El Ayuntamiento de El Campello no va a presentarse como acusación particular en la causa abierta contra la exconcejala de Podemos, Mari Carmen de Lamo, una vez que el juez ha procesado a la que hoy exedil del Partido del Campello (actual Podemos) y exsecretaria general de Podemos, así como al secretario municipal Carlos del Nero y la técnico Carolina López, por el caso Pativel.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Alicante ha visto indicios de delito en la actuación de los tres y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de prisión para todos ellos.
El consistorio no va a personarse "de ninguna manera" en este caso, según han adelantado fuentes de la alcaldía campellera. Aunque en este caso hay implicados altos funcionarios municipales. Por su parte, el alcalde, Juanjo Berenguer, mantiene silencio en este caso, fiel a su máxima de no hacer declaraciones en asuntos judiciales.
El caso se remonta al año 2019. En ese momento Esquerra Unida denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un supuesto trato de favor de la concejala entonces de Urbanismo al hacer presuntamente maniobras para evitar que se protegiera una finca propiedad de su suegro. Un terreno que se veía afectado por el plan de la Generalitat que blindaba el litoral.
El juez decretó el pasado 9 de septiembre el auto de incoación de procedimiento abreviado por el que se cierra la instrucción del caso y se procesa a estas tres personas, ya daba 10 días a la Fiscalía y a EU para la presentación de escrito de acusación.
El concejal del grupo municipal de EU en El Campello, Pedro Mario Pardo, siente respaldo a su denuncia y recuerda que el mismo juez que pidió en un primer momento el archivo de la causa dice ahora que hay causa "y de hecho mete también al secretario". La Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso el año pasado al advertir indicios de delito. Las nuevas diligencias practicadas han desembocado en este procesamiento, del que se excluye al jefe de los Servicios Informáticos, para el que se ha decretado el archivo de la causa.
EU: "Continuaremos adelante"
Por su parte, el concejal de EU adelanta que en los próximos días "vamos a presentar acusación porque hay indicios de delito y continuaremos adelante". El edil señala que tanto la reapertura del caso como la petición de la Fiscalía reafirman la denuncia presentada en su día "y que se debe de investigar y no se puede cerrar".
Pardo no entra a valorar si el Ayuntamiento debía haberse personado o no, pero sí lamenta "que un secretario municipal que debe velar por el cumplimiento de la legalidad y la transparencia para los grupos municipales se vea envuelto en una posible actuación de intereses para ocultar el acceso de Esquerra Unida a una documentación pública y entorpecer la fiscalización de EU".
Pardo se reafirma en la denuncia presentada en su día y en seguir adelante porque "nuestra obligación es denunciar ya que se ha producido una presunta vulneración de la ley". El concejal señala que la principal diferencia ahora radica en que su denuncia se dirigía únicamente a la exconcejal de Urbanismo y ahora el actal secretario municipal de El Campello "también está implicado".
Desde la formación morada no han querido hacer ninguna valoración al respecto al ser requeridos por este medio y han mantenido silencio. Podemos solicitó en mayo de 2020, cuando se archivó la causa contra De Lamo, la dimisión del concejal de EU que había denunciado el caso. También instó a la formación denunciante a pedir perdón por el daño en el honor que le había causado.
La denuncia de EU alertaba de presuntos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios contra De Lamo. El magistrado abrió una investigación para aclarar si la ya exedil maniobró para modificar un informe de alegaciones municipales al plan Pativel para evitar que se catalogara como suelo no urbanizable protegido la finca de su suegro, en el entorno del río Seco, y para eliminar una propuesta presuntamente firmada por ella, que finalmente fue suscrita por el entonces alcalde, Benjamí Soler (Compromís).
El juez ve indicios de que De Lamo presuntamente actuó para «ocultar» la propuesta que firmó ella misma pese a tener intereses directos, siendo borrado del expediente en colaboración con los otros dos funcionarios, y cambió las competencias al técnico responsable, que había dictaminado a favor de las afecciones del Pativel, por otro que proponía «salvar» la zona del río Seco, donde se ubica esta parcela. E impulsó las alegaciones para levantar la afección sobre la zona de los terrenos, manteniéndolos urbanizables.
El fiscal Anticorrupción Pablo Romero pide para De Lamo por los delitos continuados de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias, de negociaciones prohibidas y de infidelidad en la custodia de documentos penas que suman 21 años de inhabilitación y 42 meses de prisión. Para el secretario y la técnico, por infidelidad en la custodia de documentos, 21 meses de cárcel, que de no tener antecedentes no les llevarían a prisión, a ser menos de dos años.
