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Antifraude investiga a Sant Joan por expedientes en sanidad y mantenimiento

El gobierno local del PP ha remitido toda la documentación dentro del plazo a la Agencia Valenciana

Calle principal de Sant Joan

Calle principal de Sant Joan / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant sobre expedientes en las áreas de Mantenimiento y Sanidad.

El organismo de prevención e investigación ha recibido una alerta, según puso sobre la mesa en el último pleno la portavoz del PSOE, Esther Donate. La edil socialista añadió que Antifraude había abierto entonces un proceso con un requerimiento de información de expedientes de mantenimiento y sanidad y preguntó al alcalde si podía dar más información sobre esta cuestión.

El primer edil del PP, Santiago Román, contestó que la entidad había dado diez días al Ayuntamiento para remitir dichos expedientes "y así se ha hecho, dentro de los plazos".

Román no ha querido hacer declaraciones a este diario porque ha recordado que se trata de un proceso confidencial, como así lo trasladó Antifraude.

El organismo, en el escrito enviado, incide en que con la documentación se debe asegurar dicha confidencialidad para evitar perjuicios a la persona o entidad investigada y como salvaguarda del procedimiento que se pueda iniciar.

La Agencia, de hecho, a preguntas de este diario se ha mantenido en la misma línea de no comentar ni valorar "investigaciones en marcha".

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana se encuentra adscrita a las Cortes Valencianas. Se configura como entidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Deterioro

Es un instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, con capacidad para proteger a las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las administraciones e instituciones públicas valencianas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía.

Uno de los últimos casos que investiga en la provincia es al Ayuntamiento de Benidorm por el pago de horas «extra» a un agente de la Policía Local de la ciudad durante los años 2019 a 2020. El policía es además el marido de la concejala de Urbanismo y portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles.

Durante el proceso, que surge de la denuncia de un ciudadano anónimo, el órgano autonómico ha reclamado al consistorio la documentación relacionada con todo este asunto. Fuentes municipales confirmaron que ya se ha remitido la documentación solicitada.

Otro de los casos que lleva es una denuncia sobre el uso y gestión del programa bono consumo de las ediciones 2022 y 2023. El expediente se abrió hace unos meses e incluye a algunos ayuntamientos que participaron y a la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme).

Hasta la fecha, se ha solicitado que presenten la documentación y justificantes de las ayudas económicas. El programa es una iniciativa promovida por la Diputación de Alicante tras la pandemia para incentivar el consumo en los pequeños comercios de las diferentes localidades, las cuales se debían adherir o solicitar estar incluidas en el programa anual. El presupuesto corría a medias entre ambas instituciones.

Uno de los ayuntamientos que remitió la documentación hace dos meses es precisamente el de Sant Joan, que siguió este proceso, según confirmó entonces el gobierno municipal.

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