Ni siquiera las multas, ahora más elevadas, de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana están evitando la imagen que ofrecen muchos puntos de San Vicente del Raspeig. Basura acumulada junto a contenedores, calles con escaso mantenimiento y en el extrarradio, muchos puntos en los que se acumulan escombros y restos de muebles y colchones abandonados.
Las quejas son recurrentes, y este mes se han agudizado. El portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, hace también de portavoz de muchos sanvicenteros que están contactando con su grupo para expresar su malestar y pedir que se apremie al Ayuntamiento a tomar medidas. "Las quejas que nos trasladan es que San Vicente está en un estado preocupante. Hay una situación de dejadez y desidia lamentable; están dejando pasar el tiempo y no sé con qué intención", destaca. A la vez, lamenta que no se están librando de esta situación ni las partidas rurales y zonas de urbanizaciones ni el centro. Este fin de semana ha sido especialmente intenso en la aparición de insectos, sobre todo de cucarachas, roedores, en la plaza de España, en el núcleo histórico, según ha explicado. "Si no hay higiene ni limpieza es proclive a eso", denuncia.
Lillo ha lamentado el mal estado por falta de mantenimiento en el que se encuentran los contenedores y pone énfasis en los que están soterrados que denuncia están sucios y rodeados de inmundicias.
Sin noticias del nuevo pliego de basura
Al hilo del mantenimiento, el portavoz del PP recuerda que se tiene que elaborar el pliego de condiciones del servicio de recogida de residuos y limpieza urbana, que ha de redactarse de nuevo; y reprocha que no se está contando con los vecinos ni se da participación a las asociaciones para que aporten sus necesidades e ideas para este servicio. El PP ha pedido la creación de una comisión que pueda tratar y hacer seguimiento de la elaboración del pliego que no se ha constituido, pero Lillo lamenta que "pasan los meses y no hay ninguna noticia del contrato de la basura".
La situación de suciedad y acumulación de escombros no le es ajena al consistorio. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, ha asegurado que durante el mes pasado desde su área se realizó una recogida y limpieza de los materiales acumulados en contenedores que ascendió a 22.000 kilos. Y añade que durante lo que discurre del mes de agosto se ha llevado a cabo una nueva tarea de retirada de material de las calles en la que ya se han recogido 52 toneladas.
"El extrarradio de San Vicente del Raspeig es una zona conectada con el resto de municipios de alrededor, y en ocasiones nos encontramos con residuos tirados tras nada más realizar las limpiezas. Estamos en contacto directo con Policía Local, encargados de la gestión y cumplimiento de la ordenanza. En el momento en que detectamos materiales que no deben depositarse en los contenedores habituales o localizamos vehículos depositándolos, lo notificamos".
A las quejas de los vecinos se suma también un apremio del propio Ministerio de Transportes. El Servicio de Vigilancia de la Unidad de Carreteras ha apremiado al Ayuntamiento de San Vicente a eliminar residuos y a limpiar la zona en un camino local que linda con la carretera. En un escrito advierte al consistorio que ha localizado vertidos de escombros y residuos urbanos en márgenes de caminos públicos en el entorno de tramos de las carreteras A-77a (vía urbana entre Alicante y San Vicente) y A-77.
Carreteras advierte que el Ayuntamiento tiene las competencias sobre la gestión de los residuos urbanos y le pide que tome las medidas necesarias para recoger y eliminar los desechos. Todo ello con el objetivo de que esos tramos se conviertan en vertederos ilegales.
La situación del servicio de recogida de basura y limpieza de San Vicente es muy delicada puesto que el contrato que se adjudicó a Cespa en 2013, está en prórroga forzosa más de dos años. El pliego de condiciones se tiene que volver a elaborar tras una sentencia judicial, lo que está provocando una situación de colapso en el municipio con medios, materiales y vehículos obsoletos. Los propios trabajadores han reconocido la precariedad actual en la que se presta el contrato y que el municipio no está en las condiciones que debería.
