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La Generalitat desbloquea la macroampliación del vertedero de Xixona y abre la vía para su expropiación

La declaración de impacto ambiental favorable da luz verde a duplicar la capacidad de Piedra Negra pese al rechazo del Ayuntamiento y ecologistas, que la consideran desproporcionada para prolongar su vida útil dos décadas más

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Luz verde de la Conselleria de Transición Ecológica para duplicar la capacidad del polémico vertedero de Xixona, que está al borde de la saturación. La Generalitat ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable de las nuevas celdas de vertedero de rechazos de residuos domésticos de la zona A2, cuyas instalaciones actuales se encuentran en el municipio de Xixona y dan servicio a parte de l'Alacantí, l'Alcoià y El Comtat. Una medida que se adopta tras rechazar la mayor parte de las alegaciones del Ayuntamiento, ecologistas y una asociación de vecinos, que alertaban del sobredimensionamiento de la macroampliación, que alargará la vida útil del vertedero de Piedra Negra dos décadas más.

Así, se van a ampliar las instalaciones con las celdas 5 y 6, con capacidad para 2,3 millones de metros cúbicos, cuando las cuatro ya existentes tenían 2,6 millones, lo que ha generado una gran preocupación en la localidad turronera.

La DIA, previa a la autorización definitiva, implica un avance para la convocatoria del concurso público abierto del nuevo proyecto de gestión de valorización y eliminación de residuos domésticos de esta zona, para los próximos 20 años, que contempla a su vez la expropiación por 18 millones del complejo por parte del Consorcio Terra que integran los 37 municipios a los que da servicio, la Diputación y la Generalitat.

La declaración favorable cuenta con el aval del Instituto Geológico y Minero, máximo órgano hidrogeológico del Estado, según las previsiones del nuevo Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, según ha informado la Conselleria en un comunicado este jueves.

El concurso público abierto, supondrá la expropiación de las instalaciones actuales, propiedad del grupo PreZero, que acaba de adquirir a Ferrovial su filial Cespa, titular del complejo desde la privatización en 2015 de la empresa mixta participada por la Generalitat Valenciana, cuando el Consell, aún bajo gobierno del PP vendió el 51% de su participación. La expropiación se hace necesaria para abrir el concurso a todas las empresas licitadoras, en cumplimiento de la normativa de contratos de las administraciones públicas.

La nueva explotación del vertedero pretende modernizar las instalaciones y los procesos de recogida de residuos en origen, hacia los objetivos progresivos de "rechazo cero" en la gestión de residuos municipales. En este sentido, la instalación verá limitadas año a año las toneladas anuales de entrada, según marcan las nuevas normativas estatal y autonómica en materia de gestión de residuos, e implica dar solución a la problemática del área A2 para los próximos 20 años, según la Generalitat.

Así, se plantea para las nuevas instalaciones el aprovechamiento energético del biometano producido para la generación de energía eléctrica, en línea con las directrices del nuevo Plan Estatal de lucha contra el cambio climático.

En sus alegaciones los ecologistas alertaban que la ampliación solo busca el "enterramiento masivo de residuos" y no el reciclaje, no está justificada ni es legal, invade la Zona de Especia Protección para Aves (ZEPA) Montnegre, y advierte de irregularidades y deficiencias en el proyecto, así como en el tratamiento de lixiviados y generación de malos olores. Y por su parte el Consistorio, cuya alcaldesa Isabel López (PSOE) preside el Consorcio Terra, se opone por su gran impacto visual y por ser desproporcionada la ampliación. La Corporación considera que doblar la capacidad de enterramiento carece de base legal y va contra las medidas que buscan aumentar el reciclaje, advierte que las basuras ya son visibles desde varios puntos de la CV-800, y que su repercusión sobre el paisaje sería mayor al aumentar su altura.

La Conselleria ha tumbado en su mayor parte las alegaciones, aunque acepta en parte algunas mejoras solicitadas para reducir su impacto visual y ambiental.

Desde la Generalitat destacan que las mejoras realizadas en los últimos años, tanto en las recogidas separadas en origen como de los tratamientos en planta final, deben acompañarse de estrategias que aseguren la gestión de los residuos domésticos de las diferentes zonas para los próximos años. Este es el caso del Consorcio de residuos A2 con esta nueva autorización y nuevo concurso público abierto.

Asimismo, la inyección prevista de fondos de reconstrucción, especialmente en lo referente a las nuevas recogidas separadas y tratamiento de biorresiduos, recomienda dar un nuevo impulso a la planificación zonal y a las instalaciones de gestión.

La consellera de Agricultura, Desarrollo rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha manifestado que "debemos garantizar una adecuada continuidad en la gestión de residuos municipales, a través del 'mix' de instalaciones de gestión seguras y necesarias, apoyadas en los informes técnicos y vinculantes".

Hace pocas semanas, el Consorcio de residuos A2 ha licitado de manera abierta la explotación de su nueva red informatizada de ecoparques. Esta licitación permitirá aplicar descuentos económicos directos a la ciudadanía por las aportaciones separativas a los ecoparques. Se trata de un sistema al que ya tienen acceso más de 2,8 millones de habitantes censados en la Comunidad Valenciana en 2022, y que está incrementando, año a año, los índices de recogida separada en origen.

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