Esta vez no hubo movilización ciudadana. Y sí una fuerte presencia de Guardia Civil apostada desde primera hora de la mañana a las puertas de la vivienda de la calle Valencia de El Campello. La movilización contra el desahucio por parte de grupos como El Campello se Ayuda y Sindicato de Barrio de Carolinas impidió el pasado 14 de junio, que una familia fuera desahuciada. Ayer había 3 personas tratando de impedirlo, que se «rindieron» ante la imposibilidad de oponerse. Y no sin antes denunciar que «no se debe usar a las fuerzas de seguridad para sacar a alguien de su casa».
Dora, la mujer de 63 años sobre la que pesaba una orden de desahucio, dejó la casa por su propio pie antes de que la «echaran». La casa es de su marido del que está separada tres años y en ella vivía con su hija de 42 años y su nieta de 8 años. Ambas estaban fuera. A la niña le quisieron evitar el mal trago. Y la hija además tenía que trabajar en la limpieza para no perder su único sustento.
Dora se marchó pocos minutos antes de que la comitiva judicial acompañada por un cerrajero lo hiciese efectivo. Se fue con el temor de que pudieran echar la puerta abajo y mostrando que la vivienda estaba en perfecto estado. Y «con un poco de rabia de saber que el hombre al que una le dio todo es capaz de hacerle un desahucio».
La fuerte presencia de Guardia Civil persuadió a las únicas 3 personas que trataban de evitar que Dora dejase el piso
Se hizo efectivo a pesar de que desde la Dirección de Emergencia Habitacional habían pedido al juzgado a primera hora, como ya hicieron la vez anterior, suspender el lanzamiento hasta que la mujer tuviera una alternativa donde vivir.
Se trata de un caso complejo en el que están trabajando los servicios sociales de El Campello por la situación de vulnerabilidad de la familia. Dora ya había sacado todas sus pertenencias y se marchó a casa de una amiga. Ahora, el área de la edil Merce Pairó le ha ofrecido una solución de emergencia proporcionándole hospedaje en un hostal. Y añaden que tiene solicitada la renta de inclusión valenciana de 810 euros y le han prorrogado la ayuda económica que percibe hasta diciembre. Por su parte, la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, que conoce la situación de primera mano, advierte que por segunda vez han pedido al juzgado la suspensión hasta encontrar alternativa.
Han sido varios los trámites para encontrar soluciones. El Campello carece de un parque de vivienda social, de ahí que trasladaron a la Conselleria de Vivienda la situación de la familia, en riesgo de exclusión. Peris asegura que la mujer ya tiene una casa de alquiler social adjudicada, pero hasta septiembre no dispondrá de ella, a falta de reparaciones. Y adelanta que harán un seguimiento y acompañamiento social.
