El sindicato Fesep anuncia acciones legales contra la separación de las áreas de Servicios e Infraestructuras aprobada por el alcalde Juanjo Berenguer (PP) este mes para desbloquear el Consistorio. La organización sindical con mayor representación municipal alerta que la nueva división presenta irregularidades que incumplen la Ley, al cambiar el organigrama municipal y no haber pasado por Mesa General de Negociación ni haber sido elevado a acuerdo plenario, vulnerando la legalidad vigente. También por poner al frente de una jefatura de servicio a una funcionaria interina, y advierte que hay indicios de acoso laboral contra la funcionaria que es apartada de la jefatura. Por su parte EU también considera que se aparta a la técnico por cuestionar el procedimiento para los contratos municipales.

En un comunicado el Fesep denuncia que "el Ayuntamiento de El Campello, en lugar de garantizar la seguridad jurídica de los empleados y empleadas públicas del Área de Infraestructuras, emitiendo un informe solicitado a la Secretaría municipal como respuesta a las dudas suscitadas acerca del procedimiento legal establecido para la tramitación de los expedientes de Contratación y de facturas, recurre mediante unos decretos exprés al nombramiento de una funcionaria interina para la ejecución de un proyecto temporal, procedente de una bolsa de trabajo de Técnico de la Administración General (TAG) y le asigna, de forma encubierta a través del programa temporal y saltándose el procedimiento legal, funciones de jefatura de servicio, con la vulneración del derecho a la promoción profesional del resto de funcionarios y funcionarias de carrera del Ayuntamiento de El Campello y no siendo competente para ello el personal interino y menos a través de un programa temporal". 

El sindicato con mayor representación en el Ayuntamiento advierte que "en el decreto se recoge que la propuesta de proyecto de ejecución temporal denominado “Propuesta de mejora de transformación e implantación de una nueva gestión integral de la actividad de Infraestructura Pública y Servicios Públicos del Ayuntamiento de El Campello” cuenta con la conformidad de la Secretaría y de la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos, y que la funcionaria interina para la ejecución del mismo aceptó la oferta el pasado 21 de junio, si bien el proyecto temporal se aprobó por la Alcaldía el 12 de julio. Sin embargo, los empleados y empleadas públicas del área no han sido consultados ni han participado en la redacción del proyecto. Ni siquiera se les ha notificado los cambios en sus condiciones de trabajo que implica el proyecto. Por otro lado, el proyecto temporal modifica el organigrama municipal, aunque se indique que de forma provisional, sin haber pasado por Mesa General de Negociación y sin haber sido elevado a acuerdo plenario, vulnerando la legalidad vigente". 

"La Alcaldía de El Campello, con el visto bueno del secretario municipal y de la jefa de RR HH, en lugar de reforzar el servicio municipal de Contratación para tramitar todos los pliegos técnicos de servicios públicos que están pendientes de licitación, y de dotarlos económicamente, descabeza la actual jefatura del área, cubierta desde 2008 por una ingeniera de caminos, canales y puertos (ICCP), con competencias en la materia, y la deja sólo como responsable de Infraestructura Pública, y pasa a atribuirle funciones de jefatura de Servicios Públicos a una TAG, sin conocimientos de Ingeniera, con funciones administrativas de nivel superior y sin competencia en la materia, para hacerse cargo de los servicios públicos, de personal técnico y de las brigadas municipales. Todo ello, en contra de la opinión de los empleados y empleadas públicas del área, que entienden dicho cambio en el organigrama municipal como castigo y represalia ante el cuestionamiento realizado por el equipo técnico municipal, sobre los procedimientos de contratación pública y haber elevado queja al Síndic de Greuges, ante la falta de respuesta por la secretaría municipal y la Alcaldía". 

En la resolución de la queja frente al Síndic, se indica la falta de colaboración del Ayuntamiento de El Campello con el Síndic de Greuges, ya que no ha facilitado en plazo la información solicitada, y que ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por las personas promotoras de la queja.

La FESEP anuncia que "adoptara las acciones legales judiciales que procedan contra los decretos 2022-2461 de 12/07/2022 y 2022-2489 de 14/07/2022 y contra todas las personas que resulten responsables de los mismos, ya que, hay indicios en esta medida también de la comisión de un presunto acoso laboral". 

Esquerra Unida

Por su parte el edil de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo ha lamentado respecto a estos cambios en el Ayuntamiento que "una vez más Juanjo Berenguer vuelve a actuar tarde y mal. Pareciera que el alcalde haya tenido que estar procesado judicialmente para darse cuenta de los graves problemas que existían en el Ayuntamiento, vinculados al incumplimiento por su parte y por otros alcaldes anteriores, de la Ley de contratos públicos". Y es que el temor a otras imputaciones por supuestos fraccionamientos está bloqueando el día a día municipal.

El concejal apunta que "dicha denuncia no fue puesta de inmediato. Se estuvo advirtiendo de forma reiterada de la gravedad del asunto para que se adoptaran las medidas necesarias que corrigiera la situación de irregularidad de decenas de contratos públicos a dedo antes de que fuera demasiado tarde. La cuantía de dichos contratos asciende en el último informe de intervención en 2,3 millones de euros. Pero en lugar de adoptar soluciones, tal y como requerían los departamentos de Intervención, Contratación y Secretaria, han estado escudándose, y utilizando los informes de la técnica municipal de Servicios para su conveniencia política, mientras acusaban a EU de atacar la honorabilidad de la funcionaria. Hoy la apartan de manera despiadada, tras más de 20 años de servicio, cuando la funcionaria que ahora cuenta con toda la información necesaria ha cambiado de criterio y no da su visto bueno para encadenar contratos menores, puesto que lleva meses esperando a que el secretario emita un informe que le dé garantías jurídicas para ello". Precisamente esta técnica está procesada en la causa por la que se van a sentar en el banquillo los dos últimos alcaldes por fraccionamiento de contratos, y que se inició por la denuncia de EU.

EU agrega que "esta situación no se habría dado si las jefaturas fueran puestos que se ocupasen por oposición en lugar de ser decretados por el alcalde y recompensados a través de productividades con casi 10 000 euros extra de salario. Así se evitaría que el funcionariado de alto cargo tenga que soportar una presión que probablemente les dificulte llevar a cabo con objetividad".