El juzgado de Alicante que investiga por presunta estafa a los responsables de una inmobiliaria de la playa de Muchavista en El Campello, detenidos el pasado abril, ha ordenado el embargo de las cuentas e inmuebles de los investigados y de las tres empresas vinculadas a los hechos. El magistrado ordena dicho embargo tras cifrar el montante de la presunta estafa en unos tres millones de euros, un millón más que la cantidad estimada por la Guardia Civil. Aunque en la causa hay ya una docena de afectados que se han personado como querellantes, la Guardia Civil ha señalado en un informe que puede haber 38 personas afectadas. El embargo de bienes por valor de tres millones se realiza para cubrir las eventuales «responsabilidades pecuniarias».
Dichos cálculos los ha realizado la Guardia Civil tras analizar la documentación incautada en el registro de la inmobiliaria Lorelai Aloha en la playa de Muchavista, un local donde estaba también la sede de las empresas investigadas. Varias semanas después de las detenciones y registro de las oficinas, la inmobiliaria cerró el local.
El abogado defensor de un matrimonio francés y su hijo, responsables de las empresas investigadas y detenidos por la Guardia Civil tras recibir varias denuncias, ha recurrido ante la Audiencia el embargo acordado por el juez del caso al considerar que no se ha estafado a nadie y que se han devuelto cantidades importantes a compradores de casas que pidieron la devolución del dinero entregado a cuenta.
El auto de embargo dictado por el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que además de las cuentas bancarias afecta al menos a nueve fincas en Busot donde está una de las promociones no concluidas, señala que los investigados ponían a la venta inmuebles supuestamente en construcción a cambio de dinero, pero las obras en unos casos «no se han iniciado o no avanzan o simplemente no son posibles, bien por carecer de derechos sobre los terrenos en cuestión o por no ser los mismas edificables». Los compradores, añade el auto, pagaban cantidades anticipadas en base a las ofertas de venta y al uso de documentación, como notas registrales sobre la titularidad de propiedades que han sido modificadas o cuentas y seguros de afianzamiento que no son reales.
La mayor parte de los compradores son extranjeros, de Francia y Bélgica preferentemente, y varios de ellos han conseguido que los investigados les devuelvan el dinero entregado a cuenta, algunos tras la presentación de denuncias y otros tras una «reclamación insistente», según el juez. Sin embargo, estas devoluciones se hacían con dinero entregado por otros compradores.
En el registro de la inmobiliaria en la playa de Muchavista, la Guardia Civil intervino documentación de dos promociones en Busot y Mutxamel. De esta última hay una reclamación de una compradora que entregó a cuenta 79.000 euros y descubrió en el Ayuntamiento de Mutxamel que en dicho terreno no se podía construir por ser espacio natural.
El magistrado hace referencia en el auto a las declaraciones prestadas por la secretaria de las empresas investigadas, por el jefe de obra y por un comercial. «Todos ellos afirman que no se ha entregado la llave de ninguna vivienda a ningún comprador y que ninguna obra ha sido finalizada», según destaca el juez.
La Guardia Civil señala en su atestado que los investigadores destinaban parte del dinero entregado por los compradores a cuentas suyas como ganancias y las cantidades destinadas a las obras eran nulas o «irrelevantes». Asimismo, añade el auto, los investigados mantienen un alto nivel de vida, con vehículos de alta gama y un chalé en la zona del Golf en Alicante.
Aunque la Benemérita habla en su informe de que puede haber 38 personas afectadas y el fraude puede ascender a dos millones de euros, el magistrado eleva a unos tres millones la cantidad presuntamente estafada. Para ello señala que recibieron 723.000 euros de ocho afectados, por lo que haciendo la media con 38 posibles afectados la cantidad presuntamente defraudada llegaría a algo más de 3,4 millones de euros.
El juzgado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de estafa, falsedad en documento oficiales y públicos y pertenencia a organización criminal.
Para la defensa de los dueños de la inmobiliaria, las conclusiones de la Guardia Civil son "suposiciones o elucubraciones" y apunta que se trata de operaciones inmobiliarias "con carácter civil" y que no deben ser objeto de un procedimiento penal. Señala en el recurso contra el embargo de los bienes que en unos casos las obras no se han podido ejecutar y los contratos se han resuelto "mediante acuerdo amistoso" y devolviendo el dinero, mientras que otros casos las obras están en marcha. "Varios de los denunciantes han recibido cuantiosas cantidades de las entregadas a cuenta, algo incompatible" con las acusaciones de estafa. Asimismo, señala que se han devuelto ya cerca de 700.000 euros y que la medida del embargo es "prematura e innecesaria, es injusta y desproporcionada", de tal forma que aboca a la quiebra de los negocios de los investigados.
