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El Consorcio sigue sin pagar a El Campello 1,2 millones por el vertedero

La entidad aprobó hace ya cinco meses abonar por fin el canon de vertido de 2013, 2017, 2018 y 2019

La planta de tratamiento de basuras de Les Canyades en El Campello, en una imagen de archivo. | J.A.RICO

El Campello aún no ha cobrado el canon por vertido de la planta de basuras de Les Canyades correspondiente a los años 2013, 2017, 2018 y 2019. Se trata de 1,2 millones que deben ser reinvertidos en la zona norte para compensar las molestias que sufren los vecinos, y que el Consorci Mare aprobó por fin abonar hace ya casi cinco meses... pero el Consistorio aún no ha recibido el ingreso, según denunciaron desde EU y confirmó este lunes el alcalde Juanjo Berenguer (PP).

El primer edil explicó que el municipio ha reclamado por escrito el abono de este dinero al Consorcio, un canon que desde se puso en marcha el vertedero ha sufrido enormes retrasos en su pago. La liquidación de estas cantidades por cuatro años se aprobó por fin hace casi cinco meses, tras varios retrasos y pese a que deberían abonarse anualmente.

De cualquier forma, desde el Consorci Mare explicaron este lunes que «va todo según lo previsto, ya que los procedimientos administrativos conllevan el cumplimiento de una serie de plazos», por lo que asegura que no existe ningún problema y el abono del canon de vertido se realizará cuando se completen los pasos pertinentes.

La Junta General del Consorci Mare aprobó el 1 de junio las liquidaciones de las compensaciones al Ayuntamiento por la explotación de la planta de tratamiento de residuos, ubicada en Les Canyades. Ello supone que la entidad pagará 246.455,92 euros de 2013, 327.553,62 de 2017, 335.249,40 de 2018 y 349.375,79 de 2019. En total: 1.258.633,73 euros.

Crisis de gobierno

Este retraso provocó un roce importante en el seno del tripartito el pasado diciembre, meses antes de que se evidenciara la profunda fractura interna entre PP y Cs. La formación naranja, cuyo portavoz Julio Oca ostenta Medio Ambiente y la representación del municipio ante el Consorcio, solicitó formalmente en nombre de El Campello el abono de intereses por la demora por los tres últimos tres años, así como la revisión de este canon por el que ingresa el municipio por tonelada enterrada en el vertedero. Una petición que no fue atendida y que además evidenció una crisis interna que se agrandó en marzo con la subida del agua por la desaladora.

La solicitud no contó con el respaldo explícito del alcalde, ya que desde el Consorcio aseguraron que el primer edil popular manifestó a su presidente que no iban a pedir estas dos medidas.

Moción por los intereses

Respecto a este retraso, Oca anunció ayer que preguntará por ello esta semana al Consorci, aunque señaló que «el presidente me dijo que dependía de Diputación, de la aprobación de sus presupuestos, por lo que tendría que abonarse inminentemente». Y en cuanto a los intereses, destacó que «debe ser el pleno el que lo apruebe. El próximo mes prepararemos una moción al respecto si desde Alcaldía no se hace, ya que entendemos que todos los grupos estarían a favor».

Además del pago del canon de vertido, El Campello está exento de pagar por el tratamiento de sus residuos. Hasta ahora ha ingresado como compensación unos 1,6 millones en tres pagos.

Críticas

El edil de EU, Pedro Mario Pardo, denunció la «falta de responsabilidad por parte del Ayuntamiento ante el Consorcio, primero por no exigir que el canon de cada año se pague en el primer trimestre del siguiente ejercicio, tal y como acordó el Consorcio. Segundo por no reclamar intereses de demora por lo que se adeuda al Ayuntamiento. Y tercero, por el maltrato a los vecinos de El Campello, a los que está obligado a defender. EU lleva denunciando desde el inicio de estos abonos que el dinero debe reinvertirse en la zona afectada para así resarcir de alguna manera la difícil situación que atraviesan los vecinos respecto a este problema de salud pública causado por un macrovertedero que da servicio a los 52 municipios de las Marinas. Esto demuestra el compadreo institucional entre Ayuntamiento, Consorcio y FCC, todos interesados en mantener el negocio de enterrar basura a causa de la salud de nuestros vecinos».

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