El conflicto por la desaladora en El Campello parece abocado a acabar en los tribunales, salvo que haya un acuerdo del pleno para repercutir el coste de esta infraestructura en el recibo de los vecinos. El Gobierno central, a través de Acuamed, llevará al juzgado al Ayuntamiento si no atiende sus requerimientos para el pago de las facturas por las obras de la desaladora de Mutxamel y las actuaciones complementarias para permitir que el agua llegue a El Campello. Un caudal que por ahora no viene por la negativa del pleno a la modificación del convenio firmado en 2006 -donde se comprometía a sufragar parte de la desaladora- y a la regularización de las tarifas para repercutir el encarecimiento de este servicio a los usuarios.
El pasado junio llegaron las dos primeras facturas, por un total de 800.000 euros por el periodo entre octubre de 2020 y junio de 2021, que el Ayuntamiento no ha abonado, ya que afirma que no puede repercutir a los usuarios al no haberse regularizado las tarifas por el rechazo del pleno. Y el Consistorio asegura que tampoco puede pagarlas directamente, al impedirlo la Ley al tratarse de subvenciones de la UE. En total se trata de 12,5 millones a abonar en 25 años y en los próximos días se espera que llegue la factura correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, que podría superar los 260.000 euros.
Desde la sociedad estatal Acuamed explicaron a INFORMACIÓN que si no se abonan las facturas, «se procederá según el procedimiento interno de Acuamed de cobro de deudas. En primer lugar se reclama el pago de las mismas y, si no se produce dicho pago, se iniciarán los trámites correspondientes para interponer acciones legales». Así el gobierno central, en manos del PSOE, llevaría al juzgado al Ayuntamiento de El Campello, cuya Alcaldía ostenta el PP, quien acepta las pretensiones del Ministerio pero se encuentra que la oposición local que forma la izquierda, junto con Cs, votó en marzo contra la medida solicitada por Madrid.
Del mismo modo desde esta entidad señalaron que sigue manteniendo la propuesta de adenda acordada con el Consistorio y que el pleno rechazó en julio junto con la revisión de tarifas, «si bien es cierto que el Ayuntamiento no ha propuesto modificación alguna sobre la misma», por lo cual podría dejar abierta la puerta a una negociación del documento que solo fue respaldado por dos de los integrantes del tripartito, PP y Vox, y rechazado por su socio de gobierno Cs, junto con PSOE, EU, Red y Podemos, y la abstención de Compromís. El voto en contra fue justificado por la falta de información y «oscurantismo» en torno a este tema, denunciando incluso Cs presiones por parte del alcalde de Juanjo Berenguer (PP) que este negó. Se rechazó tanto la revisión de precios -lo que permitiría repercutir los costes a los usuarios- como la adenda al convenio por el que se ampliaba de 25 a 40 años el periodo de amortización del coste de la instalación.
El pasado agosto, tras llegar las primeras facturas y anunciar el primer edil que no se podían abonar ni repercutir a los usuarios, la oposición denunció que desconocía este «detalle», y Cs reclamó un estudio de tarifas para desbloquear la llegada de agua desalada y el pago de este dinero, algo que no se ha hecho hasta ahora. La formación naranja mantiene el convenio de 2006 es menos lesivo para el recibo que la propuesta que se tumbó en el pleno
Del mismo modo el alcalde Juanjo Berenguer (PP) advirtió que de no llegar a un acuerdo en el pleno para poder liquidar las facturas de Acuamed, el Ayuntamiento se vería abocado a un proceso judicial, como así confirma ahora la sociedad estatal.
Crisis interna
Así mismo, este tema ha puesto contra las cuerdas el tripartito, ya que el voto en contra de Cs a la propuesta del alcalde en marzo, entre acusaciones por parte de los naranjas de presiones, evidenció la fracturas entre PP y Cs, larvada desde hacía meses, y que ha hecho que se llegue a tantear la posibilidad de una moción de censura de la formación liderada por Inés Arrimadas con la oposición para tumbar al PP. Precisamente hace unos días trascendió que Compromís se ha abierto a negociar una posible moción de censura, que por ahora sigue de cualquier forma sin cuajar y con el rechazo de la dirección provincial de Cs.
