Los seis investigados por el caso de los chats de San Vicente del Raspeig acuden el próximo 18 de octubre a declarar al juzgado. Se trata del que fuera portavoz y cabeza visible de los críticos, José Luis Lorenzo; el exedil de Contratación, Jesús Arenas; el actual concejal de Contratación, Guillermo García; la ex jefa de prensa y presidenta de las Juventudes Socialistas locales, Ana López Tárraga; la asesora Verónica García y el exconcejal en el gobierno de Francisco Canals, José Gadea.
La juez tomará declaraciones y decidirá entonces si abrir juicio, archivar el caso o solicitar más datos. Posteriormente, ya el día 22, acudirán los testigos, entre los que está el alcalde, Jesús Villar.
El caso estalló en marzo pasado al salir a la luz pública conversaciones mantenidas en dos grupos de Whatsapp en los que participaban concejales socialistas en el gobierno, exediles y militantes ajenos al consistorio. Fue la denuncia presentada por un particular la que alertaba de posibles delitos por parte de los integrantes de esos chats y lo que puso en marcha la investigación de la Fiscalía. Se alertaba de que en estos grupos de Whatsapp se manejaban documentos municipales sensibles. En ellos se compartieron documentos de la junta de gobierno local con datos de personas y empresas, así como de las mesas de contratación. Además aparecían datos que constaban en expedientes de contratación o de Urbanismo.
El Ministerio Público considera que, con el intercambio de información sensible en esos chats, se pudieron cometer delitos de infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, así como tráfico de influencias.
Desde que estalló el escándalo en marzo, en cada pleno, el portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, afea al primer edil que en la bancada socialista se sienten todavía concejales que formaban parte de esos chats en los que también se vertieron descalificaciones contra funcionarios. Y ahora, con la fecha fijada para la declaración, Lillo denuncia que el alcalde, no solo no ha cesado a Guillermo García, sino que le ha dado más competencias y un aumento de salario al darle una dedicación exclusiva. El edil reprocha que «ya que el concejal no se va» el alcalde debería retirarle las competencias de forma cautelar.
En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos , Pachi Pascual, ha exigido al alcalde que retire a Guillermo García las competencias como concejal de Contratación, «tal y como le pedimos ya en julio» cuando la Fiscalía abrió la investigación. Pascual advierte de que, en el caso «de que el juez lo mantenga como investigado tras tomarle la declaración, lo cese inmediatamente de todos su cargos en el Ayuntamiento, en caso de que no se digne a dimitir por sí mismo».
El alcalde rechaza dar explicaciones sobre la denuncia del abogado municipal
La denuncia interpuesta por el jefe de los servicios jurídicos municipales contra el alcalde acusándole de «prevaricación administrativa» por prorrogar un contrato con tres informes técnicos en contra sigue dando que hablar en el Ayuntamiento de San Vicente, dado lo insólito del caso. El grupo Popular pedía a Jesús Villar el viernes, nada más conocerse esta denuncia, convocar de forma extraordinaria y urgente la Junta de Portavoces. Exigía explicaciones sobre los hechos denunciados. Sin embargo, el alcalde no la ha convocado y fuentes cercanas a la Alcaldía indican que no lo va a hacer. Villar por su parte sí aprovechó para informar de lo sucedido a la cúpula del partido en el encuentro de delegados al congreso nacional del PSOE del sábado en Valencia.
