Villar defiende las prórrogas del servicio de limpieza y advierte que la alternativa era no recoger la basura en San Vicente

Las prórrogas del contrato de limpieza y recogida de la basura pueden costarle a San Vicente del Raspeig 4 millones de euros. Es el montante que reclama la mercantil PreZero por tener que desarrollar el servicio de forma forzosa una vez que finalizó el contrato hace ya dos años. En el pleno celebrado este miércoles ha ratificado el decreto de alcaldía por el que se ordena la preparación del expediente para su remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que el pasado 9 de enero requirió al Ayuntamiento a que aportara en 20 días la documentación de esta contrata, tras presentar la empresa un contencioso administrativo.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, que ha presidido el pleno municipal de enero, aunque seguirá de baja mientras se recupera de una dolencia, ha salido al paso a las críticas y advierte de que las prórrogas que ha firmado el equipo de gobierno (PSOE-EU y Podemos) del contrato de limpieza eran necesarias puesto que se trata de "un servicio esencial y necesario” para la ciudadanía y recuerda que “ya se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego”. Y de forma tajante advierte de que “la alternativa era no recoger la basura y que no se limpien las calles, algo que, por supuesto, no voy a permitir como alcalde de la ciudad”, ha agregado.

“La decisión de prorrogar de manera forzosa la prestación fue por responsabilidad con el municipio. Somos conscientes de que la situación no es la deseada por todos, pero tenemos que seguir tratando de optimizarlo, y por ello seguimos trabajando junto con los técnicos para avanzar en la redacción del nuevo pliego”, ha sostenido. 

Del mismo modo, Villar ha destacado que los 4 millones de euros que la empresa pretende reclamar al Ayuntamiento por dichas prórrogas obedece a una “estimación” de la empresa y que esta situación “se tendrá que resolver por otros cauces”. Además, subraya que la decisión de no ampliar el importe económico del contrato actual, como reclamaba la empresa, “es una decisión puramente de los técnicos responsables”.

Durante el turno de intervenciones en el pleno, el concejal de Compromís, Ramon Leyda, defendió su voto de abstención remarcando que los ciudadanos son ajenos a los problemas que pueda tener el contrato de la basura "lo que quieren es que el municipio esté limpio, que la frecuencia sea adecuada y no pasen dos semanas sin limpiar y que no haya contenedores en mal estado. Quieren resultados".

La edil del PP, Lourdes Galiana, advertía que el someter a prórrogas forzosas un contrato "supone un aprovechamiento injusto y el ayuntamiento va a tener que resarcir a la empresa" a la vez que recriminaba el que el Ayuntamiento no haya contestado los recursos de reposición presentados por la empresa que se ha amparado en el silencio administrativo para acudir a los tribunales.

Mientras que el grupo Ciudadanos, el portavoz Jordi Roig lamentaba la gestión municipal que ha permitido que San Vicente desarrolle ya cuatro prórrogas forzosas del contrato de la basura y la limpieza. "Les advertimos de que este contrato que se prorrogaba de forma temeraria iba a tener consecuencia, tanto por el servicio como a nivel económico. El servicio deja mucho que desear, 12 años después es ineficiente y la empresa ya avisó de que no quería seguir y era lógico que las prórrogas no iban a salir gratis".

El punto ha salido adelante con los 13 votos a favor del equipo de gobierno y 11 abstenciones de Compromís, PP, Cs y Vox.

Villar defiende al equipo de gobierno y advierte que "es el primer interesado en que el contrato se hubiera hecho nuevo y se hubiera adjudicado para no caer en las actuales prórrogas, y así poder contar con una prestación adaptada a las necesidades de San Vicente", y defiende a la empresa que "está haciendo un esfuerzo por cumplir con el servicio y, no menos importante, es necesario recalcar que también es imprescindible la colaboración ciudadana”.

Asimismo, Villar ha remarcado que el nuevo pliego podría estar ya en fase de adjudicación de no ser por la paralización judicial que sufrió en 2021 después de que los tribunales aceptaran los recursos presentados por las empresas excluidas para optar al servicio, un escenario que fue recibido como “un mazazo”, puesto que “rompía” los plazos para tener listo este año el nuevo contrato.

"No eludimos nuestra responsabilidad"

“No eludimos nuestra responsabilidad, y por ello decidimos prorrogar el servicio. Gestionar implica a veces tomar decisiones que no nos gustan pero que son necesarias pensando en el interés general de San Vicente”, añade el primer edil. Por último, Villar se ha referido al supuesto “plan de choque” en materia de limpieza anunciado por el PP, algo que ha calificado de “engaño” hacia la ciudadanía, ya que “el actual contrato no se puede ampliar ni se puede contratar un servicio que ya esté reflejado en el pliego de condiciones, aunque sea para reforzar una tarea, porque ya lo habríamos hecho nosotros”. 

Por otro lado, todos los partidos excepto Vox han votaado a favor de la adhesión del Ayuntamiento al Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo es establecer medidas antifraude en la gestión municipal fondos o recursos públicos, sea cual sea su origen.

La norma que pretende la integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades locales (actualizada Ley del 19/2013, de 9 de diciembre y en base a la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la CV, modificada por la Ley 1/2022 de 13 de abril), a través de la incorporación de las estrategias de actuación para conseguir una democracia real y efectiva a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto; la definición de las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local; el refuerzo de los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas y, por último, la delimitación de las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y administración.

La concejal de Presidencia, Asunción París, ha señalado que “tras la aprobación del Plan Antifraude Municipal, uno de los requisitos es sacar adelante este Plan de Buen Gobierno, por lo que nos adherimos al de la FEMP, pues va dirigido específicamente a los municipios”. 

El objetivo de esta iniciativa es seguir dando pasos para reforzar la calidad democrática del Ayuntamiento de San Vicente, al servicio del ciudadano, que se inició con la firma del Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y, posteriormente, con la aprobación del Plan Antifraude y de Integridad Pública (Decreto nº 6256/2022 de 20 de diciembre), en el marco del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere al buen uso de los fondos europeos, la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses de los fondos europeos contemplados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Medidas de prevención del fraude

El Plan Antifraude recoge entre las medidas de prevención de fraude, la adopción de una declaración política, que fue aprobada por el pleno como Declaración Institucional en sesión de 29 de junio de 2022 y la aprobación de un código de Conducta y de principios éticos que deberán cumplir todos los empleados y cargos públicos estableciendo el comportamiento esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar lugar a fraude cuyos principios se basan en una serie de compromisos de conducta. 

El Código de Buen Gobierno es de aplicación a los miembros del equipo de gobierno, a los concejales de la corporación y a los miembros de los órganos de gobierno de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales locales, sociedades anónimas y fundaciones de naturaleza local. De la misma manera afecta al personal que desempeñe funciones al servicio de la administración local y a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.