La operación para repatriar los restos de Rafael Altamira hasta El Campello empieza a recibir apoyos y da sus primeros frutos. El embajador de España en México ha remitido ya al Ayuntamiento de El Campello el certificado de la defunción del jurista alicante, dando así el primer paso en un proceso que se espera largo y farragoso.
Las instituciones españolas y mexicanas del más alto nivel ya han empezado a reaccionar muy positivamente a este proyecto del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), y de la familia de Rafael Altamira para traer los restos mortales del prestigioso humanista y jurista internacional desde el cementerio de México DF hasta el camposanto de El Campello, donde están enterrados sus padres y al que deseaba retirarse una vez jubilado, como anunció antes de exiliarse al país centroamericano en 1944.
La primera institución en dar pasos decididos y firmes ha sido la Embajada de España en México, que dirige Juan López-Dóriga Pérez, que ha encomendado al cónsul general, Manuel Hernández Ruigómez, la labor de apoyo logístico a la causa campellera. El cónsul, como primera acción, ha localizado el certificado de la defunción de Rafael Altamira, inscrita en el Registro del Estado Civil del consulado con fecha 3 de abril de 1952, diez meses después de su fallecimiento.
Ese documento, redactado a mano, recoge a su vez el acta misma de defunción de Rafael Altamira, que se produjo exactamente a las 15.00 horas del 1 de junio de 1951, en domicilio de la capital mexicana.
El siguiente paso, encomendado también a Manuel Hernández, consistirá en la localización exacta de la sepultura del literato y su mujer en el pabellón español del cementerio de la capital mexicana, así como facilitar el contacto directo entre las autoridades mexicanas para tramitar la solicitud de repatriación de la pareja.
Así mismo la Diputación, la Generalitat y el Gobierno central han manifestado al Consistorio la voluntad de colaborar en esta iniciativa, emplazándose a reuniones próximamente para concretar esta ayuda, destacando el compromiso mostrado por el presidente de la Diputación Carlos Mazón, y el embajador español en México.
El alcalde remitió la pasada semana cartas al presidente de la Diputación; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Cultura, Miquel Iceta; el embajador de España en México, Juan López-Dóriga, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.
En todos los casos Berenguer explicaba en su misiva las razones que le llevan a plantear el proyecto, pidiendo respaldo institucional y, en el caso de las autoridades españolas -Diputación, Generalitat y Gobierno central-, compartir los gastos del proceso del traslado a El Campello de los restos mortales de Altamira y su mujer, Pilar Redondo, cuyo coste se desconoce.
El primer edil y el bisnieto del humanista, Ignacio Ramos Altamira, acordaron hace dos meses poner en marcha este complejo proceso. El jurista, nacido en Alicante en 1866, falleció en la capital de México en 1951, donde vivía exiliado y donde reposan sus restos en una sepultura sita en el Pabellón Español del cementerio del Distrito Federal, en una tumba que presenta un gran deterioro, abandonada y con la lápida partida. Y todo pese a tratarse de un alicantino universal, ya que no solo fue el primer español en formar parte del conocido hoy como Tribunal Internacional de La Haya, sino que fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones y fue doctor honoris causa por las universidades de Burdeos, París, México, Santiago de Chile, Lima, Columbia y Cambridge.
