PP.
Del mismo modo, desde Acuamed señalaron que no se plantean una renegociación del convenio, tal y como reclaman algunos partidos de El Campello como Podemos y Cs, aunque explicaron que nunca se cierran a hablar y aclararon por otra parte que tampoco se ha pedido una renegociación.
Desde la entidad, preguntados por este diario por la posibilidad de que esta entidad renegociara las condiciones del convenio ante el rechazo del pleno, se limitaron a responder que «Acuamed ya renegoció el convenio con el Ayuntamiento, dando como resultado la adenda al convenio que se ha propuesto, pero que ha sido rechazada por el pleno».
Por ello, desde junio y salvo giro inesperado de ultima hora, se van a empezar a repercutir en los recibos del agua la parte del coste de la desaladora de Mutxamel que le corresponde a El Campello como usuario de la misma, en virtud del convenio de 2006. Es decir unos 14 millones en 25 años por el 26,4% de la inversión repercutible realizada, correspondiente al total de la inversión en la planta y red de distribución y descontando los fondos europeos.
Último cartucho
El alcalde Juanjo Berenguer (PP), respecto al final del ultimátum de 10 días naturales dado por Acuamed el pasado 20 de mayo, explicó el viernes que pese a expirar este domingo, el lunes hará un último intento en la comisión de Territorio, a la que «volverán a acudir técnicos de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem), nuestro gestor de agua, y un técnico de Acuamed, para volver a explicar otra vez el origen y la situación actual, por si alguno cambia de opinión», aunque el primer edil reconoció que no era optimista y recordó es ya la tercera vez que técnicos acuden para explicar el tema al resto de partidos, insistiendo que se ha dado toda la información al resto de partidos.
Hay que recordar que PP y Vox se quedaron solos en el pleno de marzo para aprobar la adenda que permitiría ampliar de 25 a 40 años el periodo de tiempo para amortizar los 14 millones, y que además contemplaba tarifas transitorias durante los primeros meses para escalonar la subida. Los votos de Cs, socio de gobierno de PP y Vox, junto con la oposición salvo Compromís, que se abstuvo, tumbaron el cambio del convenio. Y esta postura de los naranjas ha abierto una grave crisis en el seno del tripartito.
Desde Cs han pedido públicamente una reunión de todas las partes, Acuamed, Amaem y todos los grupos municipales, para llegar a una solución consensuada. Y Podemos también ha pedido estudiar denunciar el convenio por incumplimiento y negociar otro acuerdo.
Consumo
Por otra parte, desde Acuamed señalaron que el convenio no obliga a El Campello a recibir agua desalada, que aún no llega porque el Consistorio no lo ha pedido, y que será más cara por los costes de producción sin tener en cuenta la amortización. Explicaron que El Campello «tiene la obligación de pagar los costes incurridos que le corresponden, de amortización, fijos de explotación y variables de explotación, pero no de consumir». Eso sí, recordaron que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha remitido al menos dos requerimientos al Ayuntamiento para que consuma el agua de la desaladora y deje de abastecerse de los sobreexplotados acuíferos del Alto y Medio Vinalopó, aunque Acuamed señaló desconocer cuáles pueden ser las consecuencias si no cumplen los requerimientos de la CHJ. Desde el Consistorio advierten que de incumplir la exigencia de la Confederación, El Campello se expone a la apertura de un expediente.
Así mismo, respecto a las críticas de formaciones como Red denunciando que el Gobierno en Cataluña no repercute en las tarifas el coste de la construcción de las desaladoras, se limitaron a señalar que «Acuamed no tiene plantas desaladoras en Cataluña».
