El Campello paga más de 130 facturas bloqueadas por los contratos menores

El Ayuntamiento de El Campello ha conseguido reducir en un 30% el periodo de pago de facturas en un semestre, aunque sigue siendo casi el doble del máximo permitido. Así, el Consistorio recupera poco a poco la normalidad en este sentido, después de que además el Gobierno central reclamara a finales del pasado año que tomara medidas para acortar estos plazos. Además, el ejecutivo ha terminado recientemente de abonar más de 130 facturas que quedaban pendientes de la concejalía de Servicios. Unos gastos que dejó Cs por liquidar cuando fue expulsado del ejecutivo municipal, debido a que estaban sin pagar por el bloqueo de los contratos menores por la falta de fiscalización previa.

El departamento de Hacienda que dirige la concejal Lourdes Llopis (PP), ha informado este jueves que la agilidad que se está imprimiendo a la gestión ha permitido rebajar el periodo medio de pago de facturas, que ahora se sitúa en los 54 días en el último trimestre de 2022, frente a los 77,25 días del segundo trimestre de 2022 y los 68,26 días alcanzados en el tercer trimestre. El máximo está fijado en 30 días.

El Gobierno central insta a El Campello a adoptar medidas para cumplir con los plazos del pago a proveedores

Ese se traduce en una rebaja del 30%, que sin embargo la edil considera insuficiente. Las medidas correctoras "están surtiendo efecto", rebajándose los indicadores hasta llegar a ese plazo máximo de días para liquidar las deudas contraídas, pero el objetivo sigue siendo llegar, “cuanto antes”, a unos plazos de pago razonables para cualquier entidad pública, “porque eso es lo que reclaman los proveedores de bienes y servicios con todo su derecho”, han apuntado desde el Ayuntamiento.

Y en esto ha sido clave el desbloqueo de más de 130 facturas que dejó pendientes la concejalía de Obras y Servicios por importe de 124.000 euros, y que en su gran mayor parte correspondían a actuaciones en el primer semestre de 2022, según las fuentes consultadas por INFORMACIÓN.

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Y es que a principios de 2022 salió a la luz la polémica que funcionarios mantenían con el Consistorio, al hacer recaer la legalidad de los contratos menores en los empleados públicos de cada concejalía sin que hubiera supervisión previa de los departamentos de Intervención, Contratación y Secretaría. Un bloqueo en estos contratos que el ejecutivo ha logrado sortear, en parte a cambios en la jefatura de Servicios. La salida de Cs del equipo de gobierno, expulsado por el PP en junio, también ha acabado con la fractura que existía en la gestión municipal.

Demoras

El Gobierno central instó el pasado diciembre a El Campello a adoptar medidas para cumplir con los plazos del pago a proveedores, denunciando EU la falta de planificación del Ayuntamiento, al alcanzar de media los 68 días para los abonos, más del doble del máximo. Los populares ya entonces alegaron que las facturas que dejó Cs sin abonar provocaban que el plazo de pago a proveedores estuviera tan elevado, mientras que los naranjas respondieron que era consecuencia de la gestión del PP.

El Ministerio de Hacienda remitió al Ayuntamiento un escrito en el que reiteraba "la necesidad de que adopten medidas correctoras" para "garantizar el cumplimento de la normativa vigente" y "evitar posibles actuaciones sancionadoras".

El Gobierno central ponía de manifiesto que "se ha comprobado por esta Dirección General" que el Ayuntamiento "ha incumplido el plazo legalmente establecido para el pago a proveedores del tercer trimestre de 2022. Del análisis de la información económico-presupuestaria remitida por esa entidad local, cabe concluir que no existen dificultades económicas que puedan llevar al incumplimiento del plazo legal de pago a proveedores, por lo que ha de entenderse que se trata de posibles problemas de gestión y, por ello, se insta a la corporación local a que apruebe medidas estructurales de organización y gestión administrativa que garanticen el cumplimiento del PMP actualizado".

Por ello "se propone que se aprueben medidas orientadas a evitar demoras en los plazos de conformidad y aprobación de las facturas, mejoras en los procedimientos de contratación y a mantener un correcto plan de tesorería que evite desfases de liquidez entre cobros y pagos, en los términos que dispone el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)".