Una sentencia contra una decisión que puede tener implicaciones mucho más allá de las que marca el juzgado. Afectarían directamente al alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar. El Ayuntamiento acaba de recibir una sentencia que estima parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa Audeca SLU, como adjudicataria del servicio de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado urbano de San Vicente del Raspeig.
Le da la razón y, como pedía, da por extinguido el contrato. Un caso que tiene una mayor implicación puesto que por este mismo motivo el abogado municipal de San Vicente, Ramón Cerda, presentó una denuncia contra el alcalde, por un presunto delito de prevaricación administrativa, precisamente por la prórroga de este contrato por decreto y con informes en contra. El caso está en fase de diligencias previas y la juez por el momento ha pedido documentación. Ahora la contundencia de esta sentencia contra la prórroga podría condicionar la apertura de juicio al alcalde.
La mercantil recurrió contra el decreto firmado por el alcalde el 27 de diciembre de 2020 en el que se aprobaba la continuidad del contrato a través de una prórroga forzosa. La empresa consideraba improcedente el verse obligada a seguir prestando el servicio «por no concurrir el preceptivo mutuo acuerdo entre las partes» y consideraba que se tenía que decretar su extinción.
El alcalde firmó por decreto dicha prórroga, con informes técnicos en contra, y sin pasar por el órgano correspondiente, la junta de gobierno alegando que la prórroga debía hacerse por tratarse de un servicio esencial.
Ahora, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante declara nulo es decreto firmado el 27 de diciembre y lo deja sin efecto, extinguiendo el contrato suscrito entre las partes el 30 de junio de 2020.
La sentencia es parcial, puesto que no acepta la petición de la mercantil de que se le retribuya según los precios previstos en la nueva licitación.
Tras conocer la sentencia, el alcalde le solicitaba a la Asesoría Jurídica y Patrimonio municipal un informe sobre la viabilidad de interponer un recurso de apelación contra la sentencia (plazo que venció la semana pasada). Con el objetivo de «defender los intereses municipales y la presunción de legaliza de los actos administrativos».
Intereses no afectados
El abogado municipal, Ramón Cerdá, desarrolla en su escrito una justificación en la que indica que los intereses del Ayuntamiento de San Vicente no se han visto afectados; y concluye que el único interés de recurrir la sentencia es el personal del alcalde. Por lo que advierte que, por tener interés personal en el asunto del que se trata, la decisión de interponer un recurso de apelación debería corresponder al pleno. Y añade que en ese caso, si se decide interponer un recurso, el abogado no puede asumir la defensa municipal, al haber presentado una denuncia contra el alcalde.
Esta sentencia refuerza la denuncia presentada por el letrado contra el alcalde. La sentencia indica que la decisión de prorrogar el contrato de limpieza de zonas verdes es contrario a derecho porque no había un acuerdo mutuo del consistorio y la mercantil para prorrogar el contrato; y que Audeca envió varios escritos al Ayuntamiento y que por respuesta recibió un decreto-resolución que aprobaba unilateralmente la continuidad del expediente de contratación. Y añade que la prórroga no estaba acompañada de normativa contractual, ni siquiera respaldada por informes técnicos municipales. El abogado incide que Villar prosiguió con la prórroga del contrato a pesar de que estos informes contrarios «sin expresar ningún motivo o explicación que justificase la orden de prorrogar el contrato en contra del parecer del jefe del Servicio de Contratación y de la Secretaria municipal. Y se añade que Villar tampoco se interesó por saber si había alternativas a la prolongación del contrato. «Otros procedimientos dentro de la legalidad (que los había) -puntualiza el abogado del Ayuntamiento- para mantener las mismas o parecidas prestaciones mientras se licitaba el nuevo contrato». Y añade que «es por lo que este letrado, con ocasión y por razón de la defensa de los intereses públicos que le incumben, tras conocer los hechos, los ha denunciado ante un juzgado de la localidad que ha abierto diligencias, como sabe el alcalde , que solicita este informe».
«El Ayuntamiento se ha ahorrado 516.275 euros»
El abogado recomienda no recurrir la sentencia al no tener que pagar lo que reclamaba la empresa
El informe del abogado municipal, Ramón Cerdá, advierte que la sentencia emitida es «absolutamente favorable a los intereses municipales, dado que no hay que pagar a la demandante Audeca, ni en todo ni en parte, de las partes reclamadas en el juicio». El letrado destaca que el consistorio se ha ahorrado 516.275 euros. «En este aspecto es obvio que ningún interés tiene el Ayuntamiento en apelar la sentencia», explica de forma contundente el jurídico en el informe que ha elaborado a petición del alcalde para conocer las posibilidades de recurrir la sentencia. El abogado del Ayuntamiento advierte que en este caso hay dos intereses diferenciados para apelar. No ve ningún beneficio para el municipio y el único interesado en este caso sería el alcalde debido a la denuncia interpuesta por él mismo contra el primer edil.
El fallo estima parcialmente el recurso de la empresa. Y acuerda que los servicios prestados desde que el contrato se extinguió deben ser pagados según las condiciones del contrato al que estaba sujeta. La mercantil reclamaba que se le abonasen según los nuevos precios que recoge el pliego de condiciones. Sin embargo, el juzgado entiende que «lo más justo» es que se le pague según el contrato al que estaba sometida.
