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Castigo ejemplar del PSPV para los díscolos de San Vicente: propone a Ferraz la expulsión de los cabecillas

El partido plantea sanciones para los ocho socialistas del sector sanchista que protagonizaron la revuelta contra el alcalde, aunque la decisión final dependerá de la Secretaría de Organización y, por tanto, de Ábalos

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, y el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, en marzo pasado. | ALEX DOMÍNGUEZ

Ofensas personales graves con menoscabo de la imagen de un cargo público, en este caso, el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar. O la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido, en este caso, el PSPV-PSOE. O la indisciplina reiterada. O actuar en contra de los acuerdos adoptados por la dirección. Incluso hacer públicos comentarios, opiniones o ideas opuestos a la línea política del partido. Son solo algunas de las cuestiones que, según los estatutos federales de los socialistas, pueden ser constitutivas de una falta grave, incluso muy grave, con las consecuencias que eso implica: la suspensión de afiliación, la inhabilitación de cargo público u orgánico, y hasta la expulsión del partido. Y eso es precisamente lo que el PSPV considera que han hecho los ocho socialistas rebeldes que protagonizaron la revuelta contra Jesús Villar. Hasta el punto de que plantea un castigo ejemplar para ellos, una vez cerrado el expediente informativo. En el caso de la exjefa de prensa y secretaria general de Juventudes Socialistas en el municipio, Ana López; el que fuera concejal de Urbanismo y figura clave de la moción de censura contra el PSOE en 2001 al convertirse en tránsfuga, José Gadea; el exportavoz municipal Jesús Arenas; y el cabecilla de los «rebeldes», José Luis Lorenzo, los instructores estiman que han cometido una falta que puede llegar a ser muy grave, lo que podría llevar aparejada la expulsión del partido. Mientras tanto, determinan que los regidores Lucía Rubio, Guillermo García, Isabel Candela y PIlar Alcolea han incurrido en una falta grave, lo que podría suponer la suspensión de la afiliación y la inhabilitación de cargo público u orgánico en un periodo que podría ir de los dos meses a los 18 meses. Ahora bien, la última palabra sobre las sanciones propuestas para este sector sanchista que se enfrentó al alcalde de San Vicente la tendrá la Secretaria de Organización del PSOE y, por tanto, José Luis Ábalos. De momento, los socialistas valencianos ya han dado traslado a Ferraz.

En concreto, en el caso de Ana López, el PSPV entiende que ha cometido una falta grave, incluso muy grave, por las ofensas lanzadas contra Villar. Sólo un dato: entre los mensajes que llegaron a salir a la luz, había alguno en el que afirmaba que «lo que me pide el cuerpo es cortarle el cuello a Jesús Villar y a todos sus seguidores y enterrarlos en las tierras del Raspeig».

En paralelo, los instructores destacan en el apartado de José Gadea los mensajes de audio remitidos a un grupo en los que se hablaba de revisar bases de licitación de procesos de contratación, de las injerencias en materia urbanística o del acceso privilegiado que tenía a determinados datos que, en teoría, deberían estar reservados al equipo de gobierno. Todo estando fuera del Ejecutivo local. Por si eso fuera poco, también se pone el acento en que aún hoy se asocia a Gadea con la moción de censura que en 2001 apeó a los socialistas del Gobierno y dio la vara de mando al PP. Se propone, pues, la sanción correspondiente a una falta grave o muy grave.

Por lo que respecta a Jesús Arenas, ya exportavoz del grupo municipal y exedil de Contratación, en el expediente se hace hincapié en que filtraba expedientes e información sensible, y se resaltan los insultos al alcalde, por lo que propone una falta muy grave. Unas cuestiones que, a la sazón, los instructores consideran que constituyen conductas especialmente reprobables por lo que suponen de instrumentalización de una organización como el PSPV-PSOE, anteponiendo otros intereses a los generales del partido.

Finalmente, en cuanto al que siempre se ha apuntado como principal cabecilla de los díscolos, José Luis Lorenzo, en el expediente se recoge que era él quien daba las instrucciones para que determinada información se filtrara a personas ajenas al equipo de gobierno, entre las que destacan licitaciones y concursos. Plantea una falta muy grave, y, al igual que en el caso de Arenas, el PSPV cree que se antepusieron intereses personales a los de la organización.

En cuanto a cuatro de los concejales que votaron en el pleno en contra de la modificación urbanística aprobada previamente en una comisión de Urbanismo -Lucía Rubio, Guillermo García, Isabel Candela y Pilar Alcolea-, el expediente apunta a una falta grave por un comportamiento que carece de respeto, responsabilidad e integridad, según la instrucción.

Con ello, se pretende dar por zanjada una crisis que comenzó en febrero, coincidiendo con la renuncia de la número dos y edil de Educación, Belén Arques, por desencuentros con Lorenzo. A partir de ahí, las cosas se precipitaron. La fractura en el seno del grupo municipal socialista de San Vicente se agravó: de una parte, estaban los ediles sanchistas comandados por José Luis Lorenzo, con José Gadea tratando de controlar el Ayuntamiento en la sombra; de la otra, el alcalde Y así fue como empezaron a salir los mensajes en los que la ya exjefa de Prensa expresaba su deseo de «cortarle el cuello» a Villar. O las descalificaciones de Lorenzo contra funcionarios municipales y la posterior reacción en cadena pidiendo su dimisión, lo que le costó tener que renunciar a su acta. O los chats de los regidores díscolos en los que se daba cuenta de procesos de licitación en grupos de WhatsApp que operaban al margen del alcalde y en los que había otras personas que no eran concejales, como Gadea. Unos chats -los de los ediles críticos- que, en la práctica, funcionaban como un grupo paralelo al margen del municipal, y en los que no sólo se descalificaba al alcalde, sino que se daba información sensible sobre procesos de contratación. Y, de por medio, la humillación pública de los sanchistas a Villar, después de que le tumbaran en un pleno la propuesta que llevaba sobre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pese a que contaba con los informes técnicos favorables. Así pues, el PSPV decidió tomar cartas en el asunto y no sólo optó por apoyar públicamente al alcalde, sino que abrió un expediente informativo, que ahora se salda con una propuesta de sanción para ocho de los socialistas sublevados. Falta por ver qué hace Ferraz con el sector sanchista que acabó protagonizando la revuelta contra un alcalde también socialista.

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