El Campello se encuentra con el tema del agua de la desaladora en un callejón del que por el momento no encuentra salida. El alcalde, Juanjo Berenguer (PP), manifestó el pasado fin de semana a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento no puede legalmente pagar las facturas por más de 800.000 euros que ya ha remitido Acuamed por los costes de construcción de la planta de Mutxamel. Pero tampoco repercutirlas en el recibo de los campelleros, por lo que, si nada cambia en los próximos meses, el municipio se va a ver abocado a un proceso judicial por impago.
Y estas facturas van a seguir llegando, a razón de casi 90.000 euros al mes, los próximos 25 años, pese a que por el momento El Campello no va a recibir agua desalada al no llegar a un acuerdo el pleno. Un pago que se basa en el convenio que en 2006 firmó el Ayuntamiento con los votos de PP y PSOE, para recibir agua desalada a cambio de sufragar una parte del coste de la planta.
La oposición afirma que desconocía que las facturas de Acuamed no se pueden pagar ni repercutir y denuncia oscurantismo
Pero el alcalde advierte que estos costes no se pueden repercutir, ya que el pleno también rechazó la revisión de las tarifas y, por tanto, sin ese mecanismo no se puede cobrar al cliente ese coste. Y tampoco lo puede pagar el consistorio al establecer la UE que al haberse construido la planta en parte con fondos europeos, los costes no pueden ser asumidos por el Estado, sino por los usuarios.
Cs, formación del equipo de gobierno que con su voto junto a la oposición en marzo ha bloqueado la llegada de estos caudales y abierto una crisis con el PP, insiste en que la adenda al convenio de 2006 que tumbó el pleno es más perjudicial en términos totales para El Campello, ya que considera que al ampliar el plazo de amortización de 25 a 40 años, al final el coste para los campelleros será mucho mayor que lo establecido en 2006, pese a que a priori el recibo sea menor, al haber 15 años más de repercusión.
Por ello, el portavoz naranja, Julio Oca, insiste en la necesidad de encargar un estudio independiente sobre cómo quedarían las tarifas tanto con la adenda tumbada como con el convenio de 2006, que contemplarían tanto los costes de construcción como el coste de producción del agua desalada. El Ayuntamiento, a instancias del PSOE, solicitó a Aguas Municipalizadas de Alicante, su distribuidora de agua, un informe sobre las tarifas con la adenda, que según el PP ya ha sido puesto a disposición de todos los grupos. Pero Cs recalca que es necesario que estos estudios sean realizando por una entidad independiente.
Oca reconoció que sabía que las facturas de Acuamed no iban a poder ser abonadas en las actuales circunstancias, ya que no existe un estudio que las respalde, pero lamentó que desde marzo no se ha hecho nada para poner solución, más allá de reuniones con Aguas y Acuamed para insistir en que se dé el visto bueno a la adenda, que únicamente contó con el apoyo de PP y Vox.
Desconocimiento
El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, se mostró de acuerdo con la propuesta de Cs de pedir un estudio que compare las tarifas, apuntando que el alcalde no les ha facilitado el informe que solicitaron sino que lo han recibido directamente de Aguas, agradeciendo la colaboración de esta entidad. Del mismo modo señaló que no sabían nada de que no se pudiera repercutir el coste de la desaladora en los recibos, señalando que «no nos cuentan nada, nos enteramos por la prensa». Y criticó que el PP «ha negociado los términos de la adenda sin tener los votos necesarios para aprobarla, sin consultar con nadie», y que la actual situación es consecuencia de su mala gestión, sin que haya tenido en cuenta las peticiones de Cs y oposición de más tiempo y estudiar mejor el tema y buscar alternativas.
Por su parte, desde Compromís Benjamí Soler manifestó que en las reuniones que han mantenido con el equipo de gobierno, Aguas y Acuamed no se dijo nada de que no se pudiera repercutir ni pagar las facturas. «No nos han dicho nada de eso», destacando que no ve que haya diferencia en este tema con que se aplicara el convenio de 2006 o la adenda tumbada en 2021. Y en cuanto a un posible cambio de posición de Compromís, que fue el único de la oposición que se abstuvo en el pleno de marzo, apuntó que «si no hay ninguna propuesta, difícilmente habrá posicionamiento».
Presiones
Desde EU su edil Pedro Mario Pardo también señaló que «ni técnicos ni Aguas nos dijeron nada de que no se pudieran pagar las facturas o repercutirlas. Lo que se dijo es que se iban a repercutir ya en junio, y con eso presionaban», lamentando la falta de información en este asunto.
Desde Red, su concejal Eduardo Seva destacó que «este tema está lleno de mentiras. En mayo nos dijeron que los costes se iban a repercutir y ahora dice el alcalde dice que no se puede». Por ello, se reafirmó en su rechazo a la adenda y puso en duda la sobrexplotación de los acuíferos del Vinalopó, motivo que se aduce para que El Campello deje de abastecerse de los mismos y reciba el agua desalada. El edil de Podemos Eric Quiles recordó que «somos los únicos que hemos planteado una alternativa, que es denunciar el convenio de 2006 por incumplimiento y negociar uno nuevo.
