Los recibos del agua de los campelleros por ahora no se van a ver incrementados por los costes de la desaladora, pero el municipio se expone por ello a un proceso judicial. Acuamed ha girado los primeros recibos al Ayuntamiento tras rechazar el pleno en marzo la modificación del convenio firmado en 2006 y la regularización de las tarifas, pendientes de revisar desde 2013. Pero la Corporación asegura que no puede repercutir ese dinero en el recibo por ahora, al requerir de un acuerdo plenario que fue tumbado. Y tampoco puede pagarlo directamente al estar prohibido por ley. Así, las facturas se van a quedar de momento en el cajón representan 12,5 millones en los próximos 25 años y todo apunta que traerá consecuencias legales para el Consistorio
El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la sociedad estatal Acuamed, ha remitido ya la factura correspondiente al mes de junio (87.610 euros) y otra por los ocho meses anteriores (709.117 euros) desde que entró en vigor el convenio firmado en 2006, el 1 de octubre de 2020. Estos son los primeros pagos que Acuamed anunció que iba a girar por los gastos de construcción de la planta de Mutxamel, ante el rechazo del pleno a la llegada del agua, lo que además ha destapado una grave crisis en el equipo de gobierno entre PP y Cs que amenaza la continuidad del tripartito.
El Campello se comprometió en 2006 a sufragar una parte del coste de la desaladora a cambio de recibir su caudal, pero el pleno rechazó en marzo, gracias a Cs y la oposición, que alegaban falta de información e incluso los naranjas presiones del alcalde, la modificación de ese acuerdo, que contemplaba alargar el plazo de amortización de 25 a 40 años para suavizar la subida del recibo, así como revisar las tarifas. Ante esta situación, Acuamed no puede servir agua desalada a El Campello, pero esta entidad anunció que en virtud del convenio de 2006 empezaría a repercutir ya en junio los costes de la obra pese a no beneficiarse de ella el municipio por ahora, lo que representan unos 12,5 millones de los cerca de 100 millones que supuso de inversión.
El problema reside ahora en que el Ayuntamiento no puede hacer nada con las facturas. El alcalde Juanjo Berenguer (PP) afirma que al no haberse aprobado las nuevas tarifas que también iban a pleno en marzo, el Consistorio, a través de Aguas Municipalizadas de Alicante, no puede recargar los costes de la desaladora en el recibo de los campelleros. Pero es que tampoco puede pagarlas de su bolsillo directamente la Corporación, ya que la Unión Europea prohíbe a las administraciones públicas sufragar el coste de unas instalaciones que se han levantado en parte con ayudas europeas.
Así las cosas, el Consistorio se ve abocado en unos meses a que Acuamed inicie un procedimiento judicial para reclamar este dinero... siempre que antes no haya un acuerdo plenario que permita desbloquear el nuevo convenio para la llegada del agua desalada y la regularización de las tarifas, o al menos aprobar unas nuevas tarifas que incluyan los costes de amortización.
El primer edil viene alertando desde marzo de las consecuencias legales que puede tener para El Campello la situación actual, lamentando la postura de la oposición y Cs. Berenguer recordó que es un tema complejo con varias derivadas, ya que por una parte está el precio del agua desalada, que con la adenda del convenio sería más baja que con el acuerdo de 2006. Por otra parte está la orden del Ministerio de que El Campello deje de abastecerse de los sobreexplotados acuíferos del Medio y Alto Vinalopó, de donde bebe ahora el municipio y por lo que podría exponerse también a sanciones. Y por último desde 2013-2014 no se actualizan las tarifas del agua y urge una regularización.
Berenguer recordó que El Campello tiene un convenio que cumplir, «que en 2006 también fue respaldado por el PSOE, que ahora rechaza cambiarlo pese a que contempla tarifas más bajas. Será que creen que el de 2006 es mejor». El alcalde destacó que Acuamed ha manifestado que si El Campello aprueba finalmente la adenda no tiene ningún problema en retirar estas facturas y aplicar lo que el documento contempla, por lo que aún hay tiempo, aunque se desconoce hasta cuándo estará abierta esta puerta. Y agregó que no se ha avanzado nada con el resto de partidos en este tema.
Además, Aguas Municipalizadas de Alicante ha elaborado un informe pedido por el PSOE para evaluar el impacto en el recibo de los campelleros que tendría la adenda, que ha sido ya trasladado a todos los grupos para que comprueben que las tarifas del agua desalada serán así más bajas que con el convenio de 2006.
