El retraso ya es más que considerable. Cada día que pasa es la oportunidad perdida de una familia para estabilizar su vida comenzando por poder contar, aunque temporalmente, con una casa. Las viviendas sociales que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha comprado para utilizarlas de emergencia social aún no se han puesto en marcha. Ni tampoco hay fecha para que estén disponibles, a pesar de que ya hace un año que hay al menos una treintena de familias que han solicitado acogerse a estas viviendas.
Ahora y de nuevo, el Ayuntamiento acaba de contratar a través de un contrato menor por parte de Urbanismo, obras y adecuaciones necesarias por las deficiencias que se han detectado en las seis viviendas compradas hace ya dos años. Se trata de un contrato por valor de 10.000 euros formalizado el 25 de junio.
Este arreglo supedita la adjudicación que según ha explicado la concejal de Bienestar Social, Isabel Candela, valorará entonces las solicitudes presentadas para adjudicar las casas.
El proceso de compra ya fue complicado. El Ayuntamiento tuvo que variar el proceso farragoso de compra y finalmente hace dos años se logró adquirir la mayoría de las viviendas. En 2020 el consistorio se acogió al derecho de tanteo y retracto y adquirió una casa, también entre polémica, porque una joven pareja estaba a punto de comprarla también. Actualmente el consistorio cuenta con 6 casas, una de ellas reservada para casos de emergencia.
Tras la compra el Ayuntamiento hizo ya un contrato de revisión en la que se hicieron trabajos de pintura y arreglo de humedades, según recuerda la edil de Bienestar Social, Isabel Candela. Posteriormente hubo otro para amueblarlas y dotarlas de ropa de hogar y menaje. A continuación el área elaboró la ordenanza para regular la adjudicación y el 31 de julio de 2020 se abrió el proceso de solicitudes, ese mismo día ya se presentó la primera petición que actualmente son una treintena. Queda el último paso que es la adjudicación temporal a familias en riesgo de exclusión social. «Mi deber antes de darlas es que las casas estén en condiciones de ser habitadas», reconoce Candela «en una revisión, la brigada de mantenimiento encuentra deficiencias, electrodomésticos por cambiar, bombillas fundidas... Ahora hay que adecuarlas. El trabajo de Bienestar Social es adjudicarlas», recalca la edil.
El contrato por valor de 10.000 euros que acaba de formalizarse desde el área de Urbanismo completa o más bien vuelve a realizar un trabajo que debió hacer hace un año la empresa a la que se adjudicó la misma labor. El consistorio ya había firmado un contrato para el mantenimiento de estas casas que no resultó satisfactorio, según reconoce la edil, a tenor de que las viviendas todavía no son habitables. Este nuevo contrato tiene una duración de 30 días. La concejal asegura que una vez que termine esta nueva revisión podría comenzar la adjudicación de las casas.
La oposición ha puesto el grito en el cielo y PP y Ciudadanos han sacado los colores al equipo de gobierno, exigiendo mayor seriedad en un tema de tanta trascendencia y que afecta a familias con grandes necesidades.
El punto en el que se encuentran estas viviendas para familias en riesgo de exclusión social es una pregunta recurrente en todos los plenos municipales. Y también lo ha sido en el de junio. La edil Lourdes Galiana, del PP reprochó, a la edil de Bienestar Social el retraso en poner en marcha el nuevo contrato de adecuación de las viviendas que la edil había anunciado en el pleno de mayo. «Después de dos años y media no es de recibo que no estén en uso», lamenta Galiana, quien recrimina que ya ha habido cuatro contratos para poder poner en funcionamiento estas casas, de adecuación, para amueblarlas, para los boletines del gas y de nuevo para arreglos.
Mientras Mariela Torregrosa, de Cs, apremiaba a hacer las valoraciones de las familias mientras se arreglan las viviendas para no perder más tiempo.
La concejal de Bienestar Social advierte de que ese proceso, la reunión de la comisión técnica de valoración, se hará cuando las casas estén en condiciones de ser habitadas. Y asegura que las familias con más necesidades están siendo atendidas «bien con el pago de alquiler o alojadas en los recursos que tiene el Ayuntamiento», a la vez que apostilla que el consistorio cuenta con un montante de 150.000 euros para estos menesteres.
«No queremos tenerlas paradas», afirma Candela. «Somos los primeros que tenemos ganas de darlas», explica la concejal de Bienestar Social sobre el retraso que ella misma reconoce en la adjudicación de estas viviendas sociales, un compromiso del anterior mandato en el que se inició la adquisición de casas para crear un parque de vivienda social en San Vicente. «En ningún momento queremos tener las viviendas ahí paradas. De hecho estamos luchando para tener la oficina de vivienda, para tener más viviendas, para que la conselleria nos apoye en la compra. Sería ilógico que estemos haciendo todo este trabajo». Y matiza que las casas actuales «serán de emergencia habitacional, las que queremos serán para alquiler social».
