En una semana el Ayuntamiento de San Vicente se quedará sin el servicio de vigilancia privada del que dispone desde hace 9 meses. Especialmente necesaria en un departamento tan sensible como el de Bienestar Social, donde se han producido altercados y agresiones. Fueron de hecho los reiterados problemas y las quejas de los trabajadores los que motivaron el contrato.
El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado que es "la incapacidad del tripartito (PSOE-EU-Podemos) para adjudicar el contrato" lo que ha llevado a esta situación. El portavoz de Cs, Pachi Pascual, ha lamentado “la incapacidad que está demostrando este equipo de Gobierno para gestionar el Ayuntamiento de San Vicente en muchos ámbitos, en esta ocasión en uno tan sensible como es la seguridad de los trabajadores, especialmente los del departamento de Servicios Sociales que veían pidiendo este servicio de seguridad durante mucho tiempo y que, tras implantarse, ven cómo en pocos días dejará de prestarse”.
El Ayuntamiento realizó un contrato menor el pasado mes de agosto para incorporar vigilancia privada en las dependencias municipales durante nueve meses, periodo que finaliza en los próximos días sin que se haya sacado a licitación un contrato por procedimiento abierto, por lo que dejará de prestarse este servicio. Y lo ha reconocido el concejal socialista de Seguridad y Policía Local, José Manuel Ferrándiz, a preguntas del portavoz de Cs.
Aún no hay pliegos
Desde Cs recuerdan que el contrato menor fue una solución provisional para dotar de vigilancia privada al Ayuntamiento mientras se elaboraba un contrato abierto, "pero como suele ocurrir con el tripartito, llega la fecha de finalización de ese contrato y nos encontramos con que no han hecho los deberes y no tenemos un nuevo contrato adjudicado y, en este caso, ni siquiera unos pliegos de condiciones elaborados”.
El portavoz de Ciudadanos ha lamentado “la situación de desprotección que van a tener que soportar de nuevo los trabajadores municipales por la inoperancia de este equipo de gobierno, que afecta especialmente los funcionarios de Servicios Sociales que ya han sufrido varios intentos de agresión, en los que ha tenido incluso que intervenir la Policía Local en más de una ocasión, las últimas veces hace escasas semanas”.
La caducidad del contrato de seguridad privada se suma a otros problemas que vienen denunciando los trabajadores de Servicios Sociales, como es la falta de personal en un departamento que sufre una importante sobrecarga de trabajo y que ve cómo el tripartito no es capaz de reforzar la plantilla para atender en condiciones a los ciudadanos, mientras los refuerzos previstos en el contrato-programa siguen sin llegar.
En este sentido, el Síndic de Greuges ha abierto de oficio una investigación sobre la atención social en el Ayuntamiento debido a la saturación que afecta a los Servicios Sociales y a la sobrecarga de trabajo de la que vienen alertando los propios funcionarios. Ello provoca retrasos de más de un año en la valoración de las personas con dependencia, demoras en las citas, programas como el de absentismo escolar que no se realizan o asuntos tan importantes como la salud mental o la discapacidad que están totalmente desatendidos.
