La movilización ciudadana frenó este lunes el desahucio de una familia compuesta por una mujer de 74 años, su hija de 38 años y su nieta de 8 en El Campello. Se trata de una unidad familiar en situación de vulnerabilidad, condición que aseguran tener acreditada, por lo que en virtud de la moratoria de desahucios del Gobierno central no podría ser desalojada hasta al menos el 9 de agosto. Pero en el juzgado no tenían constancia ayer de esta circunstancia, y procedieron al lanzamiento de esta familia, siendo frustrado por la presencia de una treintena de personas que no dejó pasar a la comisión judicial. Y al mismo tiempo que esto ocurría, la Generalitat remitió un escrito al juzgado pidiendo paralizar el desahucio por la presencia de una menor, ya que la familia no tenía alternativa habitacional.
La concentración se registró en una vivienda de la calle València, en pleno centro de El Campello, a las 10.00 horas, cuando estaba previsto el lanzamiento judicial solicitado por el dueño de la casa, que es la expareja de la abuela. Esta circunstancia hace que el tema sea aún más complejo, ya que esta mujer presentó en su día varias denuncias contra el hombre por violencia machista, que por el momento han sido archivadas, aunque hay un recurso abierto de la septuagenaria.
En la zona también estaba el hijo del propietario, que protagonizó momentos de tensión con los concentrados, e insistió en que las denuncias contra su padre están archivadas, negando las acusaciones de agresiones en el ámbito doméstico. Además, alertó que de su progenitor, de 74 años, se encuentra enfermo y vive en una caravana en Sant Joan, por lo que necesita poder acceder a la vivienda.
La movilización fue llevada a cabo por los colectivos «El Campello se ayuda», del que la abuela es miembro, el Sindicato de Barrios de Carolinas de Alicante y el Col·lectiu Antifeixista d’Alacant, y respaldada por EU.
La comisión judicial tuvo que renunciar a acceder a la vivienda ante la movilización ciudadana, y pese a que habían acudido primero dos agentes de la Guardia Civil, y después otros cuatro, estos no llegaron a intervenir. De cualquier forma, el secretario judicial pidió a los organizadores, tras renunciar a realizar el desahucio, poder entrar él solo a la vivienda para dar fe en la propia casa del certificado de vulnerabilidad de la familia y de la presencia de la menor, para que la paralización del lanzamiento fuera por ese motivo y no por no poder entrar, pero no lo permitieron. Cuando la comisión finalmente se marchó, los vecinos estallaron de júbilo y celebraron que no se pudiera realizar el lanzamiento, ayudando poco después a subir todos los enseres y maletas que la familia había sacado para su marcha de la casa. Además, la abuela denunció la falta de ayuda por parte del Consistorio.
Una alternativa
Del mismo modo, a las 9.47 horas, minutos antes de la hora prevista para el desahucio, la Generalitat, a través de la Dirección General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda, remitieron un escrito al Juzgado de Violencia de la Mujer Nº 1 de Alicante, ante la presencia de una menor en la vivienda afectada. En el documento solicita la «suspensión del lanzamiento hasta tanto las personas que habitan el inmueble cuenten con una alternativa habitacional adecuada», entendiéndose la misma como algo excepcional en el marco de crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos».
Así, el Consell se compromete a asegurarse que tanto el Ayuntamiento como la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo «agiliza los trámites para dotar en el menor tiempo posible una solución habitacional alternativa a esta familia al mismo tiempo que se realizan gestiones con todas las partes implicadas».
Por su parte desde la concejalía de Bienestar Social que dirige Mercé Pairó (Cs) explicaron que están trabajando en buscar un alojamiento provisional para esta familia, aunque recordaron que llevan más de dos años facilitando soporte psicológico a la familia, han dado una ayuda económica y puesto todos los recursos del área a su disposición.
Del mismo modo el edil de EU Pedro Mario Pardo, que asistió a la movilización, denunció que «la situación de la vivienda en el municipio es insostenible», acusando al Ayuntamiento de «rechazar recursos públicos para afrontar situaciones límites por la que pasan muchas familias. Tenemos un gobierno insensible ante las graves dificultades de acceso a la vivienda para familias en situación de vulnerabilidad extrema. Y no es por falta de recursos públicos», recordando que la Generalitat «puso hace un año a disposición del Consistorio la compra de 12 viviendas en el municipio, recurso del cual el Ayuntamiento de El Campello no ha hecho uso».
