Segundo intento para revisar las tarifas del aguas en El Campello y evitar así el impago de las facturas que está remitiendo ya el Gobierno central por el coste de la desaladora de Mutxamel. El alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha incluido en el pleno del jueves este punto, que ya fue tumbado en marzo con el rechazo de su socio de gobierno Cs y de PSOE, EU, Red y Podemos, lo que abrió en el seno del ejecutivo una grave crisis que se mantiene abierta.
El primer edil, que prefirió este lunes aguardar al pleno para hacer declaraciones, busca dar solución al problema en el que se ha metido el municipio, al no haber aprobado la subida de las tarifas para repercutir los 12,5 millones que los campelleros deben abonar en 25 años en el recibo por este infraestructura hidráulica. Y además evitaría así el proceso judicial al que se ve abocado de seguir sin liquidar los recibos que está remitiendo el Gobierno central, a través de la sociedad estatal Acuamed, y que ascienden ya a 800.000 euros, tal y como informó este medio este lunes.
Así el pleno volverá a votar la revisión de precios, aunque no ha trascendido de cuánto sería el incremento y si esto desbloquearía a su vez la llegada de agua desalada. Y los populares, si Cs se mantiene en su rechazo, requerirían de la abstención de PSOE y Compromís para que la medida salga adelante.
El PP cuenta con el respaldo de Vox, que ya apoyó la medida en marzo, y la formación valencianista fue el único partido que se abstuvo entonces, lo que hace pensar que podría volver a hacerlo, aunque este lunes desde Compromís señalaron que su voto no lo harán publico hasta el jueves.
En cuanto al PSOE, cuyo voto parece que sería decisivo y que se encuentra con que un gobierno socialista en Madrid exige a El Campello que abone estas facturas, su portavoz Vicent Vaello señaló que se pronunciarán en el pleno, recordando de todas formas que siempre han estado abiertos a dialogar y negociar, una predisposición que en cambio lamentó no se ha mostrado desde el ejecutivo que dirige el PP. Tanto Cs como Red tampoco se manifestaron sobre su postura en el pleno.
Rechazo de EU y Podemos
Los que sí que adelantaron su voto negativo fueron EU y Podemos. Desde Esquerra Unida su edil Pedro Mario Pardo reclamó un informe jurídico sobre el incumplimiento del convenio firmado en 2006 «para conocer las responsabilidades que ha tenido cada administración y actúe en base a la Ley», ya que si decayera este documento El Campello ya no tendría que pagar parte del coste de la desaladora, compromiso que se recogía en ese convenio y que también tiene que abonar Alicante, Sant Joan y Mutxamel.
Pardo señaló que «en El Campello parece que somos los únicos que tenemos la obligación de pagar, pagar y tragar, somos nosotros y el resto no tienen ninguna porque nunca exigimos nada. Incluso el propio gobierno parece que no se cierra a dialogar y negociar la adenda, lo cual es lógico ya que somos quienes soportamos el riesgo de que en caso de algún incidente seremos nosotros quienes soportemos el daño ambiental», ya que la instalación toma el agua desalada y vierte la salmuera en El Campello. Esa adenda al convenio de 2006 también fue rechazada por el pleno en marzo, y contemplaba ampliar el periodo de amortización hasta los 40 años.
Desde Podemos su edil Eric Quiles calificó de «desastre» de gestión sobre este tema del tripartito e insistió en que el convenio se ha incumplido de forma reiterada por parte de Acuamed, que no lo ha activado hasta 2021. Recordó además que el coste de 50 millones de la instalación se ha disparado en más de un 50%, quedando además obras por hacer para por ejemplo poder servir agua desalada a la zona norte. Por todo ello también reclama interponer un contencioso para anular el convenio por incumplimiento del ejecutivo central. Y destacó que «el agua es un derecho de todas las personas» por lo que «no se puede permitir que valga más en un sitio que en otro».
