Llueve sobre mojado en los servicios sociales de San Vicente del Raspeig, cuyos trabajadores han denunciado esta semana haber llegado a un estado de saturación por la acumulación trabajo y la falta de personal. Y a ello se une lo delicado del departamento en el que trabajan, con atención a personas con necesidades y problemas de toda índole. En apenas una semana han sufrido dos altercados protagonizados por sendos usuarios alterados que han obligado a avisar a la Policía Local. El primero se produjo el pasado martes y el último ha sido este lunes. En ambos casos y gracias a la presencia del vigilante de seguridad privado que desde hace nueve meses está presente en este departamento los gritos e insultos no pasaron a más. Pero en las dos ocasiones ambas personas se encararon con el personal administrativo y el propio jefe de servicio, Marino Martínez. Y tras avisar a la Policía Local, en ambos casos las personas fueron desalojadas y los incidentes no llegaron a mayores, según reconocen fuentes policiales.
Este servicio de seguridad privada se contrató precisamente por la inseguridad que denunciaban los empleados del área de Bienestar Social, y que se acrecentó tras la agresión física que sufrió una empleada. A finales de este mes finaliza ese contrato y la incógnita es conocer cómo se va a cubrir este servicio, puesto que ya no se puede volver a contratar con un contrato menor. Este en concreto seformalizó en agosto de 2021 por 17.369 euros.
Mientras en la oposición, el grupo municipal Popular critica que está a punto de finalizar y no se han dado señales de que se va a contratar de nuevo el servicio.Mientras que desde el área de Seguridad indican que para cubrir de nuevo el servicio se están desarrollando todos los procesos para poder licitar la seguridad privada a través de un contrato mayor por dos años de duración.
El PP denuncia que la continuidad de este contrato que finaliza este mes "es más necesario que nunca". El portavoz Óscar Lillo recuerda que tras múltiples reclamaciones tanto del personal municipal y también del PP que lo reclamó en varios plenos, se firmó un contrato por nueve meses de duración para prestar servicios en materia de seguridad y vigilancia en el interior de las dependencias municipales. “Ya considerábamos que era un contrato escaso pero servía como medida provisional para cubrir esta necesidad ante los altercados q en varias ocasiones se habían producido en dependencias municipales y la falta de protección y de seguridad” explica. El edil consiera que nueve meses "es tiempo suficiente para haber iniciado los tramites para sacar este servicio a concurso, licitarlo y adjudicarlo y dotar a las instalaciones municipales de un servicio control de acceso y seguridad tal y como se tiene en cualquier administracion. Así ademas viene estipulado en el propio acuerdo donde se adjudicó el contrato en agosto para que se tuviera listo a la finalización de este contrato, y no ha sido así".
“No sabemos si optaran por otro “parche” de contrato menor, cuestión esta que técnicamente podría ser controvertida por la propia legislación en materia de contratación en el sector publico al ser un servicio recurrente y continuado” señala el portavoz.
“Nuevamente queda demostrado que Villar y su equipo no miran mas allá del día a día y no son capaces de planificar ni gestionar esta ciudad, en 9 meses no han sido capaces ni de redactar ni publicar el pliego para cubrir este servicio tan necesario a sabiendas que tenían ese plazo y que es un servicio necesario dada la desprotección de las instalaciones municipales, trabajadores y personas que las usan”.
Falta de agentes de Policía
Los Populares indican que precisamente ha sido la falta de personal en la Policía Local la que motivó la contratación externa de la seguridad en el Ayuntamiento. "La propia policía local tiene la plantilla muy mermada y también al limite de la extenuación, fruto de la falta de efectivos al no sacar las plazas durante varios años y actualmente sin fecha para la convocatoria de las pruebas", denuncia Lillo.
Para el portavoz Popular, Villar y su equipo son una “factoría” de generar problemas y no de tomar decisiones y plantear soluciones. Tristemente se nos vuelve a dar la razón, el Partido Popular ya advertía de los problemas existentes y el servicio de seguridad es necesario y debería ampliarse , dado que es habitual que hayan intervenciones prácticamente a diario. Se ha llegado incluso a agresiones verbales o físicas a trabajadores o la sustracción de documentos como recientemente ocurrió, ademas de no existir un control de acceso a las instalaciones municipales”.
El portavoz Popular destaca que los trabajadores municipales son "el verdadero motor de este Ayuntamiento y lo único que quieren es poder trabajar en unas condiciones adecuadas y seguras y para ello necesitan que quien gobierna, esté a la altura y a día de hoy es mas que evidente que no lo está". Recueda que el área de Servicios Sociales ha puesto de manifiesto la grave situación en la que se encuentran a lo que se suman múltiples reclamaciones de varias áreas y secciones sindicales. A la falta de medios humanos al no convocarse las plazas, se suman la falta de medios tecnicos y cuestiones laborales sin resolver como la Relación de Puestos de Trabajo, el Plan de carrera o el plan de formacion, ademas de condiciones de seguridad adecuadas.
"Villar como alcalde y responsable del área de Recursos Humanos vuelve a demostrar que o no es consciente de lo que sucede o lo que es más grave consiente que esta situación se perpetúe en el tiempo sin tomar medidas eficaces", sentencia Lillo.
