La lista de espera para poder ser atendido en los servicios sociales de San Vicente del Raspeig supera los dos meses. La falta de personal en un área tan sensible como los servicios sociales municipales está afectando a los trabajadores y a los vecinos. Los 19 empleados hacen lo que pueden, pero su volumen de trabajo se ha multiplicado con la pandemia. Y son necesarias 15 personas más para evitar listas de espera y demoras. Precisamente la crisis sanitaria ha provocado un repunte en los casos de violencia de género, y el consistorio no tiene capacidad para abordar el volumen actual. El jefe del servicio, Marino Martínez, reconoce que hay una persona atendiendo estas situaciones cuando, la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas indica que municipios de la envergadura de San Vicente, que roza los 60.000 habitantes, deberían contar para esta labor con tres o cuatro especialistas. «En todas las áreas tenemos un déficit de 4 ó 5 personas para que la lista de espera, que ya está en dos meses, sea más corta», reconoce. En el caso de la dependencia hay una larga lista de espera, más de 300 casos pendientes de valoración. Lo que supone más de un año de espera.
Sumar las 15 personas para llegar a los mínimos que establece la conselleria es casi un imposible, según relatan los responsables del servicio. «La situación jurídica es muy complicada», admite Martínez, «porque una ley de rango superior prohíbe nuevas contrataciones». Y apostilla que es algo que no solo perjudica a San Vicente. Desde Bienestar Social dirigen la mirada al gobierno central y creen que debería crear un sistema jurídico que dé la posibilidad a los ayuntamientos saneados «a realizar contrataciones y dar amparo legal a la compleja situación».
Reunión con la oposición
La situación es muy tensa tras un año de pandemia haciendo y los empleados hacen un esfuerzo pero «no podemos aguantar este ritmo». La crudeza de la situación es lo que se transmitió este lunes de primera mano a la oposición, en una reunión presidida por el alcalde, Jesús Villar, y los jefes de Recursos Humanos y Bienestar Social. Y ello tras el detonante de la devolución de 25.000 euros a la Conselleria de la subvención para contratar agentes de igualdad al no poder contratar personal. Villar considera que este año la falta de personal en servicios sociales va a poder cubrirse gracias a las contrataciones a través del remanente. Se contempla incorporar temporalmente a unas 12 personas que trabajarán hasta diciembre próximo. Sin embargo, el problema sigue ahí. Y es algo que la oposición criticó ayer, puesto que echan en falta un plan del equipo de gobierno.
El portavoz del PP, Óscar Lillo, espera la propuesta de PSOE y EU «que no han traído nada» y pide que se busquen soluciones a medio y largo plazo para evitar «parches». «Quieren traer a pleno una propuesta para que toda la oposición la apoye, pero las decisiones las tiene que tomar el equipo de gobierno que para eso gobierna. Nos quiere hacer partícipes de una solución que depende de ellos».
El concejal de Compromís, Ramon Leyda, pone e énfasis en la falta de 15 trabajadores y cree válidas las propuestas de incorporar personas en bolsas de empleo o priorizar los servicios sociales. Leyda aboga por la «modificación de la famosa ley Montoro».
Desde Vox su portavoz, Adrián García cuenta que «nos presentan una propuesta que se presume que vendrá con informes desfavorables que dudan de la legalidad de dicho procedimiento. Nos venden una idea para pedirnos el voto y hacernos cómplices de la nefasta gestión. De dos soluciones que hay sobre la mesa han escogido la ilegal».
Mientras que Ciudadanos echa en falta una propuesta firme del equipo de gobierno. «Hay dos opciones, no hacer nada o aprobar la contratación con informes en contra de Secretaria e Intervención».
El contrato programa como solución
El alcalde de San Vicente apunta que la manera de cubrir los puestos que faltan en servicios sociales es a través del contrato programa. Un recurso que permite multiplicar la plantilla con apoyo de la Generalitat, pero que cuenta con reparos técnicos porque la Ley de estabilización presupuestaria impide nuevas contrataciones. El primer edil plantea llevar a pleno contratar a través de este plan y lograr el máximo apoyo.
