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La oposición exige a Villar que cese a los «díscolos» de San Vicente que el PSPV pide inhabilitar

Cs, PP y Vox apuntan al alcalde como responsable de que se mantengan en el Ayuntamiento las mismas personas para las que el partido pide la máxima contundencia tras el caso de los chats

Guillermo García, Pilar Alcolea, Isael Candela, Noelia Hernán, Jesús Villar, Patricia Ferri, José M. Ferrándiz, Lucía Rubio y Asun París. | INFORMACIÓN

Guillermo García, Pilar Alcolea, Isael Candela, Noelia Hernán, Jesús Villar, Patricia Ferri, José M. Ferrándiz, Lucía Rubio y Asun París. | INFORMACIÓN

En el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig manda la prudencia tras conocerse el contundente resultado del expediente informativo abierto por el PSPV contra los ediles y militantes socialistas implicados en la revuelta contra el alcalde, Jesús Villar. Un día después hay una calma tensa porque ahora la pelota está en el tejado de la Secretaría de Organización del partido en Madrid, que tendrá que resolver. Y hasta que no lo haga, la incertidumbre es máxima.

Hay tensión entre los concejales implicados, que no se pronuncian a la espera de ver qué decide hacer Ferraz ante la contundencia de las propuestas de sanción. El PSPV plantea desde expulsiones del partido de José Luis Lorenzo; la exjefa de Prensa y presidenta de las Juventudes Socialistas, Ana López; el exportavoz Jesús Arenas y el militante José Gadea, que en 2001 dio la alcaldía al PP ; a la suspensión de la afiliación e inhabilitaciones temporales de los concejales Lucía Rubio, Guillermo García, Isabel Candela y Pilar Alcolea.

Jesús Villar es, hasta el momento, es el principal beneficiario y quien está recibiendo todo el respaldo de su partido. Tras conocer la resolución por parte del PSPV, se muestra, por un lado agradecido de que se haya concluido el trámite en lo que al PSPV respecta, y por otro, se mantiene a la espera de la resolución final por parte de Ferraz.

El alcalde agradece el fin del trámite de los expedientes y está a la espera de la resolución de Ferraz

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Su aliado EU en el equipo de gobierno asegura que siguen trabajando con normalidad, que «el Ayuntamiento funciona» y no entran a valorar los expedientes abiertos por el PSPV.

Pero en la oposición son más contundentes. Los grupos no entran en las cuestiones internas del partido. Pero sí se pronuncian en cuanto a la implicación que esta situación ha tenido y tiene en el equipo de gobierno y la gestión municipal. Y apuntan directamente hacia el alcalde a quien acusan de no haber tomado medidas contra los «díscolos» y le exigen que cese a los ediles que el PSPV pide inhabilitar.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha afirmado que «el resultado de los expedientes viene a ratificar que se cometieron graves irregularidades en esos grupos de Whatsapp paralelos, por lo que el alcalde es el principal responsable de que los cuatro concejales que aún forman parte de su equipo sigan en sus cargos, y a él le corresponde decidir si les retira las competencias a unos ediles a los que su propio partido propone inhabilitar como cargo público». Cs anuncia que va a volver a pedir al alcalde en el pleno del próximo miércoles que solicite los informes que se comprometió a pedir a los servicios jurídicos hace más de un mes y, en su caso, que ponga los hechos en conocimiento de la fiscalía o de la Agencia Valenciana Antifraude.

En la misma línea, el grupo municipal Popular considera al alcalde como «máximo responsable» y creen que debe retirar las competencias a los ediles díscolos que siguen en el equipo de gobierno. El portavoz, Óscar Lillo, apunta a Villar y considera que debería investigar lo sucedido «porque presuntamente estos concejales han filtrado documentos y ha habido irregularidades de personas que iban en su lista electoral».

Lillo insiste en que el alcalde tenía que haber retirado las competencias a los concejales que se han quedado tras el caso de los chats. Y recuerda que fue el propio alcalde quien pidió a los ediles que dejaran las actas y se retractaran de las filtraciones. «No puede pasar ni un minuto más teniendo el alcalde en su equipo a personas que su propio partido, el PSPV, les propone para ser inhabilitados 18 meses». Lillo advierte que, de no inhabilitar a los concejales expedientados, «el alcalde está siendo cómplice, anteponiendo ser alcalde frente a la nefasta gestión».

El portavoz del grupo municipal de Vox, Adrián García, advierte que «nosotros ya denunciamos los posibles hechos ilícitos en relación a la extracción de documentación confidencial y pedimos que se investigara. El alcalde no ha hecho nada al respecto. No sabemos hasta qué punto el partido puede quitarle el cargo público a un concejal, creemos que entre eso y el respaldo y nueva confianza del alcalde a sus díscolos, no va a suceder absolutamente nada de aquí a final del mandato, esperemos equivocarnos y se subsanen las deficiencias de gobierno y por consiguiente la paralización política que sufre este Ayuntamiento».

Desde Compromís, su portavoz Ramon Leyda incide en que se trata de una situación interna del PSOE. Señala que la consideración de su formación ante los expedientes abiertos a los concejales «es un asunto interno de uno de los integrantes del equipo de gobierno. Se resolverá siguiendo el procedimiento que marque su reglamento interno».

Leyda añade que «para el conjunto de los vecinos y vecinas de San Vicente, la prioridad es que estas cuestiones no distraigan la gestión municipal y la atención a la ciudadanía. En este sentido vemos como el Pleno de este mes está vacío de contenido. Preocupante».

Preguntas en el pleno y reproches al alcalde

Desde que estalló el caso de los whatsapp y la rebelión contra el alcalde por parte del grupo municipal socialista, en febrero pasado, en todos los plenos ha habido referencias al mismo. En este varios grupos ya han manifestado su intención de interpelar al equipo de gobierno por los expedientes abiertos. El grupo Popular reprocha en cada sesión plenaria que los concejales socialistas «díscolos» a los que el propio alcalde pidió que se hicieran a un lado sigan en el gobierno. Y Vox va a preguntar si se va a investigar «si ha podido haber influencia de José Luis Lorenzo en alguna contratación».

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