La concesionaria de la basura exige a San Vicente 4 millones más por las prórrogas forzosas

El deficiente servicio de recogida de basuras y limpieza viaria no solo está generando quejas entre la ciudadanía, sino que además puede costarle aún más caro al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. PreZero, concesionaria del servicio, reclama al Consistorio el abono de 4 millones por las prórrogas forzosas del servicio, que abarcan 2020, 2021, 2022 y este año, según ha alertado el PP.

La empresa ha presentado este mes un recurso de reposición contra la última prórroga para 2023, por el que reclama cerca de 1,6 millones adicionales, además de los más de cinco millones en los que está valorada la contrata. Además, ante el rechazo por silencio administrativo de los anteriores recursos presentados contra las prórrogas, la mercantil ha llevado el tema a los tribunales a través de un contencioso administrativo por los ejercicios 2020, 2021 y 2022, que suman unos 2,7 millones. Cuatro millones en total para compensar el desfase entre el contrato firmado en su día y el coste real actual, pese a la actualización de precios llevada a cabo por el Ayuntamiento.

El pleno debe ratificar este miércoles el decreto de Alcaldía por el que se ordena la preparación del expediente para su remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que el pasado 9 de enero requirió al Ayuntamiento a que aportara en 20 días la documentación de esta contrata.

Este servicio lleva caducado y forzosamente prorrogado al ser un servicio esencial desde junio de 2020, una situación que se alarga ya más de dos años y medio, al tumbar la licitación de la nueva contrata el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en noviembre de 2021, y aún no haber sacado a adjudicación el nuevo concurso, cuya redacción se está ahora tramitando. Sobre esta reclamación, la edil de Servicios, Pilar Alcolea (PSOE), ha señalado que, al ser un tema jurídico, no es algo de su competencia.

El PP denuncia el bloqueo de la nueva contrata de basuras en San Vicente

El Partido Popular ha sido el que este lunes ha hecho público que la concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, al que reclama el incremento de costes de los trabajos ejecutados en el período de prórrogas forzosas del contrato, que cuantifica en cerca de 4.000.000 de euros. 

Los populares consideran que "lejos de abordar el problema" el actual equipo de gobierno formado por PSOE, EU y Podemos "no quiere asumir el coste político que les supondría reconocer el gasto real del servicio de limpieza a día de hoy, dilatando una situación en el tiempo que recaerá en próximas corporaciones. La consecuencia más preocupante de todo ello es que actualmente San Vicente continúa teniendo un servicio de limpieza deficiente, que no cubre las necesidades actuales para que la ciudad esté limpia y por el que habrá que pagar más en el futuro". Una gestión que califican de "nefasta".

El Partido Popular ha criticado la "pasividad" del tripartito en el proceso para sacar a licitación un nuevo contrato para este servicio que caducó en junio de 2020 . En estos momentos, está pendiente de licitar la contratación de la empresa que redacte el pliego para sacar a concurso la contrata, que estaba valorada en el anterior proceso anulado en 6,4 millones. El PP ha lamentado que esto ha sido "un paso atrás en un procedimiento que debería haber estado listo para adjudicar a mediados de 2020 y que retrasará todo el proceso", temiendo los populares que se extienda más allá de 2023. 

Así, su alcaldable Pachi Pascual anunció la pasada semana su compromiso a llevar a cabo un plan de choque para acabar con la falta de limpieza en la ciudad, recordando su portavoz municipal Óscar Lillo que una encuesta encargada por la formación popular señala que este tema es la mayor preocupación de los sanvicenteros.

Situación deficitaria del contrato

La empresa PreZero ha reiterado en sus recursos su rechazo a mantener el servicio en San Vicente. En su último recurso de reposición recuerda que dos años antes de expirar la contrato inicial, ya manifestó que, "dada la situación deficitaria del contrato, no estaba en condiciones de aceptar" las dos prórrogas de seis meses que se contemplaba, pese a lo cual tuvo que dar el servicio. Y tras terminar por completo la relación contractual, esta se ha prorrogado de forma forzosa.

Así, la concesionaria advierte que "la declaración de continuidad en la prestación del servicio, consecuencia directa de dicho retraso imputable exclusivamente a la administración, al hacerse en las mismas condiciones económicas y de prestación que fueron las que motivaron su rechazo a las posibles prórrogas por lo deficitario del contrato, está haciendo recaer los efectos perjudiciales de dicha declaración en el contratista que diligentemente preavisó a la administración de dicha circunstancia".

Y señala que "la nulidad de pleno derecho de la prórroga de un contrato administrativo una vez que su plazo de vigencia ha vencido es equiparable, conforme una consolidada jurisprudencia, al ejercicio del ius variandi de la administración en tanto que única responsable de esta situación, y por lo tanto genera un derecho del contratista a ser compensado por las consecuencias que le acarree su permanencia en la prestación del servicio impuesta por la administración dado que el principio de riesgo y ventura inherente a los contratos administrativos que el contratista asume con la formalización del contrato y que mi representada no cuestiona rige vigente el contrato y no una vez extinguido este, como es el caso".

Así, "en definitiva, mi representada no debió permanecer ni un día más en la prestación del servicio desde el día 30 de junio de 2020, máxime habiendo preavisado de que no estaba en condiciones de aceptar la prórroga contractualmente prevista con una antelación que permitía con creces al Ayuntamiento adoptar los acuerdos pertinentes para licitar de nuevo el contrato, y sin embargo mi representada se ha visto obligada a ello, razón por la cual debe permanecer indemne frente a las consecuencias de la irregular actuación administrativa".

Por todo ello, reclama al Consistorio 411.000 euros por los seis meses de servicio de 2020, que se suman a los 2,4 abonados en su día; 1 millón por 2021, que se suman a los 5 millones ya abonados; 1,3 millones por 2022, a sumar a los 5 millones ya pagados; y prevé provisionalmente que el coste total de 2023 ascienda a 6,6 millones, cerca de 1,6 millones más de lo previsto por el Ayuntamiento. Es decir, más de cuatro millones que no están contemplados en el presupuesto municipal de 2023, y que es probable que tengan que ser consignados por el futuro gobierno que salga de las elecciones del 28 de mayo.