Algunos jóvenes con autismo que fueron víctimas de presuntas vejaciones y lesiones por parte de trabajadores de una vivienda tutelada para personas con discapacidad en El Campello eran castigados cuando se alteraban o se portaban mal con encierros en la caseta de la piscina o dejándoles sin días de permiso. Así lo han declarado ante la Guardia Civil trabajadores que han comparecido como testigos. Este cuarto no reunía condiciones de habitabilidad y los jóvenes encerrados tenían que hacer sus necesidades en una botella. Además, la Guardia Civil localizó en este habitáculo medios de sujeción para inmovilizar a estas personas a pesar de no contar con autorización para ello.
Estos encierros han motivado que la Guardia Civil impute a alguno de los implicados un delito de detención ilegal. El resto de delitos incluidos en las diligencias son los de lesiones, contra la integridad moral por trato degradante y vejatorio, intrusismo profesional y encubrimiento.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello ha detenido por estos hechos al director del centro de personas con TEA (trastorno del espectro autista), de 64 años; al coordinador y a un trabajador, de 46 y 47 años, respectivamente. Además han sido investigados otros tres empleados, dos mujeres de 62 y 36 años y un varón de 43.
El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, en funciones de guardia, acordó ayer, de acuerdo a la petición de la Fiscalía, la puesta en libertad provisional del coordinador, el único detenido que pasó a disposición judicial, ya que los otros dos quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil. Según informa el Tribunal Superior de Justicia, el juez de guardia le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de acercarse a la residencia y a sus usuarios, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Según el TSJ, la causa está abierta inicialmente por delitos de lesiones, contra la integridad moral y detención ilegal, sin perjuicio de ulterior calificación y seguirá ahora en el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, que tenía abiertas ya diligencias previas por este asunto con anterioridad.
La Guardia Civil de El Campello ha llevado a cabo la actuación de forma coordinada con el Servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Generalitat y la investigación se inició tras la denuncia de empleados del centro alertando de posibles malos tratos en la vivienda tutelada. Los empleados denunciaron esta mala praxis a personal de Servicios Sociales de la Generalitat durante una inspección.
La Generalitat denunció los hechos en la Fiscalía y el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante abrió diligencias y encargó a la Guardia Civil que investigara el caso.
Las pesquisas se centraron en el coordinador, sobre el que recaían la mayor parte de quejas. Los testigos señalaron a la Guardia Civil que pusieron en conocimiento de la dirección del centro alguna de estas irregularidades, pero los investigadores no han hallado documentación que acredite que se hubieran adoptado medidas para subsanarlas.
Éste centro es el único de toda la Comunidad que trata el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y los pacientes deben ser tratados con especial sensibilidad en razón a la afección tan concreta que presentan, según la Guardia Civil.
Oltra: «Un caso puntual»
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, indicó ayer que las detenciones en la residencia de El Campello son un «caso puntual» e indicó que la conselleria ofreció a los familiares de los residentes un cambio de centro pero «prefirieron que sigan en esa vivienda tutelada».
«Es injustificable, aunque estamos desbordados»
«Los malos tratos son injustificables, otra cosa es el personal que tiene que bregar día a día con la falta de recursos», advierte la presidenta de la Asociación Padres de Autismo, Carmen López, en el Centro Infanta Leonor de Alicante donde, confiesa, «estamos desbordados». Reclama más atención a sus demandas. Trabajan con personas «gravemente afectadas», pero la realidad es que hay seis personas con autismo grave por cuidador. Exige la visita del psiquiatra de zona cada semana y no una vez al mes. Y aprovecha para llamar la atención porque «el personal no puede estar todos los días al 100% y en alerta roja. No se puede hacer frente a situaciones con personas en estado agudo todo el día». Insiste en que «lo que ha ocurrido me produce repugnancia, bajo ningún concepto puede haber maltrato. Los cuidadores reciben golpes, los chicos no tienen culpa, no tenemos los recursos humanos adecuados», concluye.
