Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig han estallado. Saturados y superados por la situación, tras haber estado en primera línea en los peores momentos del covid-19 y a continuación, atendiendo las consecuencias de la crisis, con el incremento de la demanda de ayudas, ahora se le ha sumado otra crisis, la de los refugiados ucranianos, que amplía la carga de trabajo. Una situación sobrevenida que dicen, ha sido la puntilla a una situación que aseguran, les ha puesto al límite de sus posibilidades. Confiesan que quizá debían haber advertido antes de su situación, porque la gota ya ha colmado el vaso. Y advierten que en esta situación, los peor parados son los propios vecinos de San Vicente.
El jefe del área, Marino Martínez, pone voz a las reivindicaciones de los trabajadores y personaliza los problemas que han ido acumulando. "Lo primero que quiero reconocer el inmenso equipo que este ayuntamiento tiene en Bienestar Social, por la entrega, la profesionalidad. Un equipo fabuloso. Ya que no hemos tenido mucho reconocimiento, les quiero agradecer el trabajo diaria en unas condiciones complicadísimas".
La crisis del coronavirus ha multiplicado por cuatro el trabajo en un servicio que advierte Martínez, arrastra un déficit de personal desde 2008. "La pandemia ha agudizado los problemas sociales, mentales, con los mayores... Ha complicado la situación social. Y la implantación del expediente electrónico además, ha supuesto un alejamiento de la atención directa, además de aumentar la brecha digital, especialmente con la población excluida".
"La pandemia acabó de rematar a mucha gente que atendemos. Y todo con una ley que nos pide más servicios pero no podemos contratar a más personal. Esto ha provocado un agotamiento de la plantilla", explica. Todo ello se traduce en una serie de carencias que enumera: en primer lugar exponiendo que en la atención primaria se están dando citas con más de 60 días para atender urgencias. Solo una persona atiende los casos de violencia de género, en una población que oscila entre las 110 y 130 atenciones anuales. Se tarda más de un año para valorar la Ley de Dependencia cuando el límite son 6 meses. No hay programa de absentismo escolar y está a punto de caducar el de conductas adictivas. "Practicamente no hacemos nada en tema de enfermedad mental o discapacidad. No tenemos acción comunitaria, solo en Santa Isabel, contratado con una empresa. Y todo se ha agravado con la crisis de la guerra en Ucrania. En definitiva, una situación global que crea tensión y agotamiento del personal", explica.
El Servicio Especializado de Atención a Menores en Situación de Riesgo o con Medidas Jurídicas de Protección y sus Familias (SEAFI) "solo tiene a 2 personas, para una población de 60.000 habitantes", advierte Martínez. Y en definitiva, la situación repercute en la ciudadanía. "Tenemos un equipo extenuado, al borde del colapso. Y no podemos garantizar derechos que los ciudadanos tienen. Por ello necesitamos que de forma provisional hasta que salgan las plazas necesarias, se busquen fórmulas legales que puedan solucionar esta carencia de personal que nos impide dar una respuesta que nos exige la conselleria".
"Hace falta mucho personal", insiste Marino Martínez, que cifra en al menos una veintena de personas las necesarias para alcanzar un nivel "mínimo de respuesta legal a las exigencias de la "Conselleria". En Bienestar Social son 25 trabajadores y el jefe del área apunta que deberían ser al menos el doble para poder responder a la Ley de Servicios Sociales 3/2019, "muy buena, pero con un punto de partida contradictorio, porque los servicios sociales se convierten en un derecho, pero no tiene medios para cumplir con lo que exige". La norma ha desplegado una serie de necesidades que deja en manos de los Ayuntamientos el desarrollo de las actuaciones. "Se crea la figura del contrato programa por el cual la Conselleria paga el personal y el ayuntamiento tiene que hacer los programas durante cuatro años. Pero choca con la ley de estabilidad presupuestaria que impide contratar más personal, así que seguimos siendo los mismos con más trabajo".
Los trabajadores piden que se busquen fórmulas para incrementar la plantilla. "Somos 20, deberíamos ser 40, la Conselleria aconseja 60 y para ir bien tendríamos que ser 80 trabajadores", sentencia el jefe de Bienestar Social. Y añade programas que por falta de trabajadores no pueden realizar: "no tocamos programas de vivienda, ni de inmigrantes, ni de discapacitados. Hacemos lo básico".
Advierten que no se trata de un conflicto para reclamar un mayor salario. "Necesitamos medios humanos y materiales para cumplir lo que la Ley exige", insiste Marino Martínez, quien hace hincapié en que en servicios sociales cumplen más allá de su horario laboral, y lo justifica por el hecho de que se trata de un trabajo "vocacional". "El equipo está tensionado y desbordado, al borde del colapso" y advierte Martínez que si empiezan a sufrir bajas por exceso de trabajo "tendrá consecuencias muy graves para la ciudadanía".
De ahí que insistan en la búsqueda de fórmulas provisionales para incorporar "al menos 10 personas este año". Y pide al ayuntamiento que apueste "por unos servicios sociales del siglo XXI"
A ello se le suman las carencias materiales y la necesidad a medio plazo de contar con más centros sociales. San Vicente, con casi 60.000 habitantes, debería tener, a juicio del profesional de los servicios sociales, tres centros sociales y sumar al de Santa Isabel otro en la parte este, en la zona de la calle La Huerta; y otra en la oeste del municipio. Y disponer también de más espacio para acoger a los trabajadores que se vayan incorporando.
