Los técnicos municipales de El Campello están en pie de guerra. Las últimas polémicas por los informes de Intervención sobre fraccionamiento de contratos o la negativa del jefe de la Policía Local a firmar el abono de más arrastres de la grúa tienen su origen en las instrucciones dadas por el alcalde Juanjo Berenguer en 2020 y 2021 para llevar a cabo este tipo de contrataciones, aunque esta tendencia arrancó en 2018, en el pasado mandato. Y es que un grupo de funcionarios han presentado varios escritos en los que alertan que estas órdenes hacen que la responsabilidad sobre la legalidad de los contratos recaiga sobre técnicos que no están titulados ni ostentan cargos para ello, eliminando la fiscalización previa de Intervención y Contratación. Unas reivindicaciones que cuentan con el respaldo de la Junta de Personal, que ha remitido un escrito pidiendo que cada departamento asuma sus competencias.
Catorce funcionarios entre ingenieros y arquitectos de las áreas de Servicios y Territorio, entre ellos tres jefes de servicio, han presentado dos escritos en el último año y medio en los que reclaman que se dé marcha atrás en estas instrucciones y exigen al secretario un informe sobre la legalidad de las mismas. Y ante la falta de respuesta, el Síndic de Gregues ha abierto el mes pasado una investigación a instancias de los funcionarios. Alertan que "se ha ido declinando cada vez más la responsabilidad y la tramitación integra del procedimiento de la contratación de contratos menores en cada departamento”, creando una "indefensión jurídica" y "vulneración de derechos" de estos trabajadores..
El Síndic abre una investigación al no responder el Consistorio a la petición de un informe sobre la legalidad de la orden
Por su parte el primer edil ha explicado esta semana respecto al procedimiento de los contratos menores que «llevo tiempo hablando con el secretario sobre ese tema para clarificarlo, y ha refrendado que es legal», respaldando esta posición tanto Intervención como Contratación.
Precisamente por un tema de fraccionamiento por dos contratos menores de mantenimiento prolongados durante años a raíz de una denuncia de EU están procesados no solo los dos últimos alcaldes, Berenguer por su etapa entre 2011 y 2015 y Benjamí Soler (Compromís) por el mandato siguiente, sino tres ediles y una jefa de servicio. Y esta circunstancia ha hecho que la preocupación entre el funcionariado sea máxima, más aún cuando sus responsabilidades legales han ido aumentado en los últimos años.
En este sentido la Junta de Personal, donde figuran los sindicatos Fesep, UGT, CC OO y SI-CV, remitieron en marzo a la Alcaldía y la concejalía de Recursos Humanos que ostenta Lourdes Llopis (PP) un escrito en el que, entre otros temas, manifiestan «nuestro apoyo a los trabajadores municipales que estén o puedan estar inmersos en procedimientos judiciales por la mala gestión política, por las luchas y disputas entre los partidos políticos así como por la falta de soluciones que se deberían proporcionar desde los servicios municipales competentes. Exigimos que las luchas y disputas entre distintos partidos políticos dejen al margen a los trabajadores y trabajadoras municipales y que cada servicio municipal se responsabilice de sus competencias». Así, respalda la reclamación de los técnicos de que no se les cargue con responsabilidades legales que no les corresponden y reclaman que la «guerra» abierta entre PP y Cs deje al margen a los funcionarios. El último choque entre ambos partidos, tras afirmar los naranjas que "se miente" en un informe de Intervención que cuestiona la legalidad de unas facturas.
Estas directrices son las que han provocado que el jefe de Policía no firme más arrastres de la grúa y las polémicas con Intervención
En el último escrito presentado por los técnicos municipales, fechado el pasado agosto, reclaman un «informe de Secretaría sobre la adecuación a la legalidad vigente de las instrucciones de servicio existentes en materia de contratación pública del Ayuntamiento».
Así mismo, piden que «se modifique la figura del ‘Responsable del contrato’ en los distintos modelos que sirvan de base para la tramitación de contratos menores, de manera que esta figura cumpla las obligaciones establecidas en la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) y no se deriven a esta figura obligaciones y responsabilidades extraordinarias. El órgano de contratación debe nombrar, para cada contrato, al responsable del contrato y establecer las facultades que le atribuye, así como definir la forma de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y los medios que se ponen a disposición del responsable del contrato».
Y reclaman que «de forma urgente se convoque a los distintos servicios y departamentos municipales, para acordar un sistema para la contratación administrativa, que adecue la distribución de cargas y de responsabilidad entre los distintos servicios municipales en función de sus competencias, y se regule mediante el procedimiento legal oportuno».
Alertan de un "traspaso claro de tareas y responsabilidades a los distintos departamentos, sin que esté justificado este proceder"
El escrito, de 18 páginas, concluye manifestando "el malestar de todos los trabajadores y trabajadoras municipales de la administración especial del área de Infraestructura Pública, Servicios y Mantenimiento y del área de Territorio y Vivienda, por no contar con nosotros para acordar un procedimiento para la contratación administrativa, favorable para todas las partes que puedan intervenir y acorde con las competencias y atribuciones de cada una en la tramitación de la contratación administrativa de este ayuntamiento. A pesar de que consideramos que somos un cuerpo de gran importancia en el funcionamiento diario de esta administración; sentimos nuestros derechos vulnerados; por no ser considerados para debatir y aportar nuestro punto de vista sobre la organización y gestión municipal, por asignarnos de manera unilateral un exceso de responsabilidad jurídica que no nos corresponde, y por ver que continuamente se realizan cambios en la organización municipal sin la correspondiente tramitación, lo que genera un ambiente de trabajo muy desagradable y poco eficaz».
La Junta de Personal respalda a los funcionarios y pide que queden al margen de las luchas entre PP y Cs
Los técnicos municipales argumentan que “no nos corresponde la evacuación de informes jurídico-administrativos para la tramitación de ningún tipo de contrato, sino tan solo participar en la redacción de pliegos y prescripciones técnicas, dentro del ámbito de nuestras competencias profesionales”. Recuerdan que “en principio, para tramitar un contrato menor, y siguiendo las directrices establecidas en la instrucción 1/2021, depende del importe del mismo y del concepto. Si bien aunque en principio pudiese parecer que se cumplen los requisitos para aplicar un contrato menor, posteriormente y en base al criterio aplicado por la fiscalización limitada se podría considerar que aunque se tratase de objetos independientes, sumando los importes resultantes, podría superarse el límite del contrato menor y se pondría a posteriori reparos a los contratos menores ya tramitados, no teniendo solución”.
Indefensión jurídica
Los funcionarios alertan que esta situación crea “una indefensión jurídica y unas lagunas importantes sobre el proceder de los expedientes tramitados ya que ante los últimos cambios en la normativa de contratación, es imprescindible para tener la debida seguridad jurídica en la tramitación de los expedientes, conocer el criterio a emplear por parte del departamento de Intervención a la hora de la realización del futuro informe de control financiero, para valorar la viabilidad de la tramitación de los contratos menores, así como para tramitar las facturas mediante el procedimiento abreviado de la citada instrucción, sin embargo, no se tiene información al respecto y se pretende que, aun así, se aplique la instrucción 1/2021, a pesar de que no han respondido las diversas cuestiones planteadas por el cuerpo técnico de este Ayuntamiento”.
Destacan que “se ha ido declinando cada vez más la responsabilidad y la tramitación integra del procedimiento de la contratación de contratos menores en cada departamento”.
Concluyen que “con los procedimientos de las distintas instrucciones de servicio que regulan la tramitación de los contratos menores de 2018 hasta la fecha, ha habido una delegación y traspaso claro de tareas y responsabilidades a los distintos departamentos, sin que esté justificado este proceder. Y lo que es peor aún, sin que haya una cualificación para ello en los distintos servicios municipales que son puramente de perfil técnico. Incrementándose el sin sentido de esta situación cuando no se da respuesta a las dudas suscitadas y planteadas formalmente en las tramitaciones de estas instrucciones. Por lo tanto, se acrecienta la inseguridad jurídica en la tramitación de estos procedimientos”.
