Los servicios sociales de San Vicente mantienen una lista de espera de dos meses

San Vicente del Raspeig mantiene en dos meses la lista de espera para ser atendido en los servicios sociales. El año 2023 empezó con una lista de espera de 390 personas a la espera de obtener una cita y en las dos primeras semanas se logró disminuir hasta las 320 personas que aguardan para ser citadas según explica el jefe de los servicios sociales, Marino Martínez.

La capacidad máxima de atención a las personas que necesitan realizar un trámite en Bienestar Social del Ayuntamiento de San Vicente es de entre 50-60 días, según reconocen desde el área, que admiten que ha disminuido ligeramente respecto a los meses anteriores. Y a renglón seguido advierten de que las urgencias y los casos de violencia de género tienen una atención inmediata "aunque eso significa una tensión laboral muy grande", añade el jefe de los servicios sociales, Marino Martínez.

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Una tensión que los trabajadores hace meses que han evidenciado. Ya van quince las semanas en las que salen a protestar. Todos los viernes desde finales de octubre los trabajadores de los servicios sociales aprovechan la hora del almuerzo para salir a las puertas del Ayuntamiento para quejarse y dejar constancia de la precariedad en la que trabajan y de que ello afecta además a los ciudadanos a los que atienden. Exigen al consistorio que dé soluciones al colapso que viven a diario poniendo soluciones en forma de nuevos trabajadores y mayores espacios. Y han contado con el respaldo de los sindicatos municipales y también de colectivos y de particulares solidarizados.

"No vamos a parar hasta que esto se solucione", reconoce el jefe de los servicios sociales, "nos dicen que van a venir personas de otras bolsas pero a efectos reales por el momento no se han incorporado", añade.

Para tratar de mejorar la situación y agilizar en lo posible la incorporación de trabajadores, aunque de manera temporal, el ayuntamiento está firmando convenios de colaboración con ayuntamientos para compartir bolsas de trabajo. Cuenta con un acuerdo con Crevillent y ahora también con el Ayuntamiento de Mutxamel que han rubricado la alcaldesa en funciones, Asunción París y el primer edil mutxamelero, Sebastián Cañadas. Ambos reconocen la necesidad de realizar nombramientos temporales de personal interino por motivos de urgencia y necesidad. Al tener ambos bolsas de empleo, su objetivo es utilizarlas para cubrir su necesidades más urgentes.

El jefe de los servicios sociales asegura desconocer las bolsas que ahora mismo están disponibles y que se pueden compartir, y confía en que las de otras localidades puedan servir para mejorar su departamento. Aunque admite que, a corto plazo, no tienen esperanza de que lleguen los trabajadores que necesitan para cubrir sus necesidades.

La falta de personal está detrás de los problemas que desde hace meses evidencia el área de servicios sociales municipal. Y aunque está prevista la incorporación de 18 trabajadores, por el momento no se ha hecho efectiva. El Ayuntamiento firmó con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en noviembre de 2021 su adhesión al contrato-programa, un convenio de colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales para los ejercicios 2021-2024. El Ayuntamiento recibía por ello una subvención económica a cambio de la gestión en la contratación de profesionales para la prestación de los servicios sociales. Un proceso que se desarrolla muy lentamente.

A principios de año se han incorporado a Bienestar Social una auxiliar administrativa y dos trabajadores sociales nuevos; pero previamente se habían marchado a finales de 2022 otros tres trabajadores sociales. Y es especialmente importante el hecho de que por el momento no hay jefatura del departamento de Integración e Igualdad, ocupado hasta ahora por una psicóloga, y Martínez alerta que supone "otro retroceso, porque esto disminuye la atención a la víctima de violencia de género".

Sin Unidad de Conductas Adictivas

El Ayuntamiento no cuenta por el momento con el servicio de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), dependiente de la Concejalía de Bienestar Social y Educación. Al no estar licitado, el servicio estaba prorrogado y desde el departamento jurídico del Ayuntamiento se emitieron informes negativos a una quinta prórroga. Ahora se está trabajando para que se pueda reanudar contratando el servicio, pero ello supone meses de demora hasta que vuelva a ponerse en marcha, según reconocen desde la concejalía.

Esta desaparición ha provocado la protesta de los orientadores escolares de los seis colegios de San Vicente que han hecho un escrito de queja exponiendo lo ocurrido al Síndic de Greuges, Ángel Luna. Y el Defensor del Pueblo Valenciano, por su parte, le ha requerido al Ayuntamiento información para que explique qué ha ocurrido y en qué situación está la UPCCA y la atención a los menores en los servicios sociales.

El Síndic no es ajeno a los problemas de los servicios sociales de San Vicente puesto que abrió de oficio una queja nada más conocer las quejas de los empleados públicos; y recientemente le ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento por la gestión de este área municipal tan sensible.

Desde que los trabajadores de los servicios sociales airearon su situación laboral, en la mayoría de las sesiones plenarias, grupos de oposición preguntan por la situación de este área. En el pleno que está previsto celebrarse este miércoles 25 de enero, la concejal Lourdes Galiana del Partido Popular, preguntará al tripartito por el personal que hay actualmente en Bienestar Social y también el que había antes de acabar el año. E interpelará a los dirigentes municipales para saber cuándo está previsto incorporar a los 18 trabajadores.

Jubilación del jefe de servicio Marino Martínez

La formación también se hacen eco de la jubilación el próximo 17 de febrero del jefe del servicio de Bienestar Social, Marino Martínez, después de 42 años de trabajo en el Ayuntamiento. Y quieren saber si se ha previsto su sustitución. Los populares van a preguntar en este pleno cómo se va a cubrir el puesto que va a dejar; y si va a ser de forma inmediata. Y ello porque una de las críticas es el de la demora en cubrir los puestos vacantes en el Ayuntamiento.

A la vez, contra la "incapacidad" de resolver la contratación de personal también se ha manifestado la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento. La entidad califica de "extrema gravedad" que la contratación del personal necesario aún no se haya hecho. "Por el incumplimiento de ese convenio del contrato programa deberá ser devuelto sin haber llegado a cubrir las necesidades sociales urgentes de las personas más vulnerables de la localidad", denuncian. 

Advierten de que el departamento de Servicios Sociales y Educación es un servicio esencial que tiene que garantizar la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. "Y la Ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes, como San Vicente, a hacerse competentes y responsables de la suficiencia financiera y de recursos humanos para garantizar esas prestaciones sociales", recuerdan.

Tirón de orejas del Síndic a San Vicente por la gestión de los servicios sociales

Advierten de que el Ayuntamiento no ha seguido las indicaciones del Síndic de Greuges que le ha pedido realizar un plan de choque para paliar las necesidades de los servicios sociales y sentencian que, "si no se resuelve, la ciudadanía va a sufrir las consecuencias".