El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig volverá a contar con vigilantes privados para dotar de mayor seguridad el área de los Servicios Sociales, y a la vez, amplía este servicio. Las dependencias y espacios municipales de San Vicente del Raspeig contarán ya a principios de 2023 con un servicio que colaborará con la Policía Local y complementará sus labores en el control de situaciones conflictivas o actos vandálicos.
Este jueves 17 de noviembre se someterá a Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente para el inicio del proceso de adjudicación de este servicio de seguridad privada por un importe de 260.012,26 euros.
El contrato tendrá dos años de duración, con la posibilidad de prorrogarlo por dos años más, para reforzar la vigilancia y el control en el área de Servicios Sociales. San Vicente ya contó con vigilancia privada durante nueve meses hasta el pasado mes de mayo y ahora se da un paso más al incluir el centro social del Barrio de Santa Isabel, los parques Lo Torrent y Adolfo Suárez e instalaciones deportivas, así como eventos de carácter deportivo organizados por el consistorio.
El alcalde, Jesús Villar, explica que “se trata de un servicio transversal que va a cubrir las necesidades de diferentes departamentos, lo que dará solución a las demandas del personal, mejorando y ampliando significativamente la seguridad en Servicios Sociales”. Además, el primer edil recalca que la presencia de vigilantes de seguridad no sólo disuade los posibles casos de conflicto, sino que también “supone una alianza esencial con los agentes de la Policía Local para realizar tareas complementarias en el control y vigilancia en parques o actividades deportivas”.
De esta forma, las dependencias de Servicios Sociales contarán con un vigilante de nueve de la mañana a dos de la tarde, en horario de atención al público. Además, el servicio irá más allá del edificio consistorial, pues también se implantará en el centro social Santa Isabel. En este caso, la vigilancia de lunes a jueves será de nueve a dos y los viernes desde las once hasta las dos de la tarde.
Por su parte, los parques Lo Torrent y Adolfo Suárez, dos de los espacios públicos más relevantes de San Vicente del Raspeig, contarán con la presencia de un guardia jurado para fortalecer la vigilancia en horario vespertino y nocturno: de mayo a septiembre de seis de la tarde a doce de la noche y de octubre a abril, desde las seis de la tarde a las diez de la noche. Principalmente, porque desde el área de Parques y Jardines aseguran que es en ese periodo en el que aumentan los actos vandálicos que afectan a las infraestructuras y los servicios públicos disponibles en los parques.
Piscina de verano
El contrato también contempla la vigilancia durante la temporada estival de la piscina de verano, una vez se finalicen las obras de ampliación y unión con la piscina cubierta. Unas labores que ha requerido la concejalía de Deportes para el control del recinto y el apoyo en la zona de control de acceso. De la misma manera, el servicio tendrá en cuenta aquellas pruebas deportivas que organice el Ayuntamiento y requieran el montaje de infraestructuras en la vía pública.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Ferrándiz, destaca el detallado trabajo en la elaboración del proyecto ya que “es imprescindible conocer las necesidades en materia de seguridad de todos los departamentos implicados dada la complejidad del proceso para poder conectar y especificar cada detalle en el pliego de condiciones”. El edil indica que es una prioridad “dar una solución efectiva y correcta”, especialmente teniendo en cuenta las demandas del área de Servicios Sociales.
A su vez, desde la concejalía de Contratación, Guillermo García, afirma que “los técnicos del departamento se han volcado para que el contrato, que consideramos primordial, saliera a concurso con la mayor premura posible”. Así mismo, el regidor explica que las empresas disponen de un plazo de 35 días desde la publicación de la licitación en la plataforma de contratación para presentar sus ofertas y añade que “será entonces cuando comience el proceso administrativo para dictaminar cuál es la mejor propuesta”. García estima que la adjudicación se podría materializar durante los primeros meses de 2023 “si los plazos avanzan según lo previsto”.
