El tasazo de la basura en Mutxamel: sube más en el casco urbano que en las urbanizaciones

El equipo de gobierno del PP de Mutxamel lleva este jueves al pleno la modificación de la ordenanza fiscal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, conocido popularmente como el tasazo y que han venido aprobando decenas de municipios en los últimos meses.

El cambio en la ordenanza de la basura se produce para cumplir con la normativa de la Unión Europea y con la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entra en vigor este mismo año.

La ley indica que dicha tasa no puede ser deficitaria, por lo que las administraciones locales deberán repercutir a los ciudadanos el coste íntegro de sus servicios de recogida y tratamiento de residuos. Con ello, se busca que los ciudadanos incrementen la separación de su basura doméstica, lo que permitiría reducir el coste del servicio y, en consecuencia, del recibo. 

Incrementos descomunales

Al final, lo que se preguntan los ciudadanos es cuánto les va a subir el recibo, tal y como están interpretando la ley mayoría de ayuntamientos de la provincia al aplicar incrementos descomunales, como es el caso de Alicante, que pagará hasta tres veces más, o San Vicente y El Campello, que duplican el coste.

En el caso de Mutxamel, el PP lleva al pleno una subida de en torno a los 40 euros para las viviendas del casco urbano y de entre 20 y 30 euros para las urbanizaciones y diseminados. En la actualidad, los primeros están pagando 60 euros y los segundos unos 105 euros, explican fuentes municipales.

Se mantienen las bonificaciones a familias numerosas, monoparentales y personas en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento, además, no repercutirá el 100% del coste del servicio en los vecinos, ya que asume una parte a través de iniciativas como la compostera.

Esto es lo que pagarán los vecinos de Alicante con la nueva tasa de basura en 2025

La propuesta de modificación de la ordenanza que se eleva al pleno es la aprobación inicial, a partir de la cual se abrirá un periodo de alegaciones, tras el cual el PP volverá a llevar el texto al pleno para su aprobación definitiva.

Apoyos

Los populares tendrán que hilar fino porque gobiernan en minoría, de modo que precisan el apoyo o abstención de la oposición para poder sacar adelante la ordenanza, primero la inicial y después la definitiva.

Por otra parte, el pleno aprobará una declaración institucional conjunta de todos los grupos municipales -PP, PSOE, Vox, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida- en la que solicita al Gobierno central respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos.

El texto incide en que se permita a las entidades locales poder aliviar la carga fiscal a los ciudadanos, "como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal". 

En la simbólica declaración institucional, los grupos muestran su "profundo rechazo a la obligación" de establecer una tasa de residuos por las entidades locales, "teniendo que repercutir el coste íntegro" de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos a partir de abril.

Libertad

Los partidos consideran que la implantación "obligada" de esta tasa supone "un ataque contra la autonomía municipal" al impedir que los ayuntamientos y entidades locales tengan libertad para elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio.

La declaración recuerda que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local es la que determina que son los municipios o en su defecto las entidades locales las que deben establecer sus propios tributos.

"Sin embargo, la imposición de esta normativa a los ayuntamientos supone una clara invasión" de sus competencias locales. Por otra parte, las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando "una gran incertidumbre e inseguridad jurídica" en los ayuntamientos por la "indefinición y falta de rigor técnico" en la redacción de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.